Nacionalizaciones de saldo

La mayoría de las personas suelen pensar que soy catalana. Curiosamente, no por mi nombre (que es original –y diría que exclusivo– de esa zona) sino por mi apellido. Se presupone que es palabra aguda, cuando en realidad es llana según la pronunciación original. El acento al final hace sonar «Gumpert» a catalán, sí. Pero no es el caso. El abuelo de mi bisabuelo era de la zona de Bohemia, por entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Emigró a Tetuán y entre esta ciudad y Tánger residieron sus descendientes. Al desaparecer el imperio, Bohemia se convirtió en Checoslovaquia, más fue invadida y absorbida por el Tercer Reich durante la II Guerra Mundial. Al acabar ésta, fue checoslovaca de nuevo hasta dividirse el país y pasar a formar parte de la República Checa actual.

Imaginemos que Marruecos, Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia y Alemania perdieran la cabeza y decidieran nacionalizar a «descendientes», a través del ius solis o del ius sanguinis. Y que, además, la nacionalización implicara derecho al sufragio. ¿Por qué debería influir yo en la política de esos países, de quienes por no conocer no conozco ni el idioma? No comparto el destino de esos países, no estoy bajo la coerción de sus estados (sus leyes no recaen sobre mí, tampoco las obligaciones fiscales). No me veo afectada por las decisiones que toman sus gobernantes, ni estoy sujeta a ellos. No tengo un interés personal, duradero y profundo en que a aquellas naciones les vaya bien, desde luego ni de lejos como el que tengo en España. Al ciudadano checo con un solo pasaporte le va la vida en un sufragio, a mí ni me viene ni me deja de venir.

Resulta sonrojante tener que exponer lo obvio, pero ésta es la tónica de los tiempos que nos ha tocado vivir. Hay que luchar constantemente contra lo evidente, en este caso contra la idea de que personas que jamás han pisado España tengan derecho a decidir sobre nuestro futuro. Sólo porque alguno de sus bisabuelos o sus abuelos eran de aquí. Para empezar, ligar nacionalidad y voto no es una decisión inevitable. Muchos países tienen muchas restricciones al sufragio por parte de nacionales que viven en el extranjero. Resulta lógico, dado que el derecho a voto es una contrapartida de las obligaciones cívicas, como la de pagar impuestos o cumplir las leyes.

La presunción de la condición de exiliado introducida por Sofía Puente es de una desfachatez (nunca mejor dicho) supina. Por no decir que sabemos que se está nacionalizando a personas que salieron de España mucho antes de la Guerra Civil. Pero asumamos que se hubiera aprobado una ley que concediera la nacionalidad a todo aquel que hubiera abandonado España desde 1870 (como se está haciendo de facto). ¿Tiene lógica, es justa, por más que el motivo fuera un supuesto desagravio? Tenemos la respuesta concreta en el caso del Estado de Israel y la diáspora del pueblo judío: ¿no sería el Holocausto y su posible repetición una justificación suficiente para otorgar la nacionalidad israelí a todo judío? Suena razonable, y por eso todo judío tiene el derecho latente a obtenerla. Pero, para ello, debe residir en el país y, una vez ahí, iniciar los trámites.

Es de lógica elemental que los derechos deban ir unidos a las obligaciones y a las consecuencias. Pero, como siempre, la progredumbre intenta hacernos creer que apelar al sentido común lo convierte a uno en un fascista de extrema derecha. Me he preguntado durante los últimos años hasta qué punto serviría esta estrategia de endilgar la etiqueta a todo aquel que protestara contra los dislates gubernamentales y progres. Ya hemos experimentado la aplicación literal por parte del gobierno del «estos son mis principios, si no le gustan tengo otros» de Groucho. La actualización del concepto en 2026 consiste en «estos son mis votantes; si no me votan, fabrico otros». Ingenio y descaro no les faltan, desde luego.