Acción directa

El boicot violento del final de la Vuelta ciclista a España puede ser considerado como un ejercicio de acción directa. Es el modo de acción política de los movimientos hostiles a la democracia liberal, como el comunismo y el fascismo. Renuncian a convencer mediante los mecanismos parlamentarios e imponen directamente y de manera violeta sus reivindicaciones. Si el fin puede en ocasiones ser justo, los medios violentos lo deslegitiman. Una huelga general es un caso típico de acción directa. Los manifestantes no apelan a la razón ni tratan de convencer. Por ejemplo, no instaron al Gobierno a que suspendiera la Vuelta. La justicia, mejor, lo que a uno le parece justo, no se discute; se impone.

Se trató de un acto ilegal, violento e injusto. Agredieron e hirieron a miembros de las Fuerzas de Seguridad, violaron los derechos de muchos ciudadanos, entre ellos, los ciclistas y sus equipos, los aficionados y las empresas patrocinadoras. No perjudica solo a los destinatarios de la protesta, al Gobierno israelí, sino a todos los ciudadanos de Israel, muchos de los cuales están en contra de los medios brutales empleados en la guerra contra la población civil. En su arrogante sentimiento de superioridad, califican los hechos como «genocidio». Quizá sea así, pero el genocidio es un delito y su calificación y eventual condena corresponde a los tribunales de Justicia y no a los partidos políticos, los parlamentos, la Organización de Naciones Unidas ni a un grupo de alborotadores. Por lo demás, la cuestión no es jurídicamente muy sencilla. Al genocidio le es inherente la intención de exterminar a un pueblo o una nación. ¿Serían genocidio los bombardeos de Dresde o de Hiroshima y Nagasaki? No todo crimen de guerra constituye genocidio. Pero ellos lo han decidido y no hay más que hablar.

En cualquier caso, la acción directa, sea más o menos justa la reivindicación que persiga, es siempre un procedimiento injusto e ilegal contrario a la democracia y a la libertad. Solo podría acaso justificarse allí donde no hay democracia ni libertad. Se trata de una agresión al principio del imperio de la ley y del Estado de derecho. Por eso lo que sorprende (y puede que el verbo exacto no sea ese) es la actitud del presidente del Gobierno y de todo el Consejo de ministros. Lo cierto es que el Gobierno ha aplaudido y jaleado una acción violenta, injusta e ilegal. La Policía intentó impedir el atropello y el Gobierno se pone de parte de «la calle». Este Gobierno parece querer aunar la moqueta con las barricadas. No parece aventurado sospechar que no haya hecho todo lo posible para que la Vuelta no fuera boicoteada.

Y me resulta inquietante que muchos comentaristas, incluidos los conservadores y liberales, de la derecha vamos, estimen que el episodio haya beneficiado a la imagen del Gobierno. Y me inquieta aún más que puedan tener razón. Esto indicaría la anomalía jurídica y moral de la mayoría de la opinión pública española. El Gobierno vive instalado en una «política de la duración». Lo importante no es la justicia ni el bien común. Lo que importa es durar en el poder. El éxito consiste en mantenerse en él a toda costa. Al precio que sea. La inmoralidad es el método (si es que acaso no es también el fin) y la virtud, un estorbo. Como también lo es la propia democracia liberal. Con lo fácil que sería perpetuarse en el poder sin ella. No es extraño que sientan tanta atracción por la acción directa. Siempre que la ejerzan ellos, claro, y no sus parientes, los fascistas. ¿Será por eso por lo que el presidente del Gobierno no contesta las preguntas en las sesiones de control parlamentario? Se diría que argumentar es de débiles, de gente sin convicciones. Supongo que los talibanes tiemblan en Afganistán ante la respuesta del Gobierno español y su «calle». El Gobierno ha defendido una acción que carece de todo amparo legal y constitucional, una acción fuera de la ley, contra la ley.