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DivisaderoAntonio Pérez Henares

El frenesí del general fiscal 'Alvarone'

Las acciones aquellos días de frenesí de don 'Alvarone' son desde luego, y a todas luces merecedoras de reproche y condena ética. El que alcancen también a ser consideradas punibles judicialmente y acarreen penas es algo que habrán de decidir quienes deben: los jueces

El juicio contra el fiscal general del Estado ya se ha celebrado y quedó visto para sentencia. En ello, en dictarla, es en lo que están ahora los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una sentencia que tiene al país en vilo por su trascendencia en todos los ámbitos y sentidos y que muchos consideran determinante para el futuro de nuestro propio sistema democrático.

Va a ser, estará ya siendo una tarea ardua, dificilísima y compleja en la que habrá que hacer un gran esfuerzo ya no solo por desbrozar jurídicamente el asunto y sentenciar a tenor de lo que dictan las leyes, sino por las presiones y tensiones que envuelven todo el caso y que se derraman de continuo sobre sus cabezas. Por parte encima y de la manera más obscena por quien debiera guardar el más escrupuloso respeto: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, del Poder Ejecutivo, quien en clara intromisión en las funciones del Poder Judicial y arropado por sus corifeos ministeriales y sus bandadas de papagayos mediáticos, pronunció, urbi et orbe, la suya. Inocente, claro. ¿Qué iba a decir si el procesado es alguien a quien considera, lo dijo él mismo, dependiente de su cargo y persona? O sea, alguien a sus órdenes. ¿O es que quizás fue él quien también dio esa que llevó a Alvarito, a entrar en aquel estado de frenesí en aquellos días 13 y 14 del mes de marzo del año pasado?

Porque lo de García Ortiz fue frenético y en ello se empeñó personalmente desde el inicio hasta la conclusión, como resumió el teniente coronel de la UCO en el juicio y hay pruebas palpables de ellos. Él tomó el mando, convocó a sus subordinados, exigió los documentos, dio las órdenes y hasta dictó el comunicado a la jefa de prensa como culminación de lo que ahora le ha llevado al banquillo.

De estos días pasados de juicio es ello lo que al cabo ha aparecido negro sobre blanco y con las más evidentes pruebas. La exigencia de máxima urgencia del documento que quería hacer público de inmediato, aunque no fuera legítimo, sino ilegal el hacerlo. Y que se hizo. Porque el documento fue filtrado. El saco terrero tras el cual se cobija es que él no ha sido. ¿Y quién si no? Porque fue él quien lo solicitó, sacando al fiscal de un partido de fútbol, fue quien intentó que la fiscal Macarena Lastra participara en el operativo. Fue él mismo quien, al ser interpelado por esta a la mañana siguiente, tras haber sido hecho público por la SER, «¡Lo habéis filtrado!», ni se molestó en negarlo, contestando tan solo: «Eso ahora ya no importa». Y fue él, fiscal general del Estado quien asumió también el rol de redactor jefe para ponerle la guinda al pastel que había preparado, emplatado y servido para crear la nota con todos los datos que tenía el deber de custodiar y que quería dar a conocer a toda costa ya no por la identidad de la persona implicada, a la que no conoce por su nombre nadie, sino por quien era su novia, Isabel Díaz Ayuso. Y ha sido esto lo que en las testificales del juicio sí ha aparecido lo que en la jerga se denomina «pistola humeante».

No humea, pero casi, el hecho de que la filtración nocturna llegara también a la Presidencia del Gobierno, al palacio de la Moncloa y, al cabo, a las manos de Pilar Sánchez Acero, una fontanera de postín. Esta lo remitió al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que por olerse la tostada y entender que podía incurrir en delito al exhibirlo exigió y esperó a que le mandaran otro ya sí publicado en un medio 'amigo'. Lobato perdió por ello el cargo y Sánchez Acera se quedó amnésica en lo que a ese exacto punto y momento se refiere. Para todo lo demás anda perfecta de memoria. Esta epidemia, muy extendida en las declaraciones, se une y comparte con otra, que sufre también el señor FGE, de desapariciones y borrados de teléfonos justamente el mismo día en que fue imputado, que ya es mala suerte y que le impiden probar su inocencia.

Son esos dos días de autos, ese frenesí y asunción tal del mando y el operativo los que suman un potente cúmulo de indicios concurrentes, coincidentes y excluyentes de cualquier otro posible «ordenante» que pueden concluir en ser considerados prueba fehaciente y decisiva.

Porque en este juicio, desde luego, ha quedado muy claro que 'Alvarone' y su tropa hicieron cosas muy feas y muy sucias en aquellos días de autos. Y las siguieron haciendo hasta el último día y hasta en la propia sala del juicio, con claques convocados persistentemente por su segundo al mando, Villafañe, montando pasillos aplaudidores al jefe o burlándose e insultando a los testigos. Al teniente coronel de la UCO llegaron a llamarle, y se escuchó claramente, «hijo de puta». Más y mucho peor que una falta de decoro y de respeto al lugar y a lo que significa y que destapa la concepción que tienen de la Justicia.

Las acciones aquellos días de frenesí de don 'Alvarone' son desde luego, y a todas luces merecedoras de reproche y condena ética. El que alcancen también a ser consideradas punibles judicialmente y acarreen penas es algo que habrán de decidir quienes deben: los jueces.

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