María Tardón

Lola Delgado era una «excelente» fiscal general del Estado a pesar de que pasó directamente del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez al Ministerio Público. Grande-Marlaska, cuando termine de hacer dosieres sobre periodistas, acercar etarras a sus casas y hundir la vida de los ceutíes, volverá a la Audiencia Nacional y la propaganda socialista nos convencerá de que se puede ser un gran magistrado a pesar de haber ejercido el sanchismo hasta el delirio. Incluso un juez autodenominado «progresista», como José Ricado de Prada, puede incluir una frase en una sentencia para detonar una moción de censura que tumbe a un Gobierno legítimo, y hasta puede ser corregido por el Tribunal Superior, que tachó sus consideraciones de «excesivas» y ajenas a una técnica jurídica regular, y lucir en el olimpo de la izquierda como un gran jurista. Pero una jueza currante, que hace treinta años fue elegida -como independiente- concejala de Policía Municipal y Atención Social con el alcalde madrileño Álvarez del Manzano, es merecedora de que Óscar Puente, el sacerdote de la moral con aspiraciones monclovitas, «dude» de su imparcialidad.

Lamento informar al ministro del Gobierno que ha firmado el mayor desastre educativo de nuestra historia -la comprensión lectora, como la de miles de alumnos a los que ha hundido en la burricie, no es su fuerte- que María Tardón Olmos es una buena magistrada, que además forma parte de la Asociación Francisco de Vitoria, sin adscripción política manifiesta. Pero no porque lo diga yo. Lo dice su rico e impoluto currículum profesional. Incluso en el ecosistema de prejuicios de la izquierda, esta juez aprobaría con nota. Tardón, segoviana ligada a Valdepeñas, proviene de una familia humilde y se tuvo que forjar su carrera trabajando en una fábrica de chocolates. Da clases a psicólogos, trabajadores sociales y policías sobre violencia contra la mujer. Ha recibido el premio Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia de Género y el año pasado, el del Ministerio de Igualdad en reconocimiento a su trabajo en favor de las mujeres maltratadas. Está especializada en este ámbito con un alto grado de excelencia, así que todo el relato de la izquierda se cae por su propio peso.

Que la Audiencia Nacional haya abierto una causa por los hechos que llevaron a la entrada de más de 70.000 individuos en Ceuta y que violentó la integridad territorial de España, con la letal consecuencia de la muerte de al menos 140 personas, no solo era lógico sino una obligación perentoria. La pregunta es por qué al Gobierno de España le ha incomodado esa investigación. Si su labor ha sido impecable, si no existe ningún elemento de complicidad de nuestro Ejecutivo con la dictadura marroquí, a la que el informe policial de extranjería apunta como instigadora de los hechos, ¿por qué han salido en tromba Óscar Puente y Patxi López a atacar a la magistrada? Luego ya está el ínclito Marlaska, quejándose de que Tardón reclamara un informe a los investigadores y les pidiera que no lo trasladaran a Interior. Escándalo: una instructora que exige a la policía judicial la reserva debida de unos informes para que no sean elevados a superiores políticos que podrían entorpecer la investigación o, incluso, destruir pruebas fundamentales para el curso del sumario. Qué escándalo.

Lo último es sacar a pasear que María Tardón fuera nombrada miembro de la Asamblea General de Caja Madrid desde 1999 hasta 2005 por parte del PP hasta su incorporación a la Carrera Judicial. Solo recordar, a quien lo haya olvidado, que Pedro Sánchez, edil madrileño como lo fue anterior a él Tardón, también ocupó una silla en esa Asamblea General en delegación de la Corporación. Tanto en el caso de la magistrada como en el del presidente, sus capacidades ejecutivas fueron muy limitadas. Ninguno tomó decisiones financieras ya que eran meras figuras representativas del Ayuntamiento de Madrid. Así que por ahí tampoco ha estado muy acertado el equipo teledirigido de opinión sincronizado.

Cierto es que Sánchez, por el momento al menos, ha sido un poco más prudente respecto a Tardón. Quizá para que no le mojen la oreja con la misma saliva. En TVE concedió que «es compatible el compromiso político con la labor judicial». Nadie como él, que ha nombrado ministros a magistrados, ha colocado a fiscales como miembros del Ejecutivo y pretende boicotear la labor de la justicia cuando investiga a su entorno corrupto, para saber perfectamente que la decencia intelectual y la moralidad pública no dependen de las siglas a la que coyunturalmente estés asociado. Luego hay casos como los de Marlaska: el hábito hizo -y deshizo- al monje.