España se empobrece en 186.000 millones desde que estamos gobernados por el sanchismo
La fotografía de 2024 es un aviso de que el agujero patrimonial del Estado crece mientras miramos hacia otro lado y de que la solvencia no se pierde de golpe, sino poco a poco, hasta que un día ya no queda margen
En un artículo anterior explicaba que España cerró 2024 con un patrimonio financiero neto de menos 836.400 millones de euros, es decir, que si en lugar de ser un Estado fuésemos una empresa, haría muchos años que no existiríamos.
Esta cifra, posiblemente desconocida por la mayoría de nuestros políticos, debería ser la base de un debate nacional, en la que se deberían pedir explicaciones todos los años al Gobierno de la Nación, pero por desgracia pasa de puntillas por el Congreso de los Diputados y por el Senado, como si no fuera con ellos.
Por eso, hoy toca mirar lo que ha pasado desde que el sanchismo se instaló en el poder para «regenerar nuestro país», ver la película completa y demostrar que nos están arruinando.
España se ha empobrecido en 186.243 millones de euros en solo seis años, en una tendencia que se consolida año tras año y que muestra un deterioro profundo del balance financiero del Estado.
Entre 2018 y 2024, los activos financieros del Estado han aumentado, sí, pero lo han hecho de forma insuficiente y, sobre todo, desequilibrada. Pasan de 609.070 millones a 718.437 millones. Un incremento de 109.367 millones que, en cualquier otro contexto, podría interpretarse como una señal de fortaleza. Pero aquí no lo es, porque en paralelo los pasivos financieros han pasado de 1.259.227 millones a 1.554.837 millones. Es decir, el Estado ha añadido casi 300.000 millones de deuda y obligaciones financieras en el mismo periodo. El resultado es que por cada euro de activo nuevo, hemos generado casi tres euros de pasivo adicional.
Pero, además, la composición de los activos explica buena parte del problema. La liquidez del Estado crece, pero sigue siendo un flotador minúsculo en un océano de gasto público. Los préstamos concedidos aumentan, pero muchos de ellos tienen una rentabilidad dudosa o nula. El cajón de sastre de «otros activos financieros» también crece, aunque su capacidad real para aliviar la deuda es limitada o nula.
Pero la verdadera señal de alarma está en la partida que debería reflejar la fortaleza del Estado como actor económico, las acciones y participaciones. En 2018 valían 178.181 millones y en 2024 valen 141.486 millones. Una caída del 20,6 % en un periodo en el que la economía creció, los mercados se recuperaron tras la pandemia y las empresas privadas aumentaron beneficios, el Estado español consigue que su cartera de participaciones valga 36.695 millones menos. No es mala suerte, es un problema muy serio de gestión. Véanlo con sus propios ojos:
Y es que aquí aparece el gran elefante en la habitación, nada más y nada menos que la famosa SEPI. El deterioro del sector público empresarial explica buena parte de esta caída. No estamos hablando de una empresa puntual que haya tenido un mal ejercicio. Estamos hablando de un ecosistema entero que pierde valor año tras año. Correos acumula pérdidas que ya no sorprenden a nadie, pero que siguen erosionando su patrimonio.
RTVE vive instalada en el déficit permanente, con un modelo de financiación que no cubre sus costes reales. Navantia, encadena sobrecostes, retrasos y resultados negativos que se han convertido en tradición. Hunosa continúa su declive estructural, sostenida más por la nostalgia que por la viabilidad económica. Y otras sociedades del grupo registran deterioros contables que reducen sus fondos propios de forma silenciosa, pero constante.
Además, casi todas ellas se caracterizan por lo mismo, son gestionadas por amigo del Presidente del Gobierno, con los correspondientes enchufes a otros amigos y al deterioro final de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de todas ellas.
El problema no es solo que estas empresas pierdan dinero, el problema es que como consecuencia de ello pierden valor, ya que sus fondos propios se reducen y su patrimonio neto se deteriora y al hacerlo, tiran hacia abajo el valor de las participaciones del Estado.
Cada pérdida en la SEPI es una pérdida en el balance público. Cada deterioro contable es un golpe directo a la riqueza financiera del país. Cada reestructuración que no funciona es un recordatorio de que el sector público empresarial español no está diseñado para crear valor, sino para consumirlo.
La SEPI no es un conjunto de empresas que atraviesan un mal momento, es un conjunto de empresas que llevan años perdiendo valor sin que nadie se atreva a replantear su modelo o su razón de ser, y así nuestro país sigue anotando pérdidas que se reflejan en nuestras Cuentas Financieras.
Y mientras tanto, la deuda pública aumenta en 245.530 millones. Las otras obligaciones financieras casi se duplican. Los préstamos recibidos suben. Los depósitos de terceros también. España no solo debe más, sino que lo hace en un entorno de tipos de interés altos, crecimiento que depende de lo que quiera el INE y una política fiscal y recaudatoria que sigue creyendo que los ingresos son infinitos.
La fotografía de 2024 es un aviso de que el agujero patrimonial del Estado crece mientras miramos hacia otro lado y de que la solvencia no se pierde de golpe, sino poco a poco, hasta que un día ya no queda margen.
Entre 2018 y 2024, España ha perdido 186.243 millones de patrimonio financiero neto y el sanchismo nos ha empobrecido en casi 200.000 millones desde que Sánchez duerme en la Moncloa. La pregunta ya no es si podemos seguir así, sino cuánto tiempo aguantaremos.