en primera línea Jose Antonio García-Albi Gil de Biedma

Puedo escribir los pensamientos más relevantes esta noche

La verdad, en suma, es una garantía para la democracia y los atentados cometidos contra nuestro derecho a ella, es razón obligada y suficiente para enviar ya mismo, al Gobierno central y a otros regionales al juzgado

Los puedo escribir porque vamos a hablar ahora, usted y yo, de un asunto de importancia mayúscula; nuestro irrenunciable y vital derecho a la verdad. Y es que el problema de las constantes y graves mentiras del «delincuente floreado», las del Gobierno que preside, además de las de sus socios comunistas y nacionalistas, no se resuelve limitándonos a llamarles a todos ellos Pinocho. Hablamos de un derecho que se nos está hurtando y sin el cual nada humano puede funcionar. Sin verdad no hay ni justicia, ni democracia, ni historia, ni futuro halagüeño. La principal actuación de un tribunal es aportar la verdad probada respecto a unos hechos, para actuar con ellos de acuerdo a las leyes. Primero obtener la verdad y después impartir justicia. Es, por lo tanto, irrenunciable porque tiene un enorme fin social en sí mismo. Es por esto que cuando un partido político intenta controlar a los jueces, lo que busca es introducir la falsedad y la ensoñación en los procedimientos judiciales. La verdad es una de las garantías de los ciudadanos para el correcto funcionamiento de un Estado de derecho.

Tenemos ahora una lluvia de derechos colectivos que nos son impuestos como dogma sin reflexión ni discusión alguna; palabrería woke. Califican como tales, cosas que nos son nada más que el normal ejercicio del libre albedrío de las personas. Todo derecho, para serlo, lleva implícitos unos deberes. Por ejemplo, mi derecho a la propiedad privada implica mi obligación de no robar ni ocupar. El correspondiente al sufragio lleva consigo el deber de respetar el resultado. El inalienable derecho de los ciudadanos a la verdad, tiene como inherente la obligada reprobación de la mentira. En alguno de estos nuevos, como el supuesto derecho al aborto, no encontramos el deber correspondiente por ninguna parte y sí una colisión con el universal a la vida. Este súbito interés por hacer una guerra santa en defensa de hipotéticos derechos, contrasta con el desprecio de muchos políticos al imprescindible que tenemos a la verdad.

El «delincuente floreado» no ha dicho nada más que una cosa cierta y lo hizo al cometer la infamia de contarnos que iba a manejar a la fiscalía a su antojo; pues ya está. Nos han mentido sobre la pandemia, sobre los fallecidos, mentiras sobre las maletas de la Delcy, sobre el comité de expertos, falsedades sobre los pactos con los etarras, la economía… No sólo han mentido en todo, ni se han limitado e negarnos la integra y veraz información; es que han entronizado la mentira por ley. Leyes que como la de violencia de género presume una culpabilidad sin proceso probatorio. Como la que nos impone una falsa historia que, además de dejar en el paro a los historiadores, persigue el desvío de enormes fondos monetarios a instituciones y chiringuitos que serán los que construyan una enorme trola para tapar el terror impuesto por la izquierda en la II República, por ETA más tarde y de paso enterrar la Transición. Leyes que desconocen la verdad desde su exposición de motivos hasta su más pequeña y última aplicación. Estos tíos no sólo acaban con el país; van a terminar con la verdad ya que los delincuentes precisan de la mentira para tapar sus acciones.

No, no es baladí para el ciudadano contemplar permanentemente el enfangado entorno en el que nos hacen vivir. No es neutro el hecho de no conocer los gastos de un avión, de ignorar lo ocurrido con Marruecos y un teléfono, con el jefe del Polisario o de no saber los datos reales de la contabilidad y la economía nacional tras el acoso al INE, por ejemplo. Nada de lo que nos llegue con falsedades desde el Gobierno y partidos es inofensivo. Al fin y al cabo vemos como todas las actuales e inhumanas dictaduras hispanoamericanas han llegado al poder y se han perpetuado con mentiras primero, con leyes de falsos basamentos después y con represión más tarde.

Los ciudadanos, que ya somos víctimas de una incautación fiscal de imposible justificación, no debemos consentir que se nos robe un derecho tan vital. En nuestra vida personal no solemos tolerar que se nos mienta, que se nos trate de tontos y encima que paguemos la cama; no es comprensible que cuando lo hacen unos políticos miremos para otro lado. Con la verdad se pueden garantizar los derechos fundamentales de los españoles, sin ella es difícil. Digamos la verdad en alto: No, no es cierto que el ejecutivo pueda gobernar y legislar contra la unidad nacional y contra nuestro idioma.

De la misma manera que la firma de un contrato mediante fraude o engaño convierte a este en inválido por un vicio en el consentimiento; los ciudadanos tenemos derecho a votar con la honesta y veraz información por delante. Votar con engaños y falsedades podría suponer unos resultados electorales ilícitos, por haberlo hecho con un consentimiento viciado. Es evidente y necesario que para trabajar en la recuperación de la verdad, Núñez y Abascal o Abascal y Núñez, tendrán que cambiar muchas cosas sustanciales más allá de una mera y simple alternancia en el Gobierno.

La verdad, en suma, es una garantía para la democracia y los atentados cometidos contra nuestro derecho a ella, es razón obligada y suficiente para enviar ya mismo, al Gobierno central y a otros regionales al juzgado. Eso sí, que lo hagan en autobús, con mochilita y cantando aquello de …vamos a contar mentiras tralará, vamos a contar mentiras…