No es ya el fiscal general, es el presidente del Gobierno

La constatación del que el fiscal general del Estado borró el contenido de su teléfono, cambió de terminal y eliminó su cuenta de correo electrónico personal justo después de conocer su imputación por el Tribunal Supremo solo puede sorprender a quienes, con infinita impostura, han saltado en defensa sectaria de un imputado por el grave delito de revelación de secretos, vértice de una inaceptable operación de derribo político de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo observador imparcial de los hechos con las pruebas ya conocidas ya era consciente del intolerable comportamiento de García Ortiz, más propio de un delincuente desesperado por borrar las huellas de sus posibles delitos que del representante de una de las más relevantes instituciones del Estado, encargada nada menos que de defender la justicia e impulsar la persecución de los delitos.

El nuevo oficio de la UCO demuestra, además, una frenética actividad telefónica del fiscal general en las horas previas y posteriores a la filtración, coincidente con la difusión parcial en varios medios de comunicación de documentos privados de la pareja de Díaz Ayuso y con la utilización de la documentación original desde la Moncloa, a donde solo pudo llegar desde la propia Fiscalía, responsable en todo caso de esa agresión a las garantías judiciales de un procesado, agravadas por el interés de servirse de ella para desatar una guerra sucia contra un adversario.

Todo ello haría inviable, sin duda, la continuidad de alguien como García Ortiz en un Estado de derecho sólido, en el que jamás se asaltaría la Justicia con delegados de un partido, caso de Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, ni se sostendría al frente de la acusación pública a un presunto delincuente con comportamientos probablemente ilegales sostenidos durante tanto tiempo.

Que España flaquea en términos democráticos es evidente por la protección y promoción del Gobierno de ambos personajes, lo que a su vez delata a Pedro Sánchez, verdadero responsable político de los abusos, excesos y silencios de quienes simplemente actúan a su servicio.

García Ortiz tiene derecho a un juicio justo, tanto como el tribunal que le ha encausado y cualquier otro a desarrollar su labor sin presiones políticas cercanas ya a la amenaza y la extorsión, pero la sentencia en términos éticos y estéticos ya es condenatoria e imposible de revocar.

También la de su promotor, un presidente del Gobierno incapaz de respetar la separación de poderes y dispuesto a alterarlo todo, bien para atacar a sus adversarios, bien para dotarse de una impunidad inviable en una democracia, generando un clima irrespirable que fractura al Estado y pone en solfa su independencia frente a cualquier proyecto político de aspiraciones ya casi totalitarias.

Si García Ortiz sobrevive, a un precio insoportable, es porque Sánchez le necesita, tanto para proteger su evidente participación en este montaje contra Ayuso cuanto para ayudarle en los que tal vez prepare para el futuro, en sintonía con un Tribunal Constitucional alineado en la misma escalada siniestra.