La prohibida apología asociativa del franquismo
De nuevo, una España contra la otra. Porque sólo están legitimadas las asociaciones que defiendan esa llamada memoria democrática (desmemoria interesada), sustentada en una narrativa parcial y exclusivista, que omite cualquiera de los muchos agravios de la República
Como en los demás meses del año —por lo menos hasta el momento, en España—, en estas fechas de julio siempre hay un día 18. Una fecha que recuerda el día del Alzamiento Nacional de 1936 contra la Segunda República española. Es lo que tiene la Historia, que ni siquiera Dios —que lo puede todo— puede cambiar lo que ya ha sucedido. Sin embargo, el gobierno actual intenta anular —pretendiendo borrar y obligando a desconocer— las causas que motivaron ese alzamiento —como legítima defensa—, que dio lugar a la Guerra Civil, de la que todavía hoy muchos pretenden sacar partido miserablemente.
Desde el pasado 28 de junio, está vigente una reforma de la Ley Orgánica de Asociación del 2002, que se justifica en su Exposición de Motivos como ejecución de la Ley de Memoria Democrática del 2022 que, a su vez, descalifica todo un periodo histórico, por lo cual habría merecido otra denominación antitética y distinta, tal vez, como ley de desmemoria interesada y nada democrática. Dicha reforma introduce una nueva disposición adicional para prohibir cualquier movimiento asociativo de apología del franquismo, disponiendo que esa defensa será causa de disolución de la asociación que se atreva a manifestar públicamente tal parecer, «cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas, por su condición de tales». Y a esos efectos, se atribuye legitimación al Ministerio Fiscal que será quien pueda ejercer la acción civil correspondiente, para que pueda disolverse la asociación demandada, mediante resolución judicial, además de atribuirle también el ejercicio de acciones penales, en su caso. Asimismo, se otorga legitimación activa, civil y penalmente, a todas las asociaciones «que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura».
De nuevo, una España contra la otra. Porque sólo están legitimadas las asociaciones que defiendan esa llamada memoria democrática (desmemoria interesada), sustentada en una narrativa parcial y exclusivista, que omite cualquiera de los muchos agravios de la República. Porque, aunque hubo muchas víctimas en ambos lados, aquí sólo se pueden asociar para defender su relato los de un bando. Y pretendidamente, sólo se puede defender a los que perdieron la guerra, ignorando que la guerra la perdimos todos los españoles, en realidad, porque muchas familias quedaron rotas, porque hubo atrocidades de todo tipo y enemistades eternas… Además, sobre todo, dónde están en esa supuesta memoria los asesinatos masivos de curas y monjas, martirizados atrozmente en muchos casos, y las iglesias quemadas ya antes de que estallara la guerra… Aparte de otras prácticas antidemocráticas, la intolerancia religiosa fue en buena medida causa de esa reacción armada del ejército nacional que, en mi opinión, fue legítima defensa. Detrás del odio religioso está lo mismo de ahora, el muro contra el que piensa distinto y no pasa por el aro del pensamiento único… Y esto es muy preocupante, porque no hemos aprendido nada, y cada vez estamos más cerca de retroceder a un escenario parecido, cainita.
La reforma mencionada es discutible jurídicamente, porque la opinión no puede delinquir, en principio, y las personas jurídicas tampoco. Además, se da la circunstancia de que ningún juez podrá disolver civilmente una asociación de defensa del franquismo, si no concurre ninguna de esas circunstancias legales ofensivas, para las cuales ya están el Código penal y su propia jurisdicción. Por tanto, otra ley que no añade nada más que echar leña al fuego de la discordia permanente, para generar falsas apariencias y retorcidas expectativas. Ni el victimismo, ni el matonismo son armas para una democracia sana, pero la nuestra está ya gravemente enferma y sólo conserva su nombre. Si el Estado de derecho se desvanece, no hay democracia posible, aunque se siga usando su nombre, como hacían en su día las constituciones «democráticas» del telón de acero. Otro vendrá que bueno te hará.
Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA
