La dignidad de las instituciones

La pasada semana dejó una imagen, si no varias, para la Historia: a la altura de aquella foto 'robada' del entonces todopoderoso Felipe González declarando por los GAL ante el Tribunal Supremo, que el fiscal general del Estado se despoje de la toga para sentarse en el banquillo de los acusados resulta sintomático de la debilidad por la que nuestra democracia atraviesa y evidencia la operación manifiesta de romper la separación de poderes.

El incumplimiento de esta norma democrática fundamental no solo queda patente con el juicio a García Ortiz por presunta revelación de secretos y cuyo fin era terminar con un rival político, o los ataques continuos hacia aquellos jueces que abren causas contra el entorno, la familia o el partido del césar Sánchez, sino también con las filtraciones que hemos podido escuchar donde Leire Díaz, fontanera del PSOE como ella misma reconoce, intenta por todos los medios sobornar a varios fiscales de tal forma que queden cercenadas todas las causas que por aquel entonces comenzaban a acorralar al presidente del gobierno.

A ello hemos de añadir la defensa que hizo Sánchez en El País, portavoz oficioso del gobierno, afirmando que el fiscal general era inocente: es importante aquí el matiz, y es que no pidió respeto para la presunción de inocencia como derecho fundamental, sino que aseveró sin titubeo alguno que García Ortiz era inocente en un órdago implícito al Tribunal Supremo, y ante lo que es posible intuir un indulto en caso de que la sentencia resulte, finalmente, condenatoria.

Esta revisión de los hechos permite poner negro sobre blanco el desprestigio al que están sometidas las instituciones de nuestra democracia: un partido en el Ejecutivo salpicado por múltiples tramas de corrupción que, además, da la espalda al congreso como el propio Sánchez afirmó –«gobernaremos con o sin apoyo» del parlamento–, y una justicia, por un lado, tomada por la Fiscalía General del Estado como se ha rubricado estos días con el apoyo del gobierno al imputado García Ortiz, y con unos jueces cada vez con mayor frecuencia tachados de prevaricadores siempre que las causas investigadas apuntan al seno del gobierno. Horizonte que, en definitiva, además de los tintes autoritarios hacia los que parece tornar, invita a todo demócrata, al margen de ideologías, a reflexionar sobre la necesidad de defender la dignidad de las instituciones como garante de nuestra democracia.