Un Gobierno ilegítimo

Al valorar la situación de nuestra democracia tengamos clara la realidad: lo formalmente legal puede ser ilegítimo. Lo es el Gobierno de Sánchez, tras la ratificación por la militancia de Junts de la ruptura del pacto de investidura, y el anuncio del presidente de su continuidad política, que choca con un sistema parlamentario normal y sería inconcebible en cualquier democracia

Para llegar a esa conclusión asumamos algo objetivamente cierto: la capacidad del Ejecutivo emana del Parlamento. La Constitución en su artículo 1º, entre otras cuestiones, manifiesta: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Cuando el presidente del Gobierno señala que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento está negando la propia legitimidad de su propósito. Hasta ahora ha gobernado gracias a alianzas con minorías indudablemente hostiles a la Constitución y a uno de sus pilares fundamentales: la unidad nacional. Eran decisiones legales, aunque dudosas y desde luego arriesgadas. El Gobierno ya no cuenta con los apoyos necesarios, y ha pasado de la controvertida legalidad a la ilegitimidad.

El Gobierno, convertido en ilegítimo, no puede cumplir sus funciones. Están pendientes importantes leyes para el sanchismo, que ya podrían no aprobarse, como la que asigna el procedimiento judicial a los fiscales, o sea al Gobierno, como se comprueba en el juicio a García Ortiz en el que la Fiscalía actúa como defensora al unísono de la abogacía del Estado. Y Sánchez insiste en llegar hasta 2027. ¿Cómo? ¿A la venezolana? No creo que Junts incumpla su decisión de ruptura porque lo hace, sobre todo, desde el temor al ascenso de Aliança Catalana que le pisa los talones.

Sánchez venía corrompiendo hábilmente el parlamentarismo constitucional, ya que con su afán desbordado de mantenerse en Moncloa dio a minorías concretas, y con singular protagonismo a las inequívocamente antiespañolas, un peso político que no se correspondía con sus apoyos electorales. Su camino ya se apuntaba cuando Sánchez proclamó en la noche electoral, rodeado de sus palmeros más íntimos, entre ellos Cerdán, aquel «somos más» que suponía arrogarse haber ganado las elecciones cuando las había perdido. No tenía precedentes y evidenciaba una puñalada a los usos democráticos: mantenerse en el poder a cualquier precio, y descartar la alternancia, esencia de la democracia.

Cuando Sánchez consiguió para su Gobierno el apoyo de formaciones a cuyo conjunto calificó como «gobierno progresista» o «coalición progresista», que constituían partidos de hecho ideológicamente incompatibles, desde las derechas nacionalistas más rancias a las izquierdas históricamente más radicales, sabía que detrás de esos votos de investidura fluía una estrategia de chantajes, concesiones, renuncias, y apuestas por la desigualdad de los españoles. Todo lo aceptó, burlando la Constitución, como con la amnistía. Y en perjuicio del interés general de los ciudadanos y del beneficio de la nación. Pero a Sánchez que le vaya mal a España no le preocupa ni tampoco la consideración exterior, ya bajo mínimos, de esta vieja nación. Se interesa sólo por él, por su permanencia, y cada vez más medroso por su futuro incluso penal.

Sánchez supone hoy un grave riesgo para la democracia. Se aferra al poder no para afrontar los problemas de los españoles, ni siquiera de esa mitad, los suyos, desde el muro que él mismo levantó y habrá que derribar. No tiene mayoría, ni Presupuestos, ni podrá aprobar leyes, ni se sujeta a las reglas más elementales del parlamentarismo. Gobernar sin Parlamento nos convertiría en una autocracia sin paliativos, en una Venezuela en la vieja Europa. Peligra la convivencia, una vez enterrados por Sánchez y sus socios los compromisos de la Transición que pasó página desde amplios consensos, que ahora comprobamos dejaron abiertos aspectos importantes que, confiando en que nunca se produciría una situación como la que vivimos, no se afrontaron entonces ni se contemplan en la Constitución.

De este tiempo amargo quedarán como señas de identidad la mentira generalizada y la corrupción interminable, que el Gobierno trata sin éxito de esconder. Que la mentira, aunque se identifique, lleve al ciudadano a no creer en nada: «mienten todos» se desea que piensen. Mientras, Ferraz considera que la corrupción no pasa factura política: «todos los partidos caen en ella» proclaman sus medios sumisos y bien retribuidos. Y los sindicatos calladitos y poniendo la mano para cobrar su silencio. Cuando cambie el signo ideológico inundarán las calles y convocarán huelgas, pero sin credibilidad.

El sanchismo es extremismo de izquierdas. El propio Sánchez se consideró públicamente sucesor de Largo Caballero, «el Lenin español», que dio un golpe de estado y anunció que habría que ir a la guerra civil si la derecha ganaba las elecciones de 1936, que no pocos historiadores consideran un pucherazo, sobre todo tras el hallazgo de los llamados «papeles de Alcalá Zamora». El sanchismo ataca a los medios no afines y a los jueces que llevan causas en las que se ven afectados los suyos, y controla empresas e instituciones cuando le conviene. Esta actitud no es nueva en el socialismo de izquierda radical si nos remontamos a los años anteriores a la guerra en los que, además, crecieron la violencia y los enfrentamientos políticos, con un balance de alrededor de 3.000 muertos, en un clima de terror desde la más funesta intolerancia.

La salida democrática es que Sánchez se someta a la cuestión de confianza o convoque elecciones. En una muestra más de cinismo y mentira, el Gobierno pide elecciones en Valencia, mientras huye de las generales. Confío en que la oposición no caiga en una nueva trampa y se deje de guerritas absurdas cuyo beneficiario es Sánchez.