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Aire libreIgnacio Sánchez Cámara

Asesinato consentido

No hay que olvidar que el señorío del Estado sobre la vida y la muerte condujo al campo de concentración y de exterminio. Cuando se declara abolida la dignidad de la persona y de su vida, queda suprimido todo límite y se abre el camino al poder total

La salud moral de la sociedad española es mucho peor que lo era la física de Noelia Castillo, ejecutada por voluntad propia y decisión del Estado. Ella es la víctima inocente, aunque equivocada. Su trágica historia es conocida y cuenta con varios responsables. En cualquier caso, el Evangelio insta a no juzgar, pero también a no negar el pecado, el error moral que ofende a Dios. La clave está en el maravilloso pasaje de la adúltera condenada, cuyo recuerdo será innecesario para la mayoría de los lectores. Los acusadores se marchan abochornados y Jesús le dice a la mujer: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Cristo perdona, pero no declara abolido el pecado ni la distinción entre el bien y el mal. Creo que es un buen ejemplo. Indaguemos ahora dónde está en este caso el mal moral (y jurídico), el inmenso y atroz fracaso colectivo.

El filósofo Spinoza afirmó que «cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser» y que «el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma». Es decir, que la esencia de cada cosa consiste en el esfuerzo que pone en seguir siendo. De ahí que el suicidio sea la anomalía suprema. Un ser que actúa contra su propia esencia, que la abandona, que no quiere ser. A veces la vida se vive como un castigo insoportable. Y tantos hombres preferirían no existir, dejar de ser. Tal vez por eso Albert Camus pensó que el único problema filosófico serio es el suicidio. Pero si es un problema no puede ser una solución. A quien desea morir no es posible persuadirle sin más, pero sí procurar que no cumpla su voluntad. Antes que matar a Noelia, habría sido mejor proporcionarle atención médica psicológica, cuidados paliativos morales y quizá el amor y afecto de la comunidad.

La legalización de la eutanasia fue un disparate jurídico que además abría naturalmente la puerta a los abusos. La solución del caso que comentamos es, muy probablemente, contraria a la ley, que la prevé solo en casos de enfermedad grave, crónica e incurable. Al margen de que la gravedad sea un concepto un tanto indeterminado, lo cierto es que un trastorno mental y la paralización de las piernas no parecen causa suficiente incluso para los devotos de la eutanasia. En realidad, más bien se trata de un suicidio asistido que conduciría a quitar la vida a todo el que lo solicite, desde quien padece un revés amoroso hasta quien no puede soportar su sobrepeso. Es la muerte previa petición, el asesinato consentido, la barbarie de la autodeterminación absoluta. Un nuevo precepto: No matarás, a menos que te lo pidan. Pero el consentimiento de la víctima no suprime el delito, salvo en algunos casos tasados.

Tampoco es esta una querella entre creyentes y ateos. Es cierto que los católicos no pueden imponer jurídicamente sus convicciones a toda la sociedad. Ni viceversa, por cierto. Se trata de encontrar acuerdos que todos puedan aceptar en el ámbito público. En este sentido, cabe invocar a Habermas, y no precisamente en vano. Pero el respeto a la dignidad de la vida, de toda vida, no es solo un artículo de fe, sino un principio fundamental de la civilización europea. No es conforme a derecho considerar que existe un derecho a la propia muerte que el Estado está obligado a satisfacer. Lo puede decidir un Parlamento, pero no el derecho. A menos que el derecho se limite a ser la mera decisión de quien tiene el poder, es decir, la fuerza. La profesión del médico, de algunos, difumina sus fronteras con la del verdugo.

Aún queda una consideración sobre la que no se suele reparar. El crecimiento moderno del poder viene a alcanzar aquí su apoteosis. En su desbocado camino hacia el totalitarismo, el Estado ya decide sobre la vida y la muerte. Noelia ha pedido morir, pero es el Estado el que ha decidido matarla. Decide quién nace o no, y quién muere (con la coartada de la voluntad de la mujer que aborta o del enfermo que desea morir). Pero decide él. El camino está ya apuntado. No hay que olvidar que el señorío del Estado sobre la vida y la muerte condujo al campo de concentración y de exterminio. Cuando se declara abolida la dignidad de la persona y de su vida, queda suprimido todo límite y se abre el camino al poder total.

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