El blanqueamiento fiscal, una operación estética con riesgos
García Ortiz violó el secreto de las comunicaciones, pero gracias a esta terapia se podrá modificar esa realidad para mostrar una apariencia más clara, menos sombría de lo que ocurrió. Cuando finalice la cura, nos daremos cuenta de que, en realidad, el violado fue García Ortiz
En los sistemas jurídicos democráticos, el delito de pensamiento no existe. Desde el derecho romano quedó establecido que el pensamiento debe exteriorizarse para ser sancionable. Esa es la razón por la que la mayoría de las personas no verbalizan sus ideas o sus deseos más oscuros, especialmente si están tipificados en el Código Penal. Sucede que, en ocasiones, alguien se viene arriba en una entrevista y se le entiende todo.
Ya digo que un pensamiento sectario no constituye un delito, pero cuando lo expresa en público un individuo que ha sido fiscal general del Estado, el asunto adquiere otro matiz. Hace unos días, Álvaro García Ortiz compareció en Lo de Évole para decirnos que a los españoles se nos explica mal el cargo que él ocupó hasta que fue condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. García Ortiz, generoso, se ofreció para instruirnos.
Afirmó que un «fiscal general nombrado por un gobierno progresista va a defender los derechos humanos, va a creer en la memoria democrática y va a creer que no debe haber delitos de odio». Quedaba en el aire el mensaje implícito de que un gobierno no progresista nombraría a un fiscal a favor del odio y en contra de los derechos humanos. Jordi Évole olió la sangre e intentó que García Ortiz verbalizara el «delito de pensamiento». Y lo consiguió.
Cuando el periodista le preguntó cuáles eran entonces los valores de un fiscal general conservador, García Ortiz tuvo el cuajo de contestar que «será alguien que crea que las personas deben ser tratadas desigualmente, que no proteja a los inmigrantes sea cual sea su condición, o su edad, o que no crea en la violencia de género». Es una manera como otra cualquiera de insultar a la mayoría de sus compañeros fiscales que no pertenecen a la asociación de García Ortiz, la minoritaria Unión Progresista de Fiscales. Sin embargo, aunque grave, esa ofensa no fue lo más relevante de su entrevista.
En realidad, el fiscal inhabilitado estaba haciendo suyo el contenido de un papel que se le había escapado a Podemos diez años antes. En febrero de 2016, Pablo Iglesias presentó un documento que exigía el requisito de «compromiso con el proyecto del Gobierno» para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, los vocales del CGPJ, el FGE y el fiscal Anticorrupción, entre otros altos cargos. La crítica fue tan unánime –incluida la de la asociación de García Ortiz– que Podemos tuvo que recular. El problema fue que todos pudimos ver la idea que manejaba el populismo de izquierdas sobre el principio de separación de poderes, la misma que ya aplicaba por entonces Maduro en Venezuela.
A estas alturas, nadie podrá dudar del compromiso de García Ortiz con el proyecto personal de Pedro Sánchez, hasta el punto de cometer un delito en el ejercicio de su cargo. Esa condena, que ha acarreado un coste enorme en términos de reputación para la institución que él representaba, supone un estigma difícil de borrar sobre la carrera de un funcionario público que se excedió a la hora de ser agradecido con la persona que lo nombró.
Pero hoy, las ciencias avanzan que es una barbaridad, y son capaces de eliminar manchas e imperfecciones de manera inimaginable hasta hace poco tiempo. La entrevista de García Ortiz con Évole fue la primera sesión de un novedoso tratamiento estético. Se trata del blanqueamiento fiscal, una técnica revolucionaria para aclarar la parte más oscura del ejercicio del cargo. García Ortiz violó el secreto de las comunicaciones, pero gracias a esta terapia se podrá modificar esa realidad para mostrar una apariencia más clara, menos sombría de lo que ocurrió. Cuando finalice la cura, nos daremos cuenta de que, en realidad, el violado fue García Ortiz, y así lo debería certificar el Tribunal Constitucional anulando la sentencia del Tribunal Supremo.
La cuestión es que este tipo de operaciones estéticas dejan secuelas permanentes en el sistema judicial. La prueba la hemos tenido esta semana, al constatar que esa íntima negrura se puede contagiar con rapidez por el simple contacto con el sillón del cargo. La FGE nombrada por el Gobierno en sustitución de García Ortiz, Teresa Peramato, ordenó al fiscal jefe Anticorrupción no rebajar más la pena solicitada para Víctor de Aldama en el juicio por el caso de las mascarillas. Las confesiones del comisionista no solo hicieron avanzar esa causa, sino que abrieron nuevas líneas de investigación contra otras personas allegadas al presidente del Gobierno, como Santos Cerdán. Aunque solo fuera por una cuestión estética, Peramato jamás debería haber dado esa orden al fiscal Luzón. Pero claro, si lo de García Ortiz acaba bien, esos altos funcionarios comprometidos con los valores del Gobierno siempre tendrán a su alcance un blanqueamiento fiscal para ocultar las manchas producidas en el ejercicio del cargo.
