17 de agosto de 2022

En primera líneaMelitón Cardona

Un libro inoportuno y nada diplomático

Si el Ministerio no se responsabiliza de lo que tenga a bien difundir urbi et orbe una funcionaria en activo sujeta a su disciplina, ¿de qué se responsabiliza?

A finales de septiembre está prevista la publicación por la editorial Deusto de un libro titulado 55 días en Kabul del que es autora la diplomática en activo Paula Sánchez Díaz, secretaria de Embajada y antigua número dos de nuestra embajada en la capital afgana.
Según el digital The Objective, nuestro antiguo embajador en Kabul, Gabriel Ferrán, se ha sentido obligado a alertar al Ministerio de Asuntos Exteriores ante determinados contenidos del citado libro, señalando que «una parte del texto supone un riesgo para la Administración española al describir con pelos y señales el funcionamiento de la embajada española, los debates internos y las conversaciones con el Ministerio, el contenido de reuniones de coordinación con otros aliados, así como detalles operativos sobre la base militar y la misión OTAN en Kabul que desembocó en la retirada occidental que lideró EE. UU.». Nada menos. Ferrán añade que su antigua subordinada transcribe «múltiples reuniones con embajadas extranjeras en Kabul o con mandos de la base militar, detallando puntualmente las intervenciones de los participantes, algunos de los cuales se citan con nombre y apellido, y otros perfectamente identificables por el cargo que ocupan». También señala que la diplomática pretende publicar «una multitud de detalles operativos, no sólo de la actuación de los funcionarios de este Ministerio, sino también de los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, todos los cuales tuvieron que hacer frente a situaciones excepcionales, no siempre contempladas en los procedimientos o las órdenes que traían». Se refiere a los GEO destinados en Kabul y a los militares que el Gobierno envió para proteger a los que querían huir del país. «La publicación de este relato, en los términos en los que está redactado y revelando aspectos internos de una operación extremadamente sensible, supone un riesgo para la Administración española», hace hincapié Ferrán en su correo. «Además, y este sí es un punto sobre el que me gustaría insistir de modo particular», alerta el exembajador, «puede entrañar también consecuencias concretas, a título individual, para los muchos funcionarios que, en Madrid o Kabul, tuvieron que adoptar decisiones muy difíciles en aquellos momentos». Por ello, pide a sus superiores en Exteriores que se inste a la autora del libro «dentro de los mecanismos legales establecidos» a que «elimine del texto que vaya a publicar todos los aspectos internos sobre hechos que conoció por su condición de servidora pública y que pueden suponer un riesgo para todos los que participamos en esta operación».
La primera reacción de Exteriores ha sido la que cabe esperar de un Ministerio cada vez más embarcado en una deriva hacia la irrelevancia. Ha hecho hincapié en que el libro «no es un encargo de Exteriores» (sólo faltaría que lo hubiera sido) y en que se trata de «una iniciativa personal de la autora y el Ministerio no se responsabiliza de su contenido». Si el Ministerio no se responsabiliza de lo que tenga a bien difundir urbi et orbe una funcionaria en activo sujeta a su disciplina, ¿de qué se responsabiliza? Además y para empezar, el Ministerio es responsable de haber cometido el grave error de destinar a un puesto sensible como Afganistán (una embajada bipersonal) a una funcionaria recién ingresada y, por tanto, inexperta que, en ausencia del embajador, se convirtió en encargada de negocios ad interim y responsable única de la representación diplomática. También es responsable de haber alentado un erróneo feminismo hasta el punto de que nadie le corrigió ni siquiera cuando se dedicó a airear la flagrante falsedad de que «era la primera diplomática española en Afganistán», cuando lo cierto es que la primera fue una compañera suya que, habiendo podido cesar en el puesto tras un periodo de dos años, prolongó voluntariamente su estancia un año más.
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Lu Tolstova

El artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los empleados públicos deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad… Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos y el 53.12 del mismo texto preceptúa que «guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público». Por otra parte, el artículo 417 del Código Pena1 establece que «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
Ahora bien, más allá de las consideraciones jurídicas están las simplemente profesionales: todos los diplomáticos hemos tenido conocimiento de múltiples temas que, sin poder considerarse estrictamente sometidos a reserva jurídica, nos hemos abstenido de divulgar en virtud de la disciplina, la profesionalidad, la obligación que nos ha impuesto el sentido común y el respeto a la reserva propia de nuestra función al servicio del Estado. Parece que todas estas consideraciones se han extraviado por el camino que conduce a una infantil exaltación del ego.
Por último, quiero señalar que llueve sobre mojado al tratarse de un nuevo caso susceptible de volver a poner en entredicho nuestra fiabilidad ante nuestros socios y aliados, poniendo de manifiesto datos y consideraciones que les afectan directamente. En resumidas cuentas, un nuevo despropósito de nuestro servicio exterior que añadir a una ya larga lista.
  • Melitón Cardona es ministro plenipotenciario jubilado
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