Pederastia y manipulación
El Defensor del Pueblo se sirve de una simple encuesta para difundir una falacia y desviar la atención pública sobre las negociaciones de Sánchez
Pocos delitos resultan más repugnantes y suscitan más indignación que la pederastia, que tiene por víctimas a los niños, el sector más indefenso de cualquier sociedad. Y cuando ese fenómeno se produce en los ámbitos de mayor seguridad, como la Iglesia o la familia, al dolor general se le suma uno particular que no necesita explicación: cuando las amenazas proceden del teórico protector, son todavía más punibles.
Dicho lo cual, resulta obscena la manipulación que algunos medios han llevado a cabo sirviéndose de la discutible encuesta encargada por el Defensor del Pueblo para hacer una extrapolación que culpa a la Iglesia de hasta 440.000 casos de abusos sexuales a menores de edad, la cifra más alta registrada en ningún país del mundo. El propio cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha salido a aclarar que esas cifras son «una mentira con la intención de engañar».
Y lo es porque esa acusación no forma parte de un riguroso estudio incontestable que permita alcanzar esa terrible conclusión, sino de un humilde trabajo de campo que apenas verificó 400 casos, mil veces menos de los que se dan por existentes en el informe y la mitad de los que la propia Iglesia ya asumió el año pasado.
El resto, hasta llegar a un número tan estruendoso, se inventan simplemente, a partir de una encuesta demoscópica cuyos resultados se utilizan con evidente intencionalidad política: acusar a la Iglesia a partir de deducciones aritméticas infumables, limitar a ella un deleznable fenómeno que es superior en el seno de las familias y los colegios y, obviamente, desviar el debate público a beneficio de Pedro Sánchez, sumido en un tristísimo proceso de negociación con el separatismo repleto de concesiones indignas y silencios elocuentes.
Los abusos sexuales son siempre demasiados y, cuando tocan a los niños, todas las respuestas son pocas por definición. Pero tratar de vender la falacia de que solo ocurren en la Iglesia, donde en realidad son minoritarios; que además allí son masivos y que la respuesta de la institución ha sido inexistente es, por decirlo en una palabra, mentira.
Tanto la Conferencia Episcopal como el Vaticano han hecho un destacable esfuerzo para, a pesar de la demagogia y la persecución que impulsan esta causa desde ámbitos políticos y mediáticos, poner luz en la oscuridad de los delitos cometidos en su seno en el pasado y evitarlos en el futuro.
El Papa Francisco ha encabezado una auténtica cruzada, secundada por la Conferencia Episcopal, para destapar los delitos cometidos por religiosos, reparar a las víctimas, ayudar a la Justicia y frenar el lamentable fenómeno; con un esfuerzo evidente que se echa en falta en otros ámbitos donde se sufre esa misma lacra u otra también deplorable.
Nunca tiene un mérito especial hacer lo correcto, pero sí un valor: se pone fin a la impunidad, se lanza un mensaje necesario a la sociedad, se asume la culpa y se impulsa la restitución de los daños, algo poco habitual en organizaciones de todo tipo con historiales negativos de cualquier tipo a sus espaldas.
Que ante esas evidencias Gabilondo haya preferido estigmatizar a la Iglesia, con un sondeo que no respalda sus acusaciones y señala a otros círculos como epicentro de la pederastia, solo puede obedecer a un objetivo: desplazar la mirada de la oposición sobre el cambalache en ciernes de Sánchez con el separatismo y darle a la izquierda emocional para mantener prietas sus filas. Y entretenidas con una mentira cuya denuncia es tan necesaria como la de la propia pederastia.
Porque se trata de reparar a las víctimas, sean de quienes sean, no de utilizarlas espuriamente con fines políticos por una institución, el Defensor del Pueblo, que se suma así a la larga lista de servidoras de Sánchez antes que de los españoles y de España.
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