El voto de los desterrados vascos

El 21 de abril de 2024 se celebraron las últimas elecciones al parlamento vasco, PNV y Bildu empataron a 27 escaños si bien el primer partido obtuvo 372.456 votos frente a los 343.609 del segundo. Esta tendencia creciente de Bildu, viene repitiéndose elección tras elección –con la salvedad de que en las elecciones municipales de mayo de 2023 la coalición heredera de ETA ya obtuvo más concejales que el PNV, 1050 frente a 981–. No quiero opinar hoy sobre las razones de este escenario, derivado sin duda del blanqueamiento social y político del partido de la banda terrorista. Lo haré sobre el censo electoral que ha contribuido a provocar tan preocupante situación. Si no se toman las medidas adecuadas, este censo adulterado será el que en 2028 lleve a Bildu a presidir el Gobierno Vasco con el apoyo del partido socialista.

Este censo tiene truco. Entre los años 1980 y 2000, 157.417 personas abandonaron el País Vasco para establecer su residencia en otras provincias españolas. No es un dato inventado, puede consultarse en el informe elaborado en 2007 por la Fundación BBVA titulado «Evolución de la población española en el siglo XX» dirigido por Julio Alcaide Inchausti. Otro informe elaborado por CEU-CEFAS en mayo de 2023 incide en una cifra similar analizando las razones de la diáspora. Este último expone que un porcentaje elevadísimo de esa expulsión fue provocada por el terrorismo de ETA, sus asesinatos y su chantaje a los empresarios, unido la asfixia política provocada por las políticas identitarias, especialmente la lengua, del nacionalismo vasco.

Por razones obvias a nadie se le escapa que los desterrados a la fuerza fueron fundamentalmente votantes del centro derecha español. A esta anomalía que tanto favorece al separatismo, hay que añadir otra circunstancia que también se puso en marcha pensando en su beneficio. El artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía Vasco establece lo siguiente «los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española». Este artículo se aprobó pensando sobre todo en los exiliados tras la Guerra Civil, asistimos así a la paradoja de que un señor que vive en Buenos Aires y no ha pisado nunca el País Vasco, puede votar en las elecciones autonómicas, pero un exconcejal del PP en San Sebastián que dejó su ciudad por las amenazas de ETA y vive en Madrid, no tiene ese derecho.

Por si esto fuera poco, la ley 20/2022 de memoria democrática contempla en su disposición adicional octava que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española…». Vamos, que estos también tienen derecho a ejercer el voto que se les niega a los expulsados por el terrorismo de ETA.

Finalizo ya. En 2012 el Gobierno del PP, consciente de la injusticia, encargó un dictamen al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para resolver este déficit democrático existente en el País Vasco. El informe se elaboró, pero nada se hizo al respecto, tras el entusiasmo inicial faltó después el coraje necesario para implementarlo. Hoy, tras aquel intento fallido y vista la deriva del País Vasco, es más urgente que nunca abordar la reforma legal que devuelva el equilibrio al adulterado censo vasco. Si el gobierno que sustituya al actual no establece como prioridad este objetivo, sobraran los lamentos cuando el brazo político de ETA alcance el poder.