Ceuta y Melilla, deriva sin fin

Desde que el 31 de julio de 2018, un mes después de la llegada del presidente Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Marruecos implantara unilateralmente, el cierre de la aduana comercial entre España y Marruecos en el paso fronterizo de Beni Enzar, en Melilla, hasta el asalto de la pasado semana de la ciudad de Ceuta por un número de inmigrantes que se cifra en el entorno de las 70.000 personas, la sucesión de los incidentes en las fronteras entre España y Marruecos en ambas ciudades sólo puede calificarse como de una deriva sin fin. Al menos de momento.

El 31 de julio de 2018 el Gobierno de Marruecos decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial en la frontera internacional de Beni Enzar en la ciudad de Melilla, con el consiguiente perjuicio para la estabilidad económica de la ciudad española en los sectores comercial y del transporte internacional de mercancías. Ese cierre y sus negativas consecuencias se mantienen prácticamente inalterados a día de hoy. En enero de 2023, al tiempo que, por primera vez, se abría una aduana comercial en Ceuta, semejante a la de Melilla, se «reabría» el tráfico de mercancías a través de ambos pasos fronterizos, pero limitado al paso de un vehículo tipo furgoneta semanal en ambos sentidos, lo cual representaba una novedad para Ceuta pero una restricción hasta prácticamente la nada para Melilla que venía utilizando cotidianamente el tránsito comercial de mercancías documentadas por ese paso fronterizo desde 1866 por acuerdo suscrito entre España y el Sultanato de Marruecos (más de 150 años continuados).

En marzo de 2020, como consecuencia del inicio del agravamiento de los efectos de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, Marruecos decidió cerrar, también unilateralmente, el tránsito de personas a través de los pasos fronterizos entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla, dejando bolsas de ciudadanos marroquíes retenidos en ambas ciudades, así como ciudadanos de nacionalidad española retenidos en aquel país que tardaron un plazo de tiempo variable, no menor de seis meses, para conseguir retornar a sus países de origen (Marruecos o España), con los consiguientes perjuicios para todos ellos y sus familias.

En el momento de la normalización de ese tránsito, en mayo de 2022, Marruecos decidió, una vez más de manera unilateral, poner fin al régimen de viajeros para los ciudadanos marroquíes que cruzasen la frontera desde España a Marruecos en Ceuta o Melilla, requisándoles cualquier tipo de mercancía, por mínima que fuera, que hubiera podido ser adquirida en alguna de las ciudades españolas, circunstancia que no se produce en el sentido inverso para mercancías adquiridas en Marruecos e insertadas en territorio español como parte del bagaje de los viajeros, con el consiguiente perjuicio para los comerciantes españoles afincados en ambas ciudades españolas que son, de esta manera, víctimas de una competencia desleal.

Como consecuencia de la asistencia sanitaria proporcionada en España a Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario, a comienzos de 2021, Marruecos inició una serie de actuaciones hostiles hacia España que culminaron con la invasión de alrededor de 10.000 ciudadanos marroquíes en la ciudad de Ceuta en mayo de 2021, entre los que se incluyeron muchos menores, con la colaboración expresa de agentes policiales marroquíes, que les franquearon el paso en diferentes puntos de la frontera, ajenos a los pasos fronterizos ordinarios habilitados al efecto.

En abril de 2022, el Gobierno español, por razones aún no explicadas al conjunto de la ciudadanía española, remitió una carta al gobierno marroquí en el que se avenía a respaldar la postura de ese país en relación con la administración de los territorios controlados por España hasta 1975 en la región del Sáhara Occidental, cambiando la postura tradicionalmente mantenida por España de respaldo a las disposiciones de las Naciones Unidas al respecto.

En junio de 2022 se produjo el conocido incidente del asalto masivo y violento a la frontera entre España y Marruecos en el paso fronterizo de Barrio Chino de Melilla por parte de un número de alrededor de 2000 ciudadanos subsaharianos, como resulta del cual, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas, teniendo que abandonar las instalaciones fronterizas del lado español que fueron invadidas por los migrantes, a los que persiguieron en su interior las fuerzas de seguridad marroquíes. Como consecuencia de aquellos hechos, se registraron un número indeterminado de fallecimientos entre los migrantes que se cifran entre los 34 y los 70, así como un número indeterminado de desaparecidos, con el consiguiente descrédito de la actuación de las autoridades españolas en este caso.

Durante todo este tiempo, se ha instado, repetidamente, al Gobierno de Pedro Sánchez, en las Cortes Generales, a constituir una Comisión Interministerial en el seno del Gobierno para identificar áreas de mejora en las relaciones hispano-marroquíes que redundasen en mejores condiciones para la vida de ceutíes y melillenses en sus ciudades, a redactar el Plan de Seguridad Integral para las ciudades de Ceuta y Melilla, comprometido por el Gobierno en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (¡hace casi cinco años!) y del cual no se tienen aún noticias, o a elaborar un Plan Nacional de Actuación en relación con los países del vecindario sur de España en coherencia con el Plan de Acción para ese vecindario elaborado por la OTAN y presentado en la cumbre de la misma en Washington en julio de 2024.

Ninguna de estas propuestas ha contado con el respaldo del Partido Socialista, ni siquiera aquéllas que habían sido anunciadas por el propio Gobierno, como la referida al Plan de Seguridad Integral, y por supuesto ninguna de ellas se ha materializado en nada, como muestra de la falta de respeto absoluta de este Gobierno por las propuestas de los representantes de la soberanía nacional.

Es absolutamente urgente modificar esta dinámica de inacción del Gobierno español ante las sucesivas actuaciones inamistosas de Marruecos a fin de detener de una vez por todas lo que, hasta el momento, sólo puede calificarse para ambas ciudades españolas, Ceuta y Melilla, como una deriva sin fin.