Regenerar la política: una llamada al despertar de la sociedad civil

Ha llegado el momento de un alzamiento cívico sereno, organizado, democrático. Pero firme. No se trata de soñar con utopías ni de agitar fantasmas, sino de asumir una responsabilidad histórica: regenerar la vida política desde la base, desde la sociedad civil. El reciente retroceso de España en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, donde ocupa el puesto 46 de 180 países, debe entenderse como una señal de alarma. Nunca en tres décadas había registrado una puntuación tan baja: 56 sobre 100. Hoy es peor.

Este dato refleja un deterioro estructural. En el seno de la Unión Europea, España ha caído al puesto 16 de 27, siendo superada por Letonia, Eslovenia y empatando con países como Chipre o la República Checa. El informe de Transparencia Internacional subraya la falta de reformas, la inacción ante las directivas europeas y la ausencia de una estrategia nacional contra la corrupción.

Y, sin embargo, la corrupción en España no es una desviación ocasional del sistema, sino el sistema mismo. Como escribió el periodista Joaquín Estefanía: «En España, lo anómalo no es la corrupción, sino que se descubra». Los casos Koldo, Ábalos, Santos, los problemas en el entorno familiar del presidente, la expresidenta de ADIF, los contratos opacos en Carreteras o las designaciones por afinidad personal, son apenas síntomas visibles de una patología institucional mucho más profunda.

La partitocracia ha sustituido a la democracia. Pedro Sánchez no solo no ha combatido este sistema, sino que lo ha radicalizado. La colonización del Tribunal Constitucional, la manipulación del CIS por parte de José Félix Tezanos o el nombramiento de cargos técnicos por afinidades partidistas, no por competencia, son ejemplos de un poder que ha perdido todo contrapeso.

Como afirmó el politólogo Guillermo O'Donnell: «la democracia no es solo elección de representantes, sino el control efectivo del poder por parte de la ciudadanía». En España, este control ha sido desplazado por un sistema de reparto de poder entre partidos que gobiernan las instituciones como feudos particulares.

La corrupción estructural va mucho más allá de las comisiones ilegales. Se manifiesta en la captura del Estado por los partidos, en el uso de recursos públicos para intereses particulares y en la imposibilidad de rendición de cuentas real. Según el Eurobarómetro 2022, el 58% de las empresas españolas consideran la corrupción un obstáculo para hacer negocios, frente al 34% de media en la UE.

Ante este panorama, es necesario llamar a construir una ética pública de las virtudes y, junto con ella, porque siempre tendrá un efecto a largo plazo, nos urge adoptar medidas para regenerar la política ahora, algo que está a años luz del parto de los montes que presentó Sánchez en el Congreso ante la aceptación mezquina de la mayoría. La historia enseña que, sin un sistema que limite el poder y lo someta a escrutinio ciudadano, la decencia individual se disuelve en la lógica del aparato.

La experiencia estadounidense de inicios del siglo XX puede servirnos de referencia. Allí, el periodismo de denuncia y la presión de la opinión pública impulsaron reformas institucionales profundas. Obras como La vergüenza de las ciudades, de Lincoln Steffens o La jungla, de Upton Sinclair, no solo sacudieron conciencias, sino que forzaron a los poderes públicos a actuar.

Inspiradas por esa energía cívica, surgieron en EUA mecanismos democráticos como la iniciativa legislativa popular, el referéndum vinculante, la revocación de mandatos o la elección directa de senadores. Reformas que buscaban reequilibrar el sistema y devolver la soberanía efectiva al ciudadano.

La referencia a Estados Unidos es útil como ejemplo de la necesidad de un gran impulso cívico para conseguir medidas concretas más allá y fuera de los partidos políticos. Medidas, como, en nuestro caso, y cito a título sugeridor, la separación efectiva entre cargos políticos y técnicos, nombramientos basados en méritos y mandatos desvinculados del ciclo electoral, el nombramiento por mayorías cualificadas por el Congreso y el Senado de cargos en instituciones necesariamente independientes, la garantía del cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Gobierno, la efectividad de la rendición de cuentas y la transparencia, la introducción de mecanismos de participación directa, como referendos de leyes y de revocación. Revolución sería la eliminación de subvenciones públicas automáticas a los partidos y la sustitución por el apoyo del contribuyente en la declaración de IRPF. Esto equivaldría a un examen anual de la ciudadanía.

Pero nada de esto será posible sin una organización previa. El primer paso, porque un primero debe de existir, puede ser una Conferencia Cívica de Regeneración Política, cuya tarea inicial se concretará en tres puntos: A) Reclamar como condición necesaria la convocatoria de elecciones generales, indispensables para abrir una nueva etapa. B) Lanzar un manifiesto público que convoque a los ciudadanos a ejercer su soberanía y su responsabilidad cívica. C) Trazar una esbozo de hoja de ruta basada en una estrategia de acumulación gradual de fuerzas con objetivos claros y fases escalonadas.

En palabras de Hannah Arendt: «el poder pertenece al pueblo solo mientras este se mantenga organizado». La regeneración política no vendrá de los partidos ni de los gobiernos. Vendrá, si acaso, de una sociedad civil que decida dejar de ser espectadora y recupere su protagonismo. Si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos libres, nadie lo hará.

Josep Miró i Ardèvol es presidente de e-Cristians

@jmiroardevol