Unas preguntas para La Séptima

La Séptima nace, ya para empezar, de la concesión arbitraria de una licencia de emisión gubernamental a la misma persona que hace dos décadas ya recibió una y pudo venderla al tiempo, con el beneficio que probablemente obtuviera con ello.

Es decir, Zapatero primero y Sánchez después han utilizado una prebenda discutible, sustentada en razones técnicas de espacio disponible pero en realidad de un espíritu muy similar al que en el franquismo regulaba el espacio mediático, para comprarse un apoyo político inquebrantable con el que esparcir doctrina interesada a la opinión pública a cambio de facilitar un negocio inalcanzable para otros.

Y lo han hecho dos veces, un caso sin precedentes conocidos en España y tal vez en Europa que ataca de frente a la libertad de información y de empresa: dado que en este ámbito no puede operar todo el que quiera, al entenderse que las limitaciones de la autovía mediática obliga a regular qué coches circulan por ella, entregarle ese privilegio a quien te va a ayudar y de paso regalarle un bien con el que especular no es, precisamente, una manera de beneficiar a la salud democrática del país.

La televisión no es un negocio barato ni sencillo, pero que a pesar de ello pujen varios grupos por intentarlo y al final el elegido siempre sea el preferido por el socialista de turno ya demuestra que, al beneficio ordinario de la cuenta de resultados pura y dura, se le añaden otros siempre que acaban haciéndolo rentable.

¿O acaso alguien cree que los promotores de La Séptima, como ya ocurre con los de Prisa y su participación en Indra, no buscarán sacar por un lado lo que no logren por otro?

Si la génesis es espuria, el peaje por todo ello es visible desde el primer momento: con menos recursos y talento, la parrilla del nuevo canal es una repetición pedestre de la capciosa parrilla de TVE, un compendio de vocingleras y demagogos que además de dedicarse a tapar todas las vergüenzas de Sánchez se ufanan en perseguir e intentar matar civilmente a quienes las denuncian.

El problema no es que haya canales de izquierdas o de derechas, aunque la etiqueta deja de merecer respeto si incluye la mentira y el acoso, sino que nazcan de un despacho político u obedezcan en exclusiva al siniestro encargo de los mismos que montan cloacas para acabar con jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas.

Ya puede intentar dar lecciones de nada el patrón editorial de la cadena, Javier Ruiz, que al final todo se resume en qué respondemos los periodistas cuando la vida nos hace preguntas muy sencillas con respuestas igual de elementales.

¿Tiene que dimitir un presidente cuando no logra aprobar Presupuestos en una legislatura? ¿Se puede forzar una investidura sin ganar en las urnas gracias a escaños cuyos titulares defienden en público el fin de la Constitución? ¿Puede la esposa de un primer ministro intentar hacer negocios desde la sede de la Presidencia del Gobierno? ¿Se debe agradecer la colaboración al promotor de una invasión de territorio español? ¿Puede haber algo más escandaloso que detectar una trama de corrupción con las obras públicas que no se hicieron o se hicieron mal en los mismos tramos de la vida ferroviaria donde se han dejado la vida 115 inocentes?

La verdad no es de derechas ni de izquierdas. Es simplemente la verdad. Y quienes ante esas preguntas dudan, buscan excusas o trabajan para que la ciudadanía no se las formule y los cargos públicos no se vean obligados a contestarlas, pierden el derecho a llamarse periodistas, por mucho tono engolado, mucho grafiquito y mucha impostura que le pongan a una actuación que no deja de ser la de un propagandista con ínfulas. Y ahora, sigan con el negocio.