No son los jueces, sois vosotros

Entre las desgracias con las que este Gobierno de coalición «progresista» (mejor izquierdista) nos obsequia, figura, en lugar destacado, la insoportable invectiva contra los juzgadores de este país, presuponiendo -en todo litigio que afecta al PSOE, a sus cargos y familiares- que tales funcionarios del Poder Judicial (independientes ex artículo 117 CE) están confabulados en descabalgar a este Gobierno y poner fin al mandato de su presidente. Esta abominable manera de entender la democracia y el ejercicio del poder en un sistema democrático es la esencia del sanchismo.

El sanchismo no es una ideología concreta ni posee un plan predeterminado. Lo prueba las fluctuaciones de la palabra de Sánchez: decenas de veces ha asegurado que no iba a hacer tal o cual cosa y, sin embargo, por puro interés personal (por ejemplo, la investidura), o táctica partidista, ha concluido pactos -siempre inicialmente negados- con golpistas, con formaciones exterroristas, o bien ha pechado con una anormal amnistía (en verdad, autoamnistía) para los sediciosos catalanes, con tal de recibir los famosos siete votos necesarios para alcanzar la Presidencia del Gobierno, a pesar de no haber ganado las elecciones generales, caso único en el mundo democrático occidental. En todos los supuestos, Sánchez y los suyos han afirmado -previa y repetidamente- la inconstitucionalidad de los pactos propuestos por sus socios. Sin embargo, desdiciéndose de la inicial posición negadora, por su conveniencia ha cedido al chantaje, sacrificando el interés general de los españoles e inmolando la verdad, primeras exigencias del gobernante demócrata.

El caso es que, cumplidos ya más de ocho años de un perturbador Gobierno, están destapándose numerosos -y graves- casos de corrupción y comisión de delitos que asfixian al Gobierno, a su presidente y familia. Como buen autócrata, Sánchez querría que jueces y tribunales hicieran la vista gorda y aceptaran aquella mansa sumisión que vaticinó para el Ministerio Fiscal: «¿De quién depende? Pues ya está». Empero el Estado de Derecho, y España lo es por mor de la Constitución de 1978, no admite tales enjuagues. En el Estado de Derecho, a toda acción delictiva o ilícita sigue una respuesta judicial a través de un proceso legal garantista, sea quien sea el autor.

Sin perjuicio de la presunción constitucional de inocencia (que es, por cierto, iuris tantum, esto es, admite prueba en contrario), una acción criminal debe comportar la pena prevista en la legislación, particularmente en el Código Penal, al que estamos sujetos todos, sin acepción de clase o persona («Los españoles son iguales ante la Ley», 14 CE). En el mismo sentido, el célebre lema que figura en el frontispicio de los Tribunales italianos: La legge è uguale per tutti.

Previo un proceso legal y una conducta punible, todos estamos sometidos al juez. En caso de que los jueces nos encuentren culpables de alguna transgresión y nuestra conducta encaje en un tipo penal, el silogismo jurídico subsiguiente es automático y se adivina anticipadamente: recibiremos la aplicación de la norma penal ajustada a nuestra acción delictiva y la pena consiguiente. Éste es el abecé del Derecho Penal democrático: «la Justicia emana del pueblo […] y se administra por jueces y magistrados […] independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley» (117.1 CE).

Por tanto, queda al descubierto la aversión, la mala voluntad del Gobierno sanchista, de sus integrantes por extensión (ultraizquierdistas) y de sus apoyos (golpistas y exterroristas) cuando desconfían, vituperan o faltan el respeto a jueces y magistrados; cuando presumen la prevaricación generalizada de éstos porque investigan, procesan o condenan a conmilitones o allegados. El Gobierno sanchista está implementando un permanente ataque a los jueces sin alegación de prueba alguna, como exige el Derecho, lo cual resulta inaceptable. Súmese a lo anterior la elegancia con la que personajes como el sucesor de Ábalos en el Ministerio tuitea cuando los «suyos» son procesados.

El proceder del presidente y ministros subestima la inteligencia de los españoles a la vez que ofende gratuitamente a quienes intervienen silentes en un proceso: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia e integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sembrando con ello la especie indiscriminada y venenosa de que prevarican (el concepto lawfare, extraño al Derecho español). Un Gobierno serio y acorde a la democracia no debe obrar así. El ataque que se está dirigiendo a los jueces destruye el Estado de Derecho e hiere de muerte a la democracia.

Los jueces no intervendrían si determinados socialistas -o miembros de su familia- observaran una conducta decente, intachable; si no pisaran voluntariamente el Código Penal y los juzgados. Señores de la izquierda sanchista: sepan que la respuesta judicial es reactiva, no proactiva. Nada de lawfare, pues.