La voz que incomoda

La libertad de expresión no entiende de fronteras, ni debería depender del lugar desde el que se ejerce. Sin embargo, se escucha con frecuencia que los ciudadanos solo deberían opinar sobre lo que ocurre «en su país», como si hablar más allá fuera un atrevimiento o una intromisión indebida.

Las decisiones que se adoptan en un Estado –en materia de política exterior, economía, medio ambiente o seguridad, entre otros– no se agotan en su propio territorio. Sus efectos se proyectan hacia fuera, alcanzando a sociedades que, legítimamente, desean opinar y ser escuchadas. Pretender que el ciudadano guarde silencio aquí o en el extranjero es ignorar esta realidad y empobrecer el debate público.

En estos tiempos esperpénticos a nivel nacional e internacional resulta poco razonable exigir silencio cuando los efectos son compartidos. Opinar no es mandar ni imponer; es participar en una conversación que, nos guste o no, ya es global.

Todo ello debería servir también como una lección de moral y ética pública. Quien ostenta poder tiene la obligación de asumir responsabilidades, y cuando no se está a la altura, de dar un paso al lado y retirarse. Gobernar no es un derecho adquirido, sino un encargo que proviene de los ciudadanos, de la gente de a pie que sufre las consecuencias de decisiones mal tomadas; en ocasiones incluso perdiendo su vida.

Dejar la gestión de ministerios y gobiernos en manos no cualificadas no es un error menor: es una falta grave hacia quienes sostienen realmente el sistema con su esfuerzo diario, aquí y en Tombuctú.