22 de mayo de 2022

Carlos Morín

Carlos Morín

Aborto

Muere Carlos Morín, el hombre que hizo fortuna con el aborto y que terminó en el banquillo

Morín inició su andadura con un centro de abortos en Alicante en 1988 (tres años después de aprobarse la despenalización en España) y acabó condenado en 2016 por once abortos ilegales

El pasado domingo 8 de mayo ha fallecido con 77 años en Ciudadela (Menorca) Carlos Morín. Un nombre que sólo reconocen quienes están muy al tanto –a un lado y a otro– de lo que sucede en España en relación con el aborto. Sin embargo, Morín fue una de las personas más determinantes para la implantación del aborto, a gran escala, en nuestro país. Procedente de Trujillo (Perú), abrió en Alicante en 1988 un centro para llevar a cabo estas prácticas, aprovechando el marco que ofrecía la Ley de 1985 de despenalización. Veinte años después, Morín contaba con una red de establecimientos en varias ciudades, sobre todo Barcelona y Madrid, y una facturación millonaria.
Precisamente en Alicante comienza su historial judicial y de buena relación con los gobiernos autonómicos –de manera especial, en su dilatada etapa catalana– y, sobre todo, nacionales. En noviembre 1989 ingresó en prisión, acusado en practicar abortos fuera de lo establecido por la ley, que entonces se limitaba a tres casos: aborto por violación (hasta la semana 12 de embarazo), aborto por malformación del feto (hasta la semana 22), y aborto por grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer (sin límite de tiempo). Fue la Fiscalía de Alicante la que inició el proceso contra Morín, tras incautarse de 500 historiales clínicos relativos a abortos. Por aquel entonces, en toda España se habían practicado 411 abortos en 1986, 16.206 en 1987, y 26.069 en 1988. Y Morín no residía en Alicante, sino en Barcelona, desde donde dirigía su red empresarial del aborto.
Tras un mes en prisión, Morín quedó en libertad y –contra el criterio del fiscal jefe de Alicante, Ricard Cabedo–, el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ordenó el desistimiento judicial, por lo que la acusación cesó y se archivaron con carácter definitivo las diligencias de instrucción, en febrero de 1990. Como diría el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía General? A partir de aquel momento, el número de abortos continuó creciendo, acogiéndose al supuesto de «riesgo para la salud mental» de la mujer. Lo cual, en opinión de los colectivos provida, no era más que un «coladero» que, en la práctica, equivalía al aborto libre. Sea como fuere, el gobierno de Felipe González, por medio de la Fiscalía General del Estado, intervino en defensa del gremio del aborto.

Abortos ilegales y fraudulentos

Dos décadas después, unos grupos provida decidieron indagar con mayor ahínco las actividades de Morín a lo largo y ancho de sus centros de aborto. Como resultado, propiciaron una serie de denuncias que acabaron en registros a cargo de la Guardia Civil y el inicio de nuevas actuaciones judiciales. Pero, en esta ocasión, a gran escala. No sólo intentaban acusarlo por abortos ilegales –aducían que los certificados psicológicos para validar los abortos eran fraudulentos, muchas veces firmados en blanco–, sino que procuraron añadir más presuntos delitos: desde laborales hasta fiscales y medioambientales. Para colmo, comentaron que Morín, estando enfermo de SIDA, había practicado abortos con sus propias manos, según sus acusadores. De acuerdo con la Guardia Civil, Morín cobraba a las mujeres entre 500 y 4.000 euros, habida cuenta de los informes psiquiátricos siempre favorables al aborto. En 2006 los datos declarados de aborto en España llegaron a 101.592, cifra que algunas organizaciones provida entendían que era muy inferior a la real; según sus estimaciones, el dato auténtico sería casi el doble, y la causa de esta disparidad serían los abortos realizados con informes psicológicos o psiquiátricos fraudulentos.
La situación había llegado a tal extremo, que muchas mujeres de toda Europa acudían a los centros de Morín para poder abortar a voluntad, pues en sus propios países –Francia, Reino Unido, Holanda– la ley no les permitía acabar con su embarazo. De esta forma, España se había convertido en lo que, en los años 70, había sido Londres para las españolas. Una televisión danesa elaboró un reportaje de investigación y su emisión destapó todo el escándalo. En Holanda se inició un proceso en los tribunales, y en España la maquinaria judicial estuvo activa durante largos años.
La acusación popular contra Morín corrió a cargo de varias asociaciones, como E–Cristians, cuyo presidente, Josep Miró, dijo: «sólo hace falta ver el tren de vida que llevaba Morín; uno no tiene un Ferrari, un Maserati, una torre de 450 metros cuadrados a base de hacer abortos, si el aborto no es un mero negocio». Miró criticaba «la impunidad con que se puede actuar de forma brutal por parte de las administraciones», en referencia al gobierno nacional y autonómico.
Tras ser absuelto en 2013, el obispo José Ignacio Munilla declaró su estupor y decepción: «la investigación fue pública, se conoció que el doctor Morín tenía tres trituradoras en su clínica; pudimos ver las fotos de las trituradoras, nos quieren demostrar lo contrario a lo que todos vimos en la televisión». Pero la acusación popular recurrió la sentencia, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio, y Morín acabó condenado en junio de 2016 por haber practicado once abortos ilegales. No ingresó en la cárcel, entre otros motivos, porque el saldo completo de la sentencia era de apenas dieciocho meses de reclusión.
Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo le rebajó la condena dos años después, absolviéndolo de ocho abortos. El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García–Juliá, dijo que las empresas que «se lucran con este negocio habrán tomado buena cuenta de los detalles burocráticos que han permitido a Morín evitar la pena por otros ocho abortos ilegales».
Cuando comenzaron las pesquisas judiciales contra Morín, el PSOE activó la alarma. Se comprometió en las elecciones generales de 2008 a cambiar la ley del aborto –esa es la que aprobó en 2010, y cuya pretendida inconstitucionalidad sigue pendiente de rechazarse o confirmarse–, y puso todas las facilidades a Morín. A comienzos del verano de 2008, la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, descalificó abiertamente la tarea de los jueces de la Audiencia de Barcelona: se refirió a uno de sus fallos judiciales como «inaceptable, inaudito y vulnerador de los derechos de las mujeres», y anunció que la Fiscalía recurriría las decisiones de la Audiencia. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, se quejó de esta intromisión y falta de respeto por parte del gobierno. Pero, repitiendo las palabras de Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía?

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