La Constitución, a examen

El próximo mes de diciembre se cumplirán 48 años de la aprobación de nuestra Constitución. Casi medio siglo de vida parece tiempo suficiente para hacer balance de una norma sobre la que se ha edificado el Estado. Desde entonces hasta hoy, cuatro han sido las modificaciones incorporadas a su texto: Permitir el sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión en las elecciones municipales, el principio de estabilidad presupuestaria, sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y, por último, otorgar a Formentera la elección de un senador. No digo que no sean modificaciones importantes pero, sinceramente, creo que los problemas que hoy arrastramos son de otra índole, más concretamente los que tienen que ver con la unidad de España y la igualdad entre españoles.

El legislador suele ser reacio a la revisión de los textos legales, más aún si el sometido a examen es nada menos que una Constitución, pero la experiencia de estos años y las evidentes disfunciones detectadas, parece que requieren de una ponencia dedicada a ello en las próximas Cortes Generales. El desgaste por el tiempo transcurrido y la falta de lealtad en su interpretación, han puesto en cuestión el desarrollo del Estado autonómico diseñado en 1978, singularmente en las mal llamadas «nacionalidades» históricas.

Sin pretender hacer un catálogo de las cuestiones que deben ser estudiadas y en su caso reformadas, creo que muchos coincidimos en lo que señalaba en el primer párrafo, los riesgos para la unidad de la nación y la desigualdad entre españoles. Los estatutos de autonomía, utilizados algunos como ariete contra la soberanía nacional, la pasividad de tantos gobiernos que, lejos de frenar esta ofensiva, pactan con quienes la protagonizan, la inacción de un Tribunal Constitucional politizado y la deslealtad del separatismo, han traído como consecuencia, además del riesgo de ruptura, la desigualdad en derechos y deberes en todo el territorio nacional.

Los partidos separatistas nunca dan por finalizado su «derecho a decidir» impidiendo el cierre de un Estado autonómico que no puede permanecer abierto, por inseguro, de manera permanente, bastan algunos ejemplos. El uso del español garantizado en Madrid o Sevilla, pero perseguido en Bilbao o Barcelona. Una asistencia sanitaria que no asegura idénticas prestaciones en Vitoria que en Cuenca. La financiación pública que privilegia al País Vasco y discrimina a Extremadura o Andalucía. La inexistencia de unos estándares educativos homogéneos que han permitido a cada autonomía hacer de su capa un sayo. Podríamos seguir con las dificultades del Poder Judicial para mantener su independencia o los problemas para asegurar nuestra soberanía frente a las agresiones exteriores, pero creo que con las cuestiones enunciadas es suficiente para justificar esa ponencia de estudio de la Constitución en la próxima legislatura.

La reforma constitucional no puede ser un anatema. Si queremos conservar las muchas cosas buenas recogidas, por ejemplo, en su título preliminar, en el primero o el segundo, no debemos olvidar que también existe un título décimo. Este último, denominado «de la reforma constitucional», es precisamente el que el legislador previó para garantizar que el texto pudiera irse adaptando a las cambiantes circunstancias de las sociedades modernas. Por eso creo que, sin prisa pero sin pausa, ha llegado el momento de que nuestra baqueteada Constitución pase por la ITV de las Cortes Generales. Para asegurar su vigencia durante varias décadas más y hacerlo con el mismo deseo de concordia que presidió su aprobación, es obligado repensarla de nuevo.