El Estado inerme
Todo menos desarmar al Estado, convertirlo en inerme y generar la desconfianza de los servicios homólogos extranjeros, de los que en buena parte depende nuestra tranquilidad, paz y prosperidad
Pocas instituciones y mecanismos del Estado permanecen hoy sin que Pedro Sánchez los haya manipulado, debilitado o desmontado desde que logró formar su anómalo Gobierno. Las pruebas de la degradación y de las agresiones del sanchismo sufridas por las instituciones y organismos del Estado son incontables.
Así, la sobreactuada moción de censura que le llevó a la Moncloa con la mala compañía de un Frankenstein político; la inclusión de Iglesias en el control del CNI; el nombramiento de una ministra socialista para FGE; el abuso de los decretos leyes; la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma; el vaciamiento de competencias del CGPJ con mandato caducado; la creación de una comisión gubernativa para 'descubrir' noticias falsas sin intervención judicial; la «Mesa de diálogo» con los separatistas… hasta llegar al actual escándalo del llamado «Catalangate», es todo un rosario de despropósitos. Este último es un turbio asunto, aún por aclarar, para cuyo apaciguamiento Sánchez no duda en rendir los servicios españoles de inteligencia a ERC, Bildu y demás fuerzas caracterizadas todas ellas por pretender la destrucción de la nación española y del sistema constitucional de 1978.
No es para menos este diagnóstico a la vista de la indigna y humillante visita exprés que ha realizado el ministro Bolaños a las autoridades separatistas catalanas, prometiéndoles lo que ya se ha empezado a cumplir: investigación apresurada y a satisfacción de los socios de Sánchez; participación de la anti-España en el conocimiento de los secretos oficiales del Estado del que quieren separarse, e integración en la correspondiente Comisión Parlamentaria gracias a una rebaja del quórum exigido hasta hoy, eliminación del obstáculo por una dócil presidenta del Congreso a las órdenes del Poder Ejecutivo.
En esta hora de zozobra política e institucional, el presidente del Gobierno todavía no ha salido en defensa de los funcionarios del CNI. No ha dado la batalla por la alta y necesaria misión que cumple este organismo público. No ha explicado la normalidad y regularidad constitucional de su existencia y trabajos y, hasta el momento de escribir estas líneas, no se ha hecho responsable de la conformidad a la Constitución y las leyes de lo actuado por tan importante servicio público.
Que iban a venir apuros como este, y peores que este, es algo que hasta los más despistados en análisis político podían adivinar, si se repara en la cualidad y tipología de los apoyos que Sánchez se buscó a fines de 2019 con tal de alcanzar su auténtico sueño: ocupar la Presidencia del Gobierno de España. Tenía otra opción: mirar al centroderecha, pero su concepción cesarista del poder y su talante de un socialismo radical le empujó a trabar unos pactos y acuerdos con lo peor que se encuentra en el mercado de la política: antisistema, antimonárquicos, herederos del terrorismo etarra, separatistas y demás especies disolventes.
Hoy Pedro tiene un problema más. Parece que más serio que los anteriores, que ha ido vadeando aun a costa de forzar las cuadernas del Estado democrático de derecho. Empero lo característico –y temible– de esta ocasión es que está en cuestión la credibilidad, la confianza y la profesionalidad de un servicio esencial a todo Estado: la inteligencia, la información.
Basta consultar la legislación reguladora, constituida por la Ley 11/2002, de 6 de Mayo, del CNI y la Ley Orgánica 2/ 2002, de 6 de mayo, del control judicial previo del CNI, y sus correspondientes exposiciones de motivos, para desmontar esta impostada operación «Catalangate», para desarmar y contrarrestar los endebles argumentos que esgrimen airada y deliberadamente los poco recomendables socios de Sánchez.
Alguien tendría que reunirlos y explicarles que todo Estado dispone de servicios de inteligencia. Que, dentro de las leyes y con el control judicial previo (si se trata de democracias), todo sujeto, individual o colectivo, toda persona, física o jurídica, pública o privada, puede y debe ser investigada si se presume que su actividad, o pasividad, puede dañar los intereses de los nacionales del Estado en cuestión. La seguridad nacional, la salvaguarda de los intereses públicos, la integridad territorial del Estado justifican los trabajos que llevan a cabo estos discretos funcionarios –o el personal al servicio del citado organismo– en previsión de hechos y conductas lesivas para la comunidad nacional. Las mismas autoridades sediciosas catalanas intentaron fundar su propio servicio de inteligencia. Tal vez dispongan de él y no lo sepamos. Es posible que estén rasgándose las vestiduras con hipocresía.
En democracia existen fórmulas para solucionar esta tormenta en un vaso de agua. La llamada a las urnas es la más apropiada. Todo menos desarmar al Estado, convertirlo en inerme y generar la desconfianza de los servicios homólogos extranjeros, de los que en buena parte depende nuestra tranquilidad, paz y prosperidad.
- José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo (UGR) y presidente del Foro para la Concordia Civil
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