Tribuna José Torné-Dombidau y Jiménez

¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!

Todos estos disparates legitiman dos preguntas: ¿cuál será la próxima institución pública a abatir? ¿En qué manos está el Estado?

Con la expresión que encabeza y da título a la presente tribuna de opinión, nuestro máximo filósofo del siglo XX, José Ortega y Gasset, terminaba uno de sus más sonados artículos bajo el muy significativo rótulo de El error Berenguer, alusivo a la decisión desacertada de nombrar a un militar continuista al frente del Gobierno cuando lo urgente era volver a la Constitución y llamar a urnas constituyentes. El error Berenguer prolongaba la agonía de una Monarquía constitucional víctima de profundos sobresaltos y cambios político sociales que llevaron a exclamar al ilustre autor «¡Delenda est Monarchia!».

Mutatis mutandis, hoy los españoles comenzamos a tener consciencia de que atravesamos otra hora de crisis política, tan grave e inquietante como la que Ortega vislumbraba hace casi cien años en su aludido y premonitorio escrito que vio la luz en El Sol el 15 de noviembre de 1930.

En el presente, ese error debe llamarse «El error Sánchez», alusivo a la pésima trayectoria en el ejercicio del poder, a la desastrosa gestión pública que este político, supuestamente de ideología socialista, pero radical, ha procedido a ejecutar tan pronto como la suerte –y su audacia– le proporcionaron la oportunidad de desempeñar cargo tan trascendental como la presidencia del Gobierno de España.

En efecto, con su inexperiencia en asuntos de Estado, su desmedida ambición de poder y su único objetivo de ejercerlo por ejercerlo, Sánchez se ha rodeado, desde el primer día de su mandato, de las peores compañías y consejeros: aquellos que sólo han aportado ideología pura o 'ministros-estrella', en la determinación del interés general de los españoles (Carmen Calvo, Ábalos, Dolores Delgado, Grande-Marlaska, Duque o Iván Redondo…).

Es así como las dos grandes «aportaciones» iniciales al bienestar de los españoles han sido la remoción y traslado de los restos mortales del general Franco y una nueva dosis de revisionismo histórico. Ninguna de ambas decisiones favorecen la concordia civil de los españoles, ya bastante sensibles –y agotados– con estos temas. Y los socios parlamentarios del presidente no defraudan: Rufián, Otegi, Aizpurúa, Matute, Esteban, Puigdemont (JxCT)…

Sin embargo, la obra maestra sanchista, que agujerea el Estado, llegaría en enero de 2020, cuando abrió el Gobierno y los secretos de Estado a una disparatada formación política ultraizquierdista, comunista y antisistema, ‘Podemos’, con su locuaz y febril líder, Iglesias Turrión, como ¡vicepresidente! Un año de desgobierno ha bastado para ‘quemar’ al ilustre politólogo y expulsarlo de la política activa. Empero Pedro Sánchez permanece. Y no pierde ocasión.

En el tiempo que encabeza el Poder Ejecutivo, Sánchez ha impuesto un estilo presidencialista autoritario/cesarista (M. Aragón Reyes, dixit), con la consecuencia inmediata de la degradación o desfiguración de un número abultado de instituciones públicas según el patrón constitucional de 1978.

Así, podemos señalar el abuso sanchista del decreto ley, lo que usurpa la función legislativa de las Cortes Generales; el dócil sometimiento de éstas gracias a su presidenta, Meritxell Batet, que cierra el Parlamento o protege a un diputado condenado o interpreta a su antojo el Reglamento de la Cámara (caso Casero) o rebaja el quórum para que los enemigos del Estado integren la Comisión de Fondos Reservados.

Hacerse con el Poder Judicial es otra de las obsesiones tempranas de Sánchez, sólo parcialmente conseguido al mutilar importantes competencias del CGPJ caducado (L.O. 4/2021). Más éxito ha tenido en colonizar la Abogacía del Estado (caso Edmundo Bal), el Ministerio Fiscal (caso Delgado) o el Tribunal de Cuentas, que perdona alcances a los separatistas catalanes ¡socios parlamentarios del Gobierno! La enumeración seguiría, empero nuestro espacio es limitado.

El último escándalo –por ahora– ha consistido en hacer partícipes de los secretos de los servicios de inteligencia a la anti-España, y en desprestigiar y atacar al CNI, organismo encargado de la seguridad nacional. Sánchez lleva trazas de entregarlo al separatismo catalán a cambio de permanecer en la Moncloa.

Si se trata de hundir al Estado y arrastrarlo por el fango, Sánchez no para mientes: el ministro Bolaños acude indignamente a la Generalitat catalana a presentar sus respetos y a hacerse perdonar porque se investigue a secesionistas. O fuerza la rebaja del quórum parlamentario para incluir a los anti-constitucionalistas. O la disparatada rueda de prensa del ministro de la Presidencia revelando la vulnerabilidad de las comunicaciones del presidente y la ministra de Defensa.

Todos estos disparates legitiman dos preguntas: ¿cuál será la próxima institución pública a abatir? ¿En qué manos está el Estado? Y conste que omitimos toda referencia a los palos de ciego en la Economía. Por eso se comprenderá que hayamos recuperado el histórico y oportuno artículo de Ortega, escrito hace casi un siglo.

Sí desearíamos, finalmente, que no se hiciera realidad el postrer augurio de «Delenda est… Hispania», pues, sin duda, tras Sánchez, tendremos necesariamente que reconstruir nuestro Estado.