Consideraciones sobre la prioridad nacional

La actual Ley de Extranjería no distingue entre nacionales y extranjeros para acceder a los servicios públicos, lo cual es un auténtico disparate. Dándose además la paradoja de que para acceder a estos servicios, con esta ley siempre tienen preferencia los ilegales, dado que el factor predominante para la selección es el económico, por lo que los españoles de rentas más bajas, por pobres que sean, siempre estarán por detrás de los ilegales, que solo llevan lo puesto. España tiene unos recursos limitados, y no puede convertirse en una ONG del planeta Tierra, por lo que han de establecerse unos límites. Los españoles no entienden que con sus impuestos haya de atenderse a millones de indocumentados que no trabajan, y no se trata de ideología sino de números. La solidaridad es una cuestión totalmente individual, y si se impone se convierte en un saqueo.

El Estado del bienestar no puede ser infinito, por lo que hay que acotarlo a nuestras posibilidades. Ningún país del mundo regala la nacionalidad a cualquiera, y mucho menos los pone por delante para recibir subvenciones. La patronal, siempre egoísta, sí que está a favor de esta inmigración, porque le interesa la mano de obra barata, lo que redunda en perjuicio de la clase obrera española, con salarios más bajos. Actualmente ya están colapsados los servicios públicos, a lo que habrá que añadir los 300.000 inmigrantes de media, que anualmente ingresan en España. No se pueden abrir fronteras, y ofrecer acceso libre y gratuito al mal llamado Estado del bienestar. Resumiendo, que urge modificar la actual Ley de Extranjería, para dejar por sentado que los residentes nacionales (españoles y extranjeros), que llevan años cotizando sean los primeros en la cola.