40 años y 3 millones de ausencias: cuando el derecho a vivir dejó de ser universal

En 1985, España dio un paso que marcó un antes y un después en su historia legislativa: la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, que despenalizó el aborto en tres supuestos —riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, malformación fetal y violación—. Este hito, lejos de ser un avance hacia la protección de la vida, supuso el inicio de un retroceso en el reconocimiento del derecho fundamental a vivir, inherente a la dignidad humana. La posterior Ley Orgánica 2/2010, ampliada en 2023, consolidó el aborto como un derecho a demanda hasta las 14 semanas, eliminando períodos de reflexión y permitiendo su práctica en menores sin consentimiento paterno, priorizando una supuesta autonomía individual sobre la inviolabilidad de la vida humana. Este marco legislativo ha dejado desprotegidos a los más vulnerables: los no nacidos, cuya existencia es negada en nombre de una ideología sectaria que desdibuja la realidad biológica y antropológica de la persona.

Las cifras son un recordatorio estremecedor de esta tragedia silenciosa. Según el Ministerio de Sanidad, entre 1985 y 2024 se han realizado más de 2,9 millones de abortos en España, una cifra que se aproxima a los 3 millones de vidas ausentes. En los últimos años, la tendencia es aún más alarmante: 90.189 abortos en 2021, 98.316 en 2022 y 103.097 en 2023, con estimaciones similares para 2024. La tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años ha oscilado entre 10,7 en 2021 y 12,2 en 2023, con un promedio anual de 11,1 entre 2011 y 2019. Además, el 83 % de los abortos en 2022 se realizaron en clínicas privadas, evidenciando una preocupante falta de supervisión pública y una normalización del aborto como solución inmediata, en detrimento de alternativas que promuevan la vida.

Estas leyes, lejos de proteger la dignidad humana, perpetúan una cultura del descarte que ignora la realidad biológica del no nacido como ser humano desde la concepción. La ciencia demuestra que, desde el momento de la fertilización, existe un nuevo individuo con un código genético único, cuya dignidad no puede ser negada por constructos ideológicos que reducen la vida a una cuestión de elección subjetiva. Urge recuperar el valor de la vida y la familia frente a leyes sectarias que las destruyen. Estas normativas no solo corroen el vínculo madre-hijo, sino que también privan a la sociedad de su capital humano más precioso, generando una herida profunda en el tejido social.

La normalización del aborto ha desdibujado el derecho a la vida como universal, afectando especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La ausencia de períodos de reflexión y la posibilidad de que menores accedan al aborto sin consentimiento paterno —en contra del deber de cuidado inherente a la patria potestad— reflejan una legislación que, en lugar de apoyar a las madres, las empuja hacia el abandono. Este enfoque sectario, que desprecia la verdad científica sobre el desarrollo humano, no ofrece alternativas reales, como redes de apoyo económico y psicológico, que permitan a las mujeres elegir la vida sin sentirse solas.

Frente a esta realidad, es imperativo fortalecer una alianza entre las organizaciones que, desde hace décadas, trabajan con generosidad por las mujeres embarazadas y sus hijos, tanto nacidos como no nacidos. Estas entidades, casi siempre sin apoyo institucional, son un faro de esperanza que sostiene vidas y defiende la justicia. Como sociedad debemos reconocer que el verdadero progreso social no se mide por la facilidad con la que se puede descartar una vida, sino por nuestra capacidad de respetar, acoger y cuidar cada existencia humana, especialmente la más vulnerable. El bienestar colectivo se construye cuando nadie queda atrás, cuando cada vida importa y cuando a cada mujer en dificultad se le ofrecen alternativas reales al abandono.

Desde NEOS, proponemos una movilización social que despierte conciencias y exija un cambio legislativo que proteja a los no nacidos y apoye a las madres en crisis. Esto incluye la derogación de leyes que promueven la cultura de la muerte y su reemplazo por políticas que apuesten por la vida desde la concepción. Abogamos por redes de apoyo comunitario que ofrezcan recursos económicos, psicológicos y sociales a las mujeres embarazadas, asegurando que ninguna se vea abocada al aborto por falta de ayuda. Asimismo, planteamos una educación basada en la verdad científica sobre el desarrollo humano, para que la sociedad comprenda que cada vida importa desde su inicio.

La vida debe ser siempre la primera opción, y es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar que ninguna madre se sienta sola en su decisión de elegirla. Solo así podremos construir un futuro donde el derecho a vivir vuelva a ser universal.

• Ana del Pino es coordinadora territorial de la Fundación NEOS y vicesecretaria general de la Federación de Asociaciones Provida