La acampada de Sol y la ley

El uso que durante más de un mes han hecho diversos colectivos y grupúsculos de extrema izquierda –algunos de connotación anarquista– de la muy conocida plaza de la Puerta del Sol de Madrid, bien de dominio público municipal, ha alcanzado el grado de ocupación por la duración del asentamiento. Consecuentemente, no se ha atenido a la legislación de la materia.

Se podría sostener, por tanto, que la ocupación efectuada se ha realizado de manera ilegal, razón más que suficiente para que el Ayuntamiento madrileño, por su parte, abra expediente sancionador por las múltiples infracciones que, sin duda, han consumado los responsables del esperpéntico y antihigiénico emplazamiento. Por otra parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, como responsable de mantener el buen orden en la vía pública, debería haber acometido, hace muchos días, la disolución, incluso forzosa, de tan singular aglomeración.

Sin embargo, el señor delegado dimisionario ha desatendido, con sectaria displicencia, el repetido requerimiento de las autoridades autonómicas y municipales de la capital, permitiendo una concentración de personas, de diverso pelaje y condición, caracterizadas por el consumo diario de sustancias y alimentos, muchos de ellos elaborados in situ, sin control higiénico alguno; sin que el campamento dispusiera tampoco de baños ni servicios sanitarios, al estilo de una población medieval, tolerancia de la autoridad gubernativa causante, en definitiva, del asombro de propios y extraños, así como que lo contemplara con cómplice pasividad. La acampada ha tenido, además, el efecto peculiar de convertirse en un atractivo punto de interés turístico para los numerosos visitantes que, por fortuna, recibe Madrid. Todo un espectáculo maloliente y bananero.

Así pues, la dilatada permanencia de los acampados en dicha plaza con anuencia gubernativa, sin haber cumplido con los requisitos que la legislación de régimen local contempla para el uso de bienes de dominio público (la plaza lo es), y en la forma acaecida, impidiendo el uso para los demás usuarios de la vía pública (uso privativo y excluyente) que requeriría, no ya licencia municipal, sino la obtención de una concesión demanial (como la que requieren, por ejemplo, los kioscos de prensa), sitúan los hechos en una dejación de funciones por parte del representante del ministro del Interior, quien ha desoído reiteradamente las peticiones de disolución de las autoridades madrileñas. Lo relatado representa, política y jurídicamente, un claro y consumado incumplimiento de la legislación, no sólo la que regula el uso de los bienes locales, sino, además, en especial, la referida a la seguridad ciudadana, de la que el señor delegado es el primer guardián. Conducta que puede originar responsabilidad penal, si encaja en algún tipo del Código Penal vigente.

Empero no acaban aquí las consecuencias desde el punto de vista del Derecho. Sabemos que el obstructivo e inarmónico mar de tiendas de campaña, toldos, trozos de lona, y el impresentable mobiliario para la ocasión, así como el constante trasiego de sus poco aseados habitantes, ha repercutido negativamente en el nivel de ventas de las tiendas y negocios de la zona, que han visto, impotentes, descender sus ingresos, lo que, desde luego, supone un perjuicio que pueden y deben valorar –y probar– para servir de fundamento a una demanda en vía contencioso-administrativa contra la Administración General del Estado (en concreto, contra el Ministerio de Interior, del que dependía el perezoso señor delegado), basándose en la responsabilidad patrimonial de aquélla, dado que la autoridad gubernativa no ha accedido a disolver campamento tan lesivo para los intereses de los comerciantes, que han visto disminuir sus ingresos habituales por culpa de los asentados que, a mayor abundamiento, no disponían de la preceptiva y previa licencia ni consentimiento expreso de la autoridad municipal.

Esto es así en Derecho. Tanto desde la perspectiva municipal de la ocupación de facto de la vía pública (más apropiado sería escribirlo con ‘k’ de kilo) como para las normas que regulan las atribuciones del delegado del Gobierno en materia de asentamientos clandestinos, que dañan, no solo a terceros, usuarios de la vía pública, sino también a los colectivos de los autónomos y empresarios afectados por la disminución de ingresos causada por el entorpecimiento de la circulación normal de viandantes y vehículos en ese punto.

Sin embargo, por desgracia, en la España del presidente Sánchez la vulneración de las leyes no desencadena efectos negativos para los que las contravienen. Menos aún para los individuos de su cuerda ideológica. Es así que la realidad hispánica está muy lejos de las enseñanzas de los maestros del Derecho y de lo aprendido en las facultades universitarias. Lo que consta en los libros –y en la Constitución– la gobernanza sanchista lo olvida y contradice. «Sin la justicia, ¿qué serían los reinos sino grandes bandas de ladrones?» (San Agustín).