Penitentes cargan la Veracruz en una procesión en Torres del Rio, Navarra
Denuncian el «atropello» fiscal del Gobierno a hermandades y cofradías
El senador José Luis Sanz Ruiz ha señalado al Gobierno por cobrar un IVA del 21% a hermandades y cofradías en la explotación de las sillas y palcos para presenciar las procesiones
En España hay 4.741 cofradías inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que cuenta entre sus filas con más de un millón de miembros distribuidos por toda nuestra geografía. Su labor es fundamental para el quehacer de los días grandes marcados en rojo en el calendario litúrgico como son la Semana Santa o la procesión de sus patrones en los días festivos.
Bandas, locales, túnicas, bordados... El mantenimiento y restauración de tallas, la preparación de cada uno de los pasos y su impacto en la religiosidad popular son incuestionables. A esto hay que sumarle, tal y como recoge la Memoria de Actividades de la Iglesia, elaborada por la Conferencia Episcopal Española y auditada por PwC, su incidencia en el plano económico y en el empleo. Solamente en 2020 se estima que las fiestas religiosas y la Semana Santa generaron más de 9.800 millones de euros, 97.000 puestos de trabajos directos y casi 134.000 en su conjunto.
Estos guarismos no han pasado desapercibidos para la caja registradora del Gobierno, el Ministerio de Hacienda capitaneado por la socialista Montero, que busca gravar a los que cuidan y preservan nuestras tradiciones en tiempos de cancelación y persecución a la actividad religiosa.
«Argumentos sectarios»
«Señora ministra, esto es un auténtico atropello a la seguridad jurídica en general y un atropello a las hermandades por imponerle un tipo máximo del IVA del 21% en vez del 10% y los argumentos que están ustedes aplicando a la hora de imponer el tipo máximo de IVA ni son técnicos, ni económicos, ni jurídicos, son políticos, arbitrarios y sectarios», ha criticado José Luis Sanz Ruiz este martes en el Pleno del Senado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
El senador del PP ha afeado a la ministra su «nulo respeto a las hermandades de Sevilla» que «llevan siglos realizando una acción social única e impagable» y le ha reprochado que «no vale disfrutar de la Semana Santa en los palcos de la Plaza de San Francisco y al día siguiente, intentar hacerles la vida imposible».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sanz Ruiz, tal y como recoge Europa Press, ha recordado una resolución de 2002 del Tribunal económico administrativo que «dijo que las hermandades no son entidades privadas de carácter social pero sí gozan del mismo régimen fiscal que ellas». Por su parte, Montero se ha defendido asegurando que fue durante los gobiernos del PP cuando la Dirección General de Tributos emitió informe sobre consulta vinculante declarando que esta actividad está sujeta al IVA.
«El expediente de IVA al que usted hace mención arranca en diciembre de 1999 un momento en el que gobernaba el señor Aznar donde se le reclama en ese año a las cofradías el importe de IVA correspondiente a las sillas y palcos», ha subrayado. Además, ha indicado que, en 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy, una cofradía en Murcia presentó nuevamente consulta vinculante a la Dirección General de Tributos y la respuesta nuevamente respecto a la actividad sigue siendo que hay que cobrar el IVA».
A la caza del chivo inmolado
Con la inflación disparada, con un coste de supervivencia inadmisible, con más de 600.000 familias viviendo en condiciones miserables –tal y como señalaba el último informe FOESSA–, con la agenda ideológica marcando la pauta de las acciones económicas y sociales en nuestro país, resulta llamativo, como han reiterado en varias ocasiones los obispos españoles, que se señale a la Iglesia como chivo expiatorio cuando compete a asuntos como los abusos –donde se pone la lupa en la institución católica pero se sigue sin investigar el otro 99,8 % de casos que acontecen fuera del clero en la sociedad– y que, con embargo, se busque la actividad económica que genera la Iglesia para llenar el cepillo del Estado que financie la amalgama de ocurrencias de los ministerios de turno.
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