Seis obispos, sobre el señuelo del aborto: «Si puede distraer un rato la atención en los informativos...»

La maniobra del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de proponer la posibilidad de que el aborto se convierta en un derecho reconocido por la Constitución ha sido contestada por numerosos obispos españoles. El primero en hacerlo fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Francisco César García Magán, quien ayer jueves por la mañana recordaba que «la postura de la Iglesia está clara, diáfana y explícita en contra del aborto y a favor de la vida». «Las iniciativas de la Iglesia de apoyo a la mujer confirman que existe el síndrome posaborto», añadió García Magán.

Esa misma tarde, en Logroño, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, lamentaba que «no deja de ser algo tremendo que algo que estaba previsto en la anterior legislación, que es que a una mujer que iba a abortar tuviera tres días al menos de podérselo pensar y que los ginecólogos le dieran toda la información que existía en el asunto», se haya retirado de la nueva legislación. «No se trata de obligar a recibir una información, pero sí reconocer el derecho a una información, porque en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida. Y esto no es una cuestión de fe, eso nos lo dice hoy la propia ciencia, los conocimientos de embriología, los conocimientos que tenemos para saber lo que pasa y lo que ocurre», recalcó el presidente de la CEE.

En declaraciones a El Debate, monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, ha señalado que «hay dos cosas claras: que el Gobierno de Pedro Sánchez es perfectamente consciente de que no puede conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, pero sí puede distraer un rato la atención en los informativos, para desviarla de lo que le resulta incómodo». «Pero, por desgracia, al margen de una reforma constitucional –ha añadido el prelado vasco– en la última sentencia del Constitucional, increíblemente asumida por Feijoo, supone de facto la introducción del aborto –en la práctica– como un derecho».

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también ha referido a este diario que «la vida humana es un don precioso y, como tal, debemos defenderla desde su concepción hasta la muerte natural». A juicio del purpurado, «hoy nuestra sociedad tiene problemas muy acuciantes y que merecen toda la atención de nuestros gobernantes como el acceso de los jóvenes a una vivienda y a un sueldo digno, la gestión honrada de la cosa pública y el fomento de la comunión y la paz social para construir una sociedad que viva con esperanza y alegría».

Por último, monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, ha recordado a El Debate que «el aborto no es un bien, sino un mal. Es un acto gravemente inmoral que priva de la vida a un ser humano indefenso –a millones ya–, con graves consecuencias para la conciencia y la vida de las madres, de las familias y de toda la sociedad». «Si proclamamos que el ser humano puede ser tratado como un medio para resolver otras dificultades, no quedarán fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno, afectando a la posición de las personas en su relación con el Estado», prosigue el obispo de Lugo.

Según monseñor Carrasco, «incluir el aborto entre los derechos fundamentales lo sancionaría desde el Estado como bien indiscutible, impediría el debate en la sociedad imponiendo una perspectiva moral particular, y dañaría la libertad de conciencia de muchas maneras, coartando de hecho la vida democrática». El prelado aventura que esta situación «conduciría a nuestras sociedades a alejarse de la justicia y de la vida, a revestir con un manto de presunta legalidad la fuerza y el poder que puede llegar incluso a dar muerte si le conviene».

Por último, el obispo de Getafe (Madrid), monseñor Ginés García Beltrán, ha manifestado a este diario que «sería un error introducir en nuestra Constitución el derecho al aborto. La Constitución nació para unir y no para dividir, para construir y no para destruir». «La muerte nunca puede ser un derecho ni puede estar en manos de nadie, tampoco del Estado. Esta decisión tendría consecuencias muy graves», preconiza el prelado.