País Vasco, prioridad nacional
No es de recibo que el 40 % de los crímenes de la banda terrorista ETA no hayan sido juzgados o que los terroristas sean homenajeados impunemente al abandonar la prisión, igual que no puede permitirse que ninguno haya abonado la responsabilidad civil a la que el Estado hizo frente en su momento de manera subsidiaria
Hace un par de semanas terminaba mi último artículo preguntándome si el nuevo gobierno que suceda al de Pedro Sánchez, será capaz de establecer un plan que revierta el sentimiento antiespañol existente en el País Vasco. Las agresiones sucedidas en Bilbao, San Sebastián y Vitoria a quienes disfrutaban en la calle de la final del Mundial del futbol y la celebración del triunfo de España, son un síntoma más de la necesidad de tomarse en serio este propósito. Por si alguien, con mando en plaza en el PP o en Vox, leyera este artículo y considerara oportuno tomarse en serio su puesta en marcha, aquí van algunas propuestas que considero esenciales para intentar remediar la situación a medio o largo plazo. No está garantizado el éxito, pero lo que asegura el fracaso es seguir, como hasta ahora, sin hacer absolutamente nada en defensa de la españolidad de las provincias vascongadas. Seamos sinceros, episodios como los de la selección son el resultado del odio que muchos vascos sienten por España. Será difícil transformar ese sentimiento en afecto, pero lo que es posible, y debe ser prioridad nacional, es convertirlo, al menos, en respeto.
En nuestro caso el orden de los factores tampoco altera el producto, las medidas pueden aplicarse correlativa o simultáneamente, pero todas sin excepción. Estas son algunas de ellas. En el ámbito educativo es urgente activar la Alta Inspección de Educación que, aunque existe nominalmente, apenas ejerce labor alguna. En las comunidades con otra lengua cooficial, el Gobierno de España tiene capacidad para determinar el 50% del currículo en la enseñanza primaria, historia de España incluida, póngase pues a ello y supervíselo la Alta Inspección. La educación es la clave para corregir el lavado de cerebro puesto en marcha por el separatismo hace más de cuarenta años, hay que devolver la verdad y la normalidad a nuestras aulas. Tampoco es de recibo que el modelo A –enseñanza en castellano y el vascuence como asignatura– haya desaparecido de facto en la enseñanza pública resultando imposible encontrar un centro que oferte la matrícula en castellano. El modelo existe en algunos centros privados concertados, pero acabamos de ver en la última prueba de acceso a la universidad, cómo son represaliados aquellos alumnos que optaron por él.
Resulta también un escándalo que la Universidad del País Vasco haya decidido eliminar para el próximo curso carreras en castellano con una demanda inferior a veinte alumnos cuando la misma exigencia no se plantea para las ofertadas en vascuence. Probablemente arbitrariedades como esta son consecuencia de la creación de cátedras como, y no es broma, la de «Justicia sociolingüística» que comienza a funcionar en septiembre.
En materia cultural está también casi todo por hacer, la cultura vasca que hoy se promociona es ajena a cualquier connotación que tenga que ver con lo español. Solo lo arcaico y lo rural parece digno de ser promovido, especialmente si se hace en la que parece ser la única lengua merecedora de protección, el vascuence. Da igual el ámbito al que nos refiramos, cine, literatura, música… cualquier rama asociada al arte ha sido colonizada por el separatismo. Mención aparte merecen los medios de comunicación, empezando por la radiotelevisión pública vasca y terminando por el diario más vendido en el País Vasco. No existe hoy ningún medio que defienda en esta tierra ni su españolidad ni la fe católica frente a la propaganda y el adoctrinamiento separatista. Alguien deberá atreverse a hacerlo, mucho huérfano político está deseando que esto ocurra.
En materia financiera tiene que afirmarse sin complejos que el actual sistema de financiación existente en el País Vasco es insolidario con el resto de regiones de España. Los vascos podemos sostener nuestra autonomía gracias a las aportaciones de la hacienda común. Ya he recordado otras ocasiones que solo el déficit de las pensiones vascas supone aproximadamente el 40 % del presupuesto del Gobierno Vasco. Si el concierto económico, por mor de la disposición adicional primera de la Constitución resulta intocable, lo que deberá hacer un nuevo Gobierno en la nueva ley quinquenal del Cupo que toque aprobar, es fijar su importe no a conveniencia de los deseos del nacionalismo gobernante, sino aplicando la solidaridad interterritorial que también proclama nuestra Constitución en sus artículos, 2, 138 y 158 y que no son de menor valor que la disposición adicional citada.
En materia de víctimas del terrorismo, que no es una cuestión menor por mucho que ETA no mate desde 2010, es intolerable que los presos de la banda terrorista estén siendo amnistiados por el Gobierno Vasco con unos beneficios penitenciarios otorgados de manera fraudulenta mediante prevaricaciones de libro. No es de recibo que el 40% de los crímenes de la banda terrorista ETA no hayan sido juzgados o que los terroristas sean homenajeados impunemente al abandonar la prisión, igual que no puede permitirse que ninguno haya abonado la responsabilidad civil a la que el Estado hizo frente en su momento de manera subsidiaria. Es humillante también que quienes han sido condenados por delitos terroristas no hayan sido inhabilitados de manera permanente para cargo público, como tampoco es comprensible que una coalición electoral formada por partidos creados por la banda terrorista ETA esté presente con absoluta normalidad en todas nuestras instituciones.
Hasta aquí algunas de las propuestas que considero más urgentes para desmontar el constructo creado por el nacionalismo. Soy consciente de la dificultad, pero las empresas más difíciles acaban siendo posibles cuando se tiene lo más importante: voluntad para ejecutarlas. Por cierto, esto que acabo de proponer para el País Vasco, con ligeras variaciones, podría ponerse en práctica en otros dos territorios necesitados de recetas similares: Cataluña y Navarra.
- Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco)