en primera línea Emilio Contreras

El último golpe de Estado con éxito lo dio la izquierda

¿Es que los autores del Proyecto de Ley de Memoria Democrática no quieren ver que la izquierda española no está libre de culpa en el horror de lo que ocurrió en los tres años de Guerra Civil?

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática, enviado al Congreso por el Gobierno, es un ejemplo de sectarismo porque no hay en el texto la menor alusión a la violencia en el sector republicano en los tres años de Guerra Civil. Valgan como ejemplo los hechos que aquí se describen.

Siete de la tarde del 5 de marzo de 1939 en el sótano del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá de Madrid. Allí están algunos de los miembros del recién creado Consejo Nacional de Defensa. Lo integran, entre otros, Julián Besteiro, catedrático de la Universidad Central y uno de los dirigentes históricos del PSOE; Wenceslao Carrillo, también dirigente socialista –padre de Santiago Carrillo, que en 1936 había abandonado las filas socialistas para ingresar en el Partido Comunista–, o Cipriano Mera, anarquista de larga militancia y entonces al mando del IV Cuerpo del Ejército Popular de la República. Preside el Comité el general José Miaja, jefe supremo del Ejército. Pero el hombre clave es el coronel Segismundo Casado, que había sido jefe de la Escolta del Presidente de la República y en esos momentos era jefe del Ejército Popular del Centro.

Julián Besteiro, envejecido y demacrado –hay una foto que se puede encontrar fácilmente en internet–, se coloca ante un micrófono por el que va anunciar el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Negrín, socialista como él y presidente del Consejo de Ministros de la II República desde mayo de 1937.

La discrepancia de fondo y el enfrentamiento de los sublevados con Negrín era radical desde comienzos de 1939. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa sostenían que la guerra estaba perdida para la República a partir de febrero, cuando cayó Cataluña. Para ellos no tenía sentido que siguieran muriendo españoles inútilmente, mientras que Negrín era partidario de continuar la guerra para enlazarla con la que iba a estallar en Europa, que él consideraba inminente. Pero solo contaba con el apoyo del Partido Comunista y del minoritario sector «negrinista» del PSOE. Con los sublevados estaban la casi totalidad de los partidos que integraron el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, más los anarquistas. El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, que en febrero había huido a Francia, era también contrario a seguir la lucha en una guerra que consideraba perdida.

Besteiro anunció la sublevación en un mensaje radiado, y el Consejo Nacional de Defensa ordenó tomar los edificios civiles y militares de Madrid. El 5 de marzo de 1939 comenzó una guerra civil dentro de la Guerra Civil. Tras una semana de duros enfrentamientos, los partidarios de Besteiro y Casado derrotaron a los de Negrín. El periódico El Socialista, controlado por los seguidores de Besteiro, celebró el éxito del golpe «como una victoria que impedía que la España republicana se convirtiera en una colonia soviética». El balance fue de unos dos mil muertos; no todos en la lucha, porque hubo tiempo para juicios sumarísimos como el del coronel comunista Luis Barceló, hecho prisionero por los sublevados, juzgado en un consejo de guerra, condenado a muerte por «rebelión militar» y fusilado por los seguidores de Besteiro y Casado el 24 de marzo de 1939. Cuatro días después, las tropas de Franco entraban en Madrid.

Negrín y sus colaboradores no esperaron a conocer el desenlace del golpe, y en la madrugada del 7 de marzo huyeron desde el aeródromo de Monóvar (Alicante) en tres aviones Douglas que los llevarían a Toulouse y a Argel.

Recuerdo estos hechos no porque ahora se cumplan 83 años del último golpe de Estado dado en España con éxito, sino para poner en evidencia el sectarismo que impregna el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya vigencia aspira a cubrir el tiempo que va desde el comienzo de la Guerra Civil, en julio de 1936, hasta la promulgación de la Constitución, en diciembre de 1978.

En el artículo segundo «se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936», pero nada se dice del golpe del 5 de marzo de 1939.

¿Es que sus autores no quieren ver que la izquierda española no está libre de culpa en el horror de lo que ocurrió en los tres años de Guerra Civil? Relean la carta que Indalecio Prieto escribió a Juan Negrín en julio de 1939 en la que afirmaba: «Pocos españoles de la actual generación están libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno». Peter Brown, uno de los más importantes historiadores vivos, afirmó en mayo del año pasado: «Peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar el resentimiento».

Cuando ahora se quiere ajustar cuentas con el pasado, conviene recordar lo que se hizo en los años de la Transición. Entonces el Gobierno de UCD, con el apoyo de la mayoría de los partidos, reintegró en los cuerpos de la Administración del Estado a los funcionarios que habían sido expulsados por motivos políticos al terminar la guerra, con la categoría, la remuneración y las pensiones, a ellos o a sus herederos, que les habrían correspondido de haber permanecido en sus puestos durante esos cuarenta años. Se devolvió a los partidos y sindicatos de izquierda los inmuebles que les fueron incautados, y cuando algunos de ellos habían sido demolidos o vendidos, se les compensó con edificios propiedad del Estado. A los familiares de quienes habían muerto por causa de la guerra, en cualquiera de los dos bandos, se les dio una compensación económica de cien mil pesetas.

La mayor prueba de que lo que acabo de recordar es cierto es que en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática se propone la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales de excepción tras la guerra y la posguerra, pero se añade que la anulación no dará lugar «a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional». Eso sí, se reconoce «el derecho a obtener una declaración o reparación personal». Ahora ofrecen un papel cuando hace más de cuarenta años se indemnizó con dinero contante y sonante.

Lo que se hizo en los años de la Transición sí fue memoria democrática.