Un Estado no tan fallido

Desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa a hombros de su heterogénea pandilla de mangantes, los españoles hemos sufrido una extraordinaria sucesión de catástrofes. A las experiencias distópicas que vivimos a raíz de la epidemia de COVID se han sumado después la nevada histórica que colapsó Madrid en 2021, la erupción ese mismo año del volcán de La Palma, la DANA de 2024, el apagón de 2025, el accidente de tren de Adamuz, varios incendios dramáticos y, como guinda del pastel, la toma de Ceuta por masas africanas de incontrolados que la han transformado en una pocilga insalubre y en una ciudad sin ley.

Aunque la inusitada concentración de desgracias haga pensar a muchos en el pésimo fario del presidente, lo cierto es que las calamidades sobrevienen a las naciones sin atender a la buena o mala estrella de sus gobernantes. Por esta razón, la sabiduría política de los pueblos consiste, únicamente, en dotarse de líderes e instituciones capaces de prepararlos para las adversidades y de gestionarlas cuando se presenten. Es la incapacidad de la España democrática para llevar a cabo esta tarea, mucho más que el gafe de un personaje como Sánchez, lo que se ha puesto de manifiesto durante estos años.

Comparado con el que funcionó durante la dictadura del general Franco, el Estado creado por el régimen del 78 es varias veces más grande y dispone de recursos mucho más importantes. Sin embargo, lo que observamos crisis tras crisis es la impotencia de las instituciones para prevenirlas, atajarlas y paliar sus consecuencias.

Cuando estalló la epidemia de COVID descubrimos que España no tenía mascarillas ni respiradores; con la DANA comprendimos que llevábamos décadas sin adecentar las ramblas peligrosas y que multiplicar los organismos solo sirve para que ninguno se considere competente; durante el apagón disfrutamos los efectos de fiar nuestro suministro eléctrico al negocio ideológico de las renovables; el accidente de Adamuz reveló el lamentable estado de nuestras infraestructuras ferroviarias, y en los incendios forestales contemplamos la indolencia de unos gobiernos que, pese a profetizar más y mayores fuegos cada año por culpa del calentamiento global, han dejado pudrirse la flota de hidroaviones. La intolerable invasión de Ceuta, ominoso colofón de tantos males, nos ofrece ahora el peor ejemplo de desidia e ineptitud imaginable, además de mostrarnos la inutilidad de todas las organizaciones internacionales a las que pertenecemos y la inoperancia de un sistema legal construido sobre un sinfín de principios filantrópicos incompatibles con la realidad.

Vivimos en un país incapaz de desplegar en condiciones dignas a un puñado de policías en su propio territorio, que tiene sus carreteras convertidas en circuitos de motocross, que tarda años en pagar ayudas ridículas a los afectados por cualquier desastre medioambiental, que no garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y que ha multiplicado el número de funcionarios solo para que el ciudadano tenga que hacerlo todo online. No es de extrañar que, desde la perspectiva de quien sostenga que los Estados existen para servir a sus nacionales, el construido en España desde 1978 se considere un fracaso absoluto.

Cabe, sin embargo, analizar el Estado del 78 desde otra perspectiva, una desde la que, lejos de ser un fracaso absoluto, sería un éxito rotundo. Imaginemos por un momento que su objetivo nunca hubiese sido servir a los españoles, sino que los españoles sirvieran a la casta de mediocres que lo asaltase cada cuatro años. Pensemos en las posibilidades a tal efecto de un Estado repleto de puestos y empleos, pero vaciado de competencias en provecho de diecisiete microestados rebosantes también de cargos que adjudicar. Advirtamos la cantidad de directores y subdirectores que se pueden colocar en media decena de cuerpos policiales, en cuatro servicios de vigilancia marítima o en diecisiete sistemas sanitarios y educativos. Calculemos la cantidad de mesas de coordinación, consejos interterritoriales y comisiones mixtas que se pueden crear para introducir algún orden en semejante caos de diseño. Y reparemos, por último, en cuán intocable sería una casta que, además de diluir su responsabilidad en miles de organismos y administraciones redundantes, controlase también el nombramiento de todos los magistrados que podrían llegar a juzgarla. Convendremos, sin duda, en que, desde esta perspectiva, el Estado que hoy padecemos está muy cerca de la perfección.