Un Gobierno contra media España
Sánchez nombra un Gobierno para atender a sus socios, cumplir las exigencias del separatismo y atacar a la parte de la sociedad que no acepta este espectáculo
Pedro Sánchez ha conformado un terrible Gobierno, por sectario y agresivo, que no atiende a las necesidades de España, en la misma línea por tanto que su propia Presidencia y con idénticos peajes, en al menos tres direcciones.
De un lado, atiende a un toque de corneta para movilizar a una pléyade de dirigentes leales que, sin ninguna formación ni competencia en la materia, ayuden a elevar y mantener su tono de confrontación, sin respeto por la gestión que técnicamente han asumido.
De otro, se atiene al reparto de carteras por cuotas, con arreglo al peso de su socio de coalición, contraviniendo la letra y el espíritu de la Constitución, que reserva en exclusiva al presidente la designación de ministros previa consulta con el Rey, que debe rubricar los nombramientos.
El espectáculo ofrecido al anunciar cada ministro como si fuera una especie de lotería, con los números premiados espaciados, unido a la flagrante anomalía de consentir que un tercero elija los titulares de las carteras en función de su posición en la alianza; contribuyen a devaluar la liturgia procedimental de la propia democracia, que ha de ser cuidada con celo por quienes ejercen en su nombre.
Y por último, obedece a la imperiosa necesidad de cumplir con las exigencias del independentismo, que no es un aliado de Sánchez, sino un mero usurero que intercambia favores de enorme enjundia: permite la existencia del propio Gobierno, inviable sin su respaldo, pero le pone un precio inasumible para España y sus principios constitucionales.
Unir las carteras de Presidencia y Justicia en Félix Bolaños, uno de los máximos colaboradores de Sánchez en la tarea de demoler la separación de poderes para adaptar a las necesidades de su jefe y los peajes de sus interventores, lanza un mensaje desasosegante para el futuro del Estado de Derecho, amenazado por un dirigente que nunca busca la legalidad de sus actos, sino la legalización forzosa de sus abusos.
Todo ello coloca a España en una delicada situación de excepcionalidad democrática en la que Sánchez, con nulo respeto por el principio de convivencia, ha decidido rodearse de fieles para desarrollar una política de choque, división y enfrentamiento que renuncia a liderar, o al menos respetar, a buena parte de la sociedad española.
Porque todos los pasos del ya investido presidente van en la dirección de blanquear sus nefandos acuerdos, negociados en el extranjero con líderes reclamados hasta ahora por la Justicia, y a la vez criminalizar a la oposición y a los millones de españoles de todas las tendencias políticas que no admiten el trágala; con una dialéctica frentista muy inquietante.
Sánchez está creando una España a su medida, ajena a la real, en la cual todas las instituciones y poderes constitucionales han de plegarse a sus intereses y, al mismo tiempo, ayudar a estigmatizar a los contrapoderes autónomos y a la crítica democrática, transformados irresponsablemente en una suerte de conspiración merecedora de hostigamiento, anulación y, tal vez, represión.
Sánchez no solo no aspira ya a gobernar para todos los españoles, dentro de unos parámetros legales que hasta ahora garantizaban la pacífica convivencia entre distintas orientaciones ideológicas, sino que lo hará para atacar, ofender y aislar a quienes no acepten su desvarío.
Es, simplemente, un impropio intento de blanquear sus impúdicas concesiones a los únicos enemigos reales que tiene España, verdaderos beneficiarios de la apuesta por la ruptura de un líder definitivamente irrecuperable frente al que solo cabe resistir y confiar en la fortaleza de la sociedad española.
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