La igualdad según los progres
Demolida toda la arquitectura legal, malbaratado el Código Penal, capitulada la dignidad del Estado negociando con un forajido y blanqueado a los herederos de una banda terrorista que asesinó a españoles inocentes para imponer su sanguinaria ideología, ha decidido romper la caja común
Nos dijeron durante la transición que el Estado español sería más moderno en tanto en cuanto se descentralizara. Es decir, siempre que el Gobierno central -entonces empezamos a llamarlo así- perdiera poder para que una parte de los impuestos y de las competencias las gestionaran las Comunidades, como Administraciones más cercanas al ciudadano, nuestra vida mejoraría. Eso sí -nos tranquilizaron- el Estado siempre tendría el control, la legislación básica en educación y sanidad, la Defensa, la Política Exterior y la caja única, tanto fiscal como la de la Seguridad Social.
Así hemos ido descentralizando España hasta niveles que envidiarían estados federales como Norteamérica o Alemania. Tanto PP como PSOE fueron cediendo atribuciones hasta traspasar, en tiempo de Zapatero, el 50 por ciento de los impuestos. A lo largo de ese viaje cuasifederal, se fue comprobando cómo el Estado se había troceado en exceso, dejando asuntos delicados en manos de declarados enemigos del país: así ha ocurrido en Cataluña y en el País Vasco. Y la desmembración colapsó el buen hacer del sistema, no solo por gobiernos separatistas, sino cuando llegaron episodios que hubieran requerido una mejor coordinación y lealtad: cómo olvidar el disloque competencial que demostró el Estado cuando la pandemia obligó a compras de material sanitario, poniéndolo en un brete para el que no estaba preparado por falta de experiencia. Por no hablar del desastre en materia educativa, donde se han entregado las armas pedagógicas nacionales a dogmáticos y sectarios.
A trancas y barrancas estamos apurando los últimos meses del primer cuarto del siglo XXI. Para desgracia de España, su presente y futuro está en este delicado momento a disposición de un presidente sin más códigos éticos que los que ya verbalizó en el Congreso: hacer de la necesidad, virtud. Virtud no hay, pero la necesidad es inalterable: permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones y, para conjurar ese paupérrimo apoyo social, resignar todos los principios sobre el que basamos la construcción de este Estado moderno que es España.
Una vez demolida toda la arquitectura legal, malbaratado el Código Penal, capitulada la dignidad del Estado negociando con un forajido y blanqueado a los herederos de una banda terrorista que asesinó a españoles inocentes para imponer su sanguinaria ideología, ha decidido romper la caja común y destrozar la solidaridad entre españoles. Ayer parte de la Seguridad Social a los nacionalistas vascos -eso sí, seguiremos contribuyendo para pagar sus pensiones, incluida la de Otegi- y anteayer a Cataluña sacándola del régimen común. Es mentira que sea generalizable este disruptivo modelo, porque hay muchos territorios que son receptores de ayuda y no contribuyentes natos. Por tanto, es imposible que esas regiones puedan salir del sistema porque no tienen recursos propios, sino que salen adelante -como no podía ser menos- con el dinero que aportamos el resto de españoles.
Además, este engendro legal de María Jesús Montero -a ver cómo explica esto en Jaén o Huelva cuando haga campaña el año que viene- incluye una cláusula antiAyuso, que quiere limitar la soberanía fiscal de Madrid porque dice que, al bajar impuestos, hace competencia desleal a otras Comunidades. Es decir, intenta boicotear la autonomía madrileña y, sin embargo, otorga la autodeterminación fiscal a Cataluña, que hoy gobierna el socialista Illa, pero que mañana podría gestionar Junqueras o Puigdemont. Este cupo fiscal, que imita al del País Vasco y Navarra, estos sí consagrados por la Constitución, aunque muy discutibles también, es el que pretendió Artur Mas cuando visitó en junio de 2012 a Rajoy. Entonces, el presidente popular negó esa cesión y la consecuencia directa fue lanzar el procés. Desde entonces, los separatistas han buscado denodadamente tener unas estructuras fiscales independientes que facilitaran una futura «republiqueta». En ello estaban en 2017 Junqueras y sus colaboradores en la Consejería de Economía cuando, en la operación Anubis, la Guardia Civil, en tanto que policía judicial, entró en esas dependencias para frenar el golpe. Recordemos todos cómo un coche de la Benemérita fue destrozado a las puertas de este departamento por parte de ANV y Omnium Cultural. Precisamente lo que encontraron allí las fuerzas de seguridad fue documentos y correos destinados a montar una Agencia Tributaria propia. Ahora ya la tienen.
Es decir, cuando lo vuelvan a intentar tendrán un terreno conquistado. Gobernadores de su propia Hacienda, no podrán ser juzgados por sedición o rebelión porque habrá ya una ley de amnistía que los dotará de impunidad y, por si fuera poco, el Código Penal ya no penará la malversación. Si no lo vuelven a intentar, es que són ximples. Sánchez se lo ha puesto en bandeja. Y con él, todos nosotros, contra los que el líder socialista actúa tan solo para conseguir, rodeado de corrupción familiar y política y bordeando el Código Penal, otros dos años más en Moncloa. Ah y otra mentira más: quien decide el reparto de recursos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el Gobierno. Basta con que le apoye una Comunidad autónoma para que salga adelante. Por tanto, esta ruptura será aprobada. No lo duden. Porque si no Sánchez tendrá que hacer las maletas y no precisamente para ir a La Mareta.
Por tanto, ni generalizable ni difícilmente implementable. Y ahora los que se dicen progresistas, obreros, de izquierda, y solidarios que voten a Sánchez. La igualdad, según los progres.
