Don Cándido, la toga manchada y el banquillo

A Conde-Pumpido le queda poco mas de año y medio para la jubilación, pero puede que aún le quede menos para una situación que a primera vista parece un delirio, pero que puede convertirse en algo tan real como algunos de estos casos «únicos» que esta propiciando el sanchismo: que un presidente del Tribunal acabe por ser el investigado por violar las leyes que más que nadie está obligado a defender pero también a respetar como todos.

Es moneda común y contrastada certeza que don Cándido, que de tal no tiene nada, y quienes junto a él fueron incorporados al Tribunal por el designio del presidente del gobierno, lo fueron para que declararan constitucionales todo tipo de enjuagues, leyes a la carta y pagos en especies que por lo que se caracterizan es por hacer saltar en pedazos letra y espíritu de la Carta Magna. Es ya más que una evidencia y un hecho consumado y repetido como pauta de conducta. Y el temor creciente es que sigan por esa trocha hasta dinamitarla por entero. Razón solo hay una: la compra de los votos separatistas para que Sánchez pueda seguir en Moncloa.

En ese camino el sanchismo ha ido arrasando como una dana todos lo diques democráticos y la inundación está sepultando bajo el barro todo aquello que se le resiste. Pero el Poder Judicial, aunque rodeado, es una isla que aún aguanta. Y aquí es donde ha entrado en liza lo que el encaudillado presidente ha entendido como su arma letal y definitiva para desguazar nuestro Estado de derecho. Convertir al Constitucional en una instancia por encima de la que judicialmente y en verdad es la ultima, el Tribunal Supremo, suplantando sus funciones.

Una usurpación con todas las letras. El Constitucional no es un órgano jurisdiccional, no es parte del Poder Judicial, su misión no es considerar los hechos, darlos por probados y dictar las sentencia. No. Lo suyo se circunscribe a determinar si lo dictado es acorde con la Constitución y si se han respetado los derechos de las personas afectadas.

Pero a eso es cada vez menos a lo que se dedica y más, y en ocasiones pareciera que de manera exclusiva, a rebuscar y retorcer los preceptos para convertirlos en lo contrario de lo que expresan y para lo que fueron establecidos. El caso más flagrante, hasta el momento, ha sido la absolución de los condenados por el caso de los ERE donde se han ciscado en la sentencia de la Audiencia de Sevilla y en la casación del Supremo. Se han atribuido, por las bravas, ser ellos una superior instancia de casación de las sentencias y han llevado desde la cárcel a los altares a quienes propiciaron la mayor malversación de fondos de toda la historia.

Todo indica, además, y a nadie le cabe ya duda que ello será el prólogo, que esto mismo van a aplicar en breve a la sentencia del Supremo de no considerar amnistiable la malversación continuada de los dirigentes separatistas catalanes. Y todavía aún pueden dar al respecto otro paso más, amnistiar a la dilecta escudera de Puigdemont, Laura Borràs condenada por corrupción mera y dura.

Esa es la hoja de ruta de Pumpido, con su adelantada Montalbán, con la bandera y la sigla por delante, que va a imponer la mayoría sanchista en el Tribunal Constitucional. Sentenciarán lo que el líder supremo indique. Porque él lo necesita para seguir en su colchón de Moncloa, así lo quiere y ellos, para eso han sido allí puestos, son quienes pueden hacerlo.

Pero a lo mejor no pueden y a lo peor las togas manchadas, la expresión es del propio Cándido, donde pueden acabar es en el banquillo. Los jueces, los de veras, ya lo han comenzado a señalar. Nadie está por encima ni exentos de la obligación de cumplir las leyes. Los miembros del Constitucional, por mucho blindaje que tengan, y lo tienen, tampoco. Violarlas en este caso puede ser prevaricación, que es algo muy duro y serio, dictar sentencia injusta y a sabiendas, pero puede ser también extralimitación de funciones. Esto es atribuirse y usurpar competencia que no les corresponde y suplantar al Poder Judicial y a su máximo y decisivo referente, el Tribunal Supremo.

La guerra ya ha comenzado. Y esa ha sido ya la primera y potente andana lanzada por los cinco jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla en que señalan, para acudir, elevando una petición de dictamen previo, a la justicia europea, si lo dictaminando por el Constitucional pudiera «no ser del todo compatible con el Derecho de la UE» o sea que no es legal y si punible el permitir la malversación de fondos. O sea, que eso es bendecir el robo de dineros. La segunda tampoco es floja y la consulta pide que se dictamine por parte del TSJUE si ha podido existir «extralimitación en la función de control que les corresponde, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales». Cosa, que aunque lo pretendan, no son ellos.

La reacción pumpidiana ha sido muy significativa. El nerviosismo ha lindado la histeria y la pretensión de intentar impedir que los jueces españoles puedan acudir, en este caso de manera consultiva a la Justicia Europea, ha descubierto el miedo que ha comenzado a anidar en ellos. Negar al los Tribunales Europeos su derecho a intervenir puede tener consecuencias aún más graves todavía que el violar el derecho de los jueces españoles a acudir a ella. Y las consecuencias pueden ser imprevisibles y pasar de posibles a probables, si don Cándido y sus compañeros de toga y sigla siguen por esta trocha que cada vez empieza a ser más peligrosa para ellos.

Tras la Audiencia de Sevilla, que ha obtenido un perceptible respaldo del conjunto de la judicatura, irá el Supremo si se pretende descalificar su sentencia sobre la amnistía y si, como aperitivo a todo ello se contesta con un descabellado intento de veto a la intervención del TSJUE, cuya competencia y prevalencia han sido establecida en decenas de sentencias, esto puede acabar para los autores de estos desafueros como aquel famoso rosario de la aurora.

Vamos, ya no que sean otra vez los primeros en protagonizar un nuevo e inaudito desafuero de los que nos estamos acostumbrando a desayunarnos cada día, sino que, tras haber visto al fiscal general del Estado imputado y con cada vez más papeletas de acabar procesado, veamos a Conde-Pumpido, y a quienes le flanquean al servicio del sanchismo, que también deberían ir tentándose la ropa, camino del banquillo.