¿Qué se puede hacer con un presidente que conspira contra la democracia?

La democracia, el peor sistema político imaginable a excepción de todos los demás, permite que participen en ella los que no creen en ella y acabarían con ella. Es un espacio ancho, de inmensas tragaderas, que entiende que el bien común incluye el mal menor, siempre y cuando respete el procedimiento.

Es decir, se puede defender el fin de la Monarquía Parlamentaria, la independencia de Cataluña o la abolición de la Constitución, pero no de cualquier manera: si no se respetan los pasos que la propia democracia define para lograr cualquier objetivo político, se cometen delitos y se pierde el derecho a defender cualquier idea. El qué es tolerable, pero el cómo es innegociable: Vox no dejó de ser democrático nunca cuando defendió la desaparición de las comunidades autónomas, por ejemplo, pero Batasuna siempre fue golpista por apoyar el terrorismo para imponer una idea minoritaria a sangre y fuego.

La cuestión es que, hasta ahora, el tablero de juego estaba claro y, cuando no lo estaba, el Estado de derecho reconocía rápido sus amenazas y procedía en consecuencia: el independentismo catalán acabó huido o condenado por la fortaleza de la democracia, que también se desplegó durante décadas contra ETA, con tanto dolor, porque no podía actuar de otra manera: lo hizo con Tejero, en 1981, con Marruecos, en el peñasco de Perejil en 2002; y así con cualquier desafío al sistema jurídico vigente, que a su vez se sustenta en un deseo mayoritario, una historia compartida y una tradición horneada con el paso de las décadas.

Es decir, es fácil reconocer y actuar contra un enemigo exterior, sea geográfico o, dentro de nuestras fronteras, político, que quiere imponer su visión de las cosas, sus ambiciones o sus necesidades sin contar con la mágica fórmula descrita por la Carta Magna para conquistar todo sueño que desmonte el edificio constitucional: contar con dos tercios de la Cámara en vigor, lograr el apoyo mayoritario del pueblo en referéndum, convocar elecciones generales de nuevo y refrendar, si se puede, en un nuevo Congreso y con otra mayoría abrumadora, el plan inicial.

Nada fracasa, en fin, por imposición caciquil: son los españoles quienes dan el visto bueno o rechazan todo, aunque a menudo esa voluntad esté condicionada o incluso secuestrada por mayorías artificiales, como la armada por Pedro Sánchez, que conculcan fraudulentamente el sentido del pacto: no se trata solo de sumar, sino de sumar para algo constructivo y estable; pero el actual presidente malversó esa evidencia al intercambiarla por un negocio sucio en el que a él le regalaron la investidura a cambio de reclutarle como cómplice de las fechorías separatistas.

Y así llegamos al gran dilema del momento: la democracia está preparada para frenar a todos los enemigos reconocibles; pero no para ahuyentar a uno que lo sea desde dentro y al frente del sistema, un presidente por accidente que necesita cambiar, pervertir o anular sobre la marcha las reglas del juego para atender los peajes suscritos y, de paso, salvarse de los poderes del Estado y de la decisión de los ciudadanos. Sus feroces ataques a la Justicia, impropios de un demócrata e insólitos en alguien que debería dimitir y meter la cabeza bajo el suelo por toda su corrupción mafiosa, son el resumen de esa deriva infame.

Decir que Sánchez tiene secuestrada la democracia es, a estas alturas, una obviedad: no ganó en las urnas, perdió la mayoría parlamentaria efímera alquilada a chantajistas, no puede aprobar Presupuestos en toda una legislatura, combate al Poder Judicial e ignora al Legislativo y, además, apuesta directamente por la confrontación social, aliado con los extremismos y un lenguaje guerracivilista que presenta al adversario legítimo como un enemigo a derribar.

El sistema no previó una respuesta rápida a un caso tan palmario de insurgencia antisistema que mantiene a la cabeza del Gobierno a alguien que no puede gobernar y utiliza sus poderes para conspirar contra la democracia, lanzando un mensaje horrible: o se acepta ese secuestro, o se recurre también a métodos creativos para acabar con un usurpador y acabar empatando con él.

Pues aunque sea dura la espera, no queda otra que aceptarla, en la confianza de que el bien es más lento, pero también más firme y duradero, y que el castigo a la insólita actitud conspiradora de un peligro público con ínfulas guardará, en su día, proporción con el daño por él causado. No somos tontos por dejarnos robar la cartera; solo acumulamos trienios de paciencia para que, cuando llegue el momento, al oprobio político se le añada la penitencia oportuna: como Sánchez se está cargando la democracia, la democracia sabrá darle la lección que sus actos merecen. Y por dura que sea, será un simple acto de justicia.