Cuando el lawfare se hace desde la izquierda
Voy más lejos: ¿no es un uso perverso de la Justicia tener redactado el auto por parte de Calama el martes, día 12 de mayo, y no hacerlo público hasta el 19, una vez pasadas las elecciones andaluzas?
Desconozco cuándo llegará el día en que la superioridad moral de la izquierda deje de existir en España. Como también ignoro cuál es la fuente de legitimidad de semejante corriente, a caballo entre la falsedad histórica y algún tipo de complejo emocional. Tal vez sea todavía una de las perversas secuelas de una Guerra Civil que debería estar superada, pero que un indigente intelectual como Zapatero resucitó innecesariamente. Sea como fuere, lo cierto es que en estos días estamos sufriendo un nuevo embate de esa corriente infecunda por parte de la izquierda española, tan desorientada en estos tiempos, que pretende combatir la acción de la Justicia y el trabajo de jueces, fiscales y policías. Solo hay una causa para ello: que sitúan en la silla del escrutado o investigado a uno de los suyos: Zapatero.
El auto del juez José Luis Calama sobre las actividades presuntamente ilegales de José Luis Rodríguez Zapatero es impecable y se sustenta en el trabajo de meses de policías y fiscales, incluidas colaboraciones internacionales de países como Suiza, Francia y los Estados Unidos. No existe una razón poderosa para tratar de invalidar la acción de la Justicia en esta ocasión. Sin embargo, la actual izquierda española, tan desnortada en estos últimos años, ya arrancó entre una catarata de descalificaciones, bulos y acciones tan peligrosas –moralmente reprochables– como prescindir del servicio de la jueza de enlace con Suiza y Francia, Silvia Martínez Cantón. Tal vez sea porque Suiza no es un lugar donde el dinero de mucha gente ha buscado refugio, en ocasiones para lo bueno y en otras muchas para lo malo. Lo cierto es que a mí eso sí me parece lawfare.
Como también es y fue lawfare –un uso abusivo de la Justicia y sus resortes– que Griñán nunca entrase en la cárcel, mientras sí lo hicieron Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana o el propio Iñaki Urdangarin. ¿No ha sido perverso y repugnante lo que Conde-Pumpido hizo desde el Constitucional con los ERE de Andalucía? El delito cometido por García Ortiz, fiscal condenado por el Tribunal Supremo, ¿no fue guerra sucia y persecución a un particular con el intento de hacer un uso perverso de la Justicia? ¿Tratar de indultarlo ahora no es una tomadura de pelo a todo el pueblo español?
¿No ha sido guerra sucia que la ministra portavoz, desde la sede del Gobierno, que pagamos todos, haya mentido acerca del origen de la instrucción del caso Zapatero? Voy más lejos: ¿no es un uso perverso de la Justicia tener redactado el auto por parte de Calama el martes, día 12 de mayo, y no hacerlo público hasta el 19, una vez pasadas las elecciones andaluzas?
La izquierda, ciertamente, ha manchado las togas ya no con el polvo del camino, sino con la indignidad de la injusticia, que se deriva de dar trato diferente según la ideología. Conde-Pumpido pasará a la historia como un traidor a la nación común de todos los ciudadanos que es, en un Estado de Derecho, la Justicia. Y como él, unos cuantos más. La superioridad moral de la izquierda hace décadas que quedó arrumbada en un estercolero moral, donde hay más preguntas que respuestas y donde Zapatero es tan solo uno más de la caterva que se ha aprovechado de España y su democracia para ir contra ella.