Inseguridad nacional
Lo que hay ahora que averiguar es si esa flagrante dejación de funciones obedeció a una enorme torpeza o fue deliberada, obligada por inconfesables peajes. Ellos pasarán, pero la inmensa brecha de seguridad que han dejado abiertas tendrá un coste incalculable
Las mentiras constituyen un riesgo grave para la seguridad nacional. Aunque comparta este diagnóstico, no es de mi cosecha, procede de un informe que acaba de publicar el Gobierno de España. Cierren la boca los sorprendidos. Sí. Esta semana, la misma semana en la que nos hemos enterado de que la Moncloa no tuvo a bien informarnos de que barcos de guerra de Marruecos se plantaron en aguas españolas al tiempo que miles y miles de personas derribaban una de nuestras fronteras terrestres con el fin de invadir una de nuestras ciudades, se ha marcado un informe sobre los bulos. No me cabe duda de que su objetivo será usarlo torticeramente contra la derecha, la ultraderecha, Trump, Israel o quien se le ponga por delante, pero hay que admitir que tiene su gracia que el gobierno afirme que el que difunde información parcial o información falsa compromete nuestra seguridad cuando a la cabeza del Consejo de Ministros se sienta un hombre que ha mentido hasta la saciedad. Sobran los ejemplos, porque la mera enumeración daría para hacer más de un libro. Pero la conclusión es obvia: si la mentira pone en riesgo la seguridad nacional, tendríamos que concluir que Pedro Sánchez lleva años poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Si la mentira en cuestión afecta a cuestiones meramente familiares o a tácticas políticas, como la situación penal de su hermano o los pactos con sus socios, indudablemente compromete la confianza que puedan generar sus palabras entre los ciudadanos. Me atrevería a decir que ya es nula incluso entre sus propios votantes. Pero cobra más relevancia si el asunto sobre el que el gobierno oculta, desinforma, tergiversa o miente con descaro afecta a la integridad del Estado y tiene consecuencias relevantes en el ámbito penal. Y bien podría ser la relación del PSOE y del Gobierno de España con la satrapía venezolana. También los oscuros intereses y supuestos chantajes que han encadenado a Pedro Sánchez con Mohamed VI. Ambos casos están bajo la lupa de las fuerzas de seguridad y los jueces.
El presidente que denunció la violación de nuestra integridad territorial cuando la flota de Rabat amenazaba las costas de Ceuta llegó al Congreso un mes después lamentándose de una grave crisis humanitaria. Lo que ocurrió en esos treinta días que le hizo cambiar de criterio es que lo está obligado a explicar al parlamento, a los ciudadanos y posiblemente también a la juez. Que por acción u omisión Marruecos está tras la invasión es obvio. También que el Gobierno de España no lo combatió. Lo que hay ahora que averiguar es si esa flagrante dejación de funciones obedeció a una enorme torpeza o fue deliberada, obligada por inconfesables peajes. Ellos pasarán, pero la inmensa brecha de seguridad que han dejado abierta tendrá un coste incalculable.
