Plus Ultra, Zapatero, Consejo de Ministros

Somos muchos los españoles que estamos sorprendidos por las presuntas implicaciones penales, civiles, políticas y administrativas que puede llevar consigo el caso Plus Ultra. Veamos: este caso, inicialmente fue rechazado a petición de las fiscales María Luisa Llop, que fue quien lo firmó, y Pilar Rodríguez, la del «cianuro» en el caso del fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo. La fiscal Lastra, abrió un expediente informativo a Llop y a Rodríguez, con el fin de depurar presuntas responsabilidades. Luego, con la llegada de Peramato a la Fiscalía General del Estado, la destituida de su cargo fue Lastra y la premiada fue María Luisa Llop que fue nombrada fiscal de la Audiencia Nacional.

Pero ahora, con la reapertura del caso y la investigación de Zapatero, y a la vista de lo que se sabe, parece que la que estaba en lo cierto era la fiscal Lastra y, por el contrario, presuntamente las que no lo estaban eran las otras dos fiscales. ¿Se reparará el daño ocasionado? ¿Se hará justicia con estas tres fiscales? ¿O se va a mirar para otro lado cómo si no hubiera pasado nada? Presuntamente, Zapatero, influyó en el Consejo de Ministros para que se aprobara un rescate que tanta polvareda levantó y a tan pocos convenció por lo que presuntamente ese Consejo de Ministros pudo cometer los delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos, pero como ese dinero ha salido de los contribuyentes, y a día de hoy, no se ha recuperado, es de justicia que de forma solidaria entre Plus Ultra, Zapatero y todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, y cualquier otro, que presuntamente, se haya lucrado o participado de una u otra forma de esta operación, sean condenados a devolver los 53 millones de euros más intereses a las arcas públicas.

Hay que recordar que la fiscal María Luisa Llop se encuentra ahora destinada en la Audiencia Nacional, donde además del caso Plus Ultra, se están instruyendo otros sumarios que afectan de lleno de una u otra forma al PSOE y, por tanto, si esta fiscal firmó la petición del archivo de esta causa, no sé yo si es la persona más adecuada para que la ciudadanía pueda confiar en su objetividad e independencia. En cuanto al Tribunal Constitucional, en el que tantas esperanzas tienen depositadas algunos, tampoco sé si con los precedentes del los ERE de Andalucía y otros, es para estar seguros de que se va aplicar la justicia con rigor y que todos somos iguales ante la ley, o por el contrario tendremos que estar pendientes para que no destruyan todo aquello que nos ha costado tanto tiempo y esfuerzo construir.