La narco-dictadura comunista-chavista al desnudo

Hay complacencias que son imperdonables. Resulta absolutamente vergonzoso constatar cómo ciertos países, partidos políticos y personajes públicos –o que pretenden serlo– mantienen una indulgencia casi obscena con uno de los regímenes más execrables y criminales del siglo XXI: el chavismo, hoy devenido en una narco-dictadura en toda regla.

Desde la primera victoria electoral de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998 –esa sí que fue clara, limpia y sin trampas, no así las siguientes, todas ellas, como poco, manipuladas o amañadas– Venezuela fue secuestrada por una organización ideológico-criminal de dimensiones colosales. La magnitud de su aparato de represión, propaganda y latrocinio solo es comparable con la inmensidad de la tragedia infligida a su pueblo. No se trata de un accidente de la historia ni de un mal gobierno; es el proyecto deliberado de una mafia. Como sentenció Moisés Naím en Foreign Affairs: «Venezuela pasó de ser una democracia imperfecta a un Estado mafioso».

Resulta de una gravedad extrema que incluso entre algunos opositores al chavismo se intente trazar una línea de diferencia entre Chávez y Maduro, un ejercicio que no hace más que blanquear al artífice de la catástrofe. Pretender que la caterva mafiosa y comunista que hoy oprime Venezuela es un accidente ligado únicamente a Maduro implica, contrario sensu, que con Chávez vivo el régimen habría sido distinto. Nada más alejado de la realidad. Chávez era más brutal, mucho más ideologizado, infinitamente más carismático y astuto que su sucesor. Creer que habría evitado la degradación es una falacia peligrosa: Maduro no es la degeneración del chavismo, sino su consecuencia inevitable. La matriz criminal y narcotraficante estaba ya incubada en su proyecto desde los primeros años.

La banda chavista, con ejército, servicios de Inteligencia, policía, administración y partido único, está enteramente al servicio de la opresión, del crimen organizado y del enriquecimiento obsceno de su cúpula. Han perpetrado crímenes horrendos contra su propio pueblo, arruinando un país rico –riquísimo– con las mayores reservas de petróleo del mundo y las segundas de gas. Pdvsa, joya de la corona venezolana, fue destrozada. De ser un ejemplo de gestión profesional pese a la corrupción endémica de la democracia previa, hoy yace convertida en una caja chica del régimen, saqueada por militares, políticos y testaferros. Como señaló Ricardo Hausmann, exministro y profesor en Harvard, «la destrucción de Pdvsa es el mayor caso de suicidio corporativo inducido por la política en la historia moderna».

La magnitud de la tragedia humana es apabullante. Este régimen implacable ha provocado el mayor éxodo del siglo XXI: más de ocho millones de venezolanos forzados a abandonar su patria, según Acnur, superando los flujos de Siria o de los Grandes Lagos africanos. Ninguna otra catástrofe política ha provocado semejante desgarro en tan corto tiempo. La incompetencia, la ignorancia, la crueldad y la avidez depredadora de sus dirigentes no tienen paralelo en las últimas tres décadas.

Frente a este desastre, Occidente, como tantas veces, se ha dividido en bandos vergonzantes: los que apoyaron abiertamente a la mafia chavista; los que se aprovecharon de ella sin estar de acuerdo del todo; los que se oponían de boquilla; y una minoría —esa que gritamos en el desierto desde hace 27 años— que denunciamos la bestialidad, el latrocinio y la corrupción sistémica.

Sin el sostén del narco-chavismo, antes petrolero y ahora delincuencial, la dictadura cubana habría visto su final hace años. Y sin ese eje, el auge de la extrema izquierda rampante en Iberoamérica y en otros lugares, incluida España, no habría tenido la misma intensidad ni garra. Decenas de millones de seres humanos serían hoy libres. La responsabilidad moral de quienes han apoyado, justificado o se han beneficiado de esta banda de forajidos disfrazados de gobierno es inmensa. Han sido cómplices del secuestro de la soberanía de treinta millones de venezolanos.

Como europeos, hemos criticado políticas de Washington que chocaban con nuestros intereses, pero conviene reconocer la firmeza frente al chavismo mostrada por la Administración Trump. Fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, en gran medida, diseñó la estrategia de cercar a la narco-dictadura. El control marítimo del Cartel de los Soles –esa monstruosa maquinaria de narcotráfico dirigida por militares venezolanos– puede por fin tener los días contados. Como señaló Douglas Farah, investigador del National Defense University, «el Cartel de los Soles es la mayor empresa criminal de América Latina, protegida por el Estado venezolano».

No puede pretenderse la condición de Estado legítimo y soberano cuando se comercia con la muerte de millones a través de la droga. No puede ser considerado miembro respetable de la comunidad internacional quien promueve a la izquierda radical en el mundo, heredera del comunismo más sanguinario. Tampoco quien se alía a muerte con la dictadura cubana, con los grotescos tiranos Ortega en Nicaragua, o quien actúa como agente del régimen iraní en el hemisferio occidental. El chavismo es el epicentro de un eje de desestabilización que va de Teherán a La Habana.

El día que Venezuela recupere su libertad será de trascendencia mundial. No solo será alegría y alivio para los venezolanos: será la caída de una de las maquinarias de opresión, crimen y narcotráfico más repugnantes del siglo XXI. Como advirtió Václav Havel, «la indiferencia hacia el mal es más insidiosa que el propio mal». Y demasiada indiferencia ha rodeado a Venezuela.

La narco-dictadura comunista-chavista es una mezcla letal de ideología, crimen y represión. Ha devastado un país riquísimo, ha sembrado dolor en su pueblo y ha contaminado el hemisferio. Su final será motivo de celebración universal. Hasta entonces, quienes seguimos denunciando esta ignominia tenemos la obligación moral de no callar.

Gustavo de Arístegui San Román es diplomático y fue embajador de España en la India