Josep Miró i Ardèvol
Presidente de e-Cristians
Josep Miró i Ardévol: «Han convertido a la Iglesia en el chivo expiatorio de los delitos de pederastia»
El presidente de la asociación e-Cristians critica que el Gobierno centre las investigaciones sobre los abusos a menores en la institución católica e ignore «el 99,5 % de los casos»
«Es muy extraña, a poco que se piense, la persistencia en situar el foco de la pederastia solo en la Iglesia católica». Así comienza el Informe a la mayoría, un estudio publicado por la asociación catalana e-Cristians, que condena que las investigaciones sobre los abusos a menores se centren en la institución católica. Según el informe, la gran mayoría de casos suceden fuera de la Iglesia.
El documento se publica tres meses después de que el Congreso de los Diputados encargase al Defensor del Pueblo una investigación específica sobre la pederastia en el seno de la Iglesia en España. «Hay una cuestión de deformación grave», insiste el presidente de e-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, durante la entrevista ofrecida a El Efecto Avestruz, una serie de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
–Centrar el foco de la pederastia en la Iglesia –dice– supone una «distorsión», ¿por qué?
–Porque es mirar el problema por una pequeña rendija. La pederastia es un delito social, la cantidad de casos que se producen es abrumadora. Según un informe de la ONG Save the Children, que recoge datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2020 se presentaron un total de 11.838 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a menores. Casi 12.000 denuncias, es una brutalidad.
Hay es una cuestión de deformación grave, se convierte a la Iglesia en chivo expiatorio. Ocultando la magnitud del problema
–¿Cuántas de ellas se circunscriben al ámbito de la Iglesia?
–Esta es la cuestión. Mira, la anterior fiscal general del Estado, María José Segarra, realizó en 2019 una indagatoria en la que pedía los datos de casos vivos de denuncias o querellas de este tipo de delitos. ¿Qué cifra salió? 68 casos, que representan el 0,54 %. También tenemos el dato de un estudio realizado por la Fundación ANAR que analiza casos de 2009 a 2019 y concluye que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Iglesia se elevan al 0,4 %. La pregunta, entonces, es: ¿por qué el Gobierno y el Congreso de los Diputados sitúan el foco sobre el 0,5 %, y evitan tratar el 99,5 % restante?
–¿Cuál es la casuística de esta mayoría ignorada?
–Según los estudios, la mayoría de casos se dan en el entorno familiar. También son significativos los que se producen en la escuela, entre los amigos, en pareja –cuando se trata de adolescentes–, con monitores o en relaciones a través de internet. Lo que hay es una cuestión de deformación grave, se convierte a la Iglesia en chivo expiatorio. Ocultando la magnitud del problema, además, se elimina la posibilidad de tratar a las víctimas y de establecer políticas preventivas, porque desaparece la casuística del delito.
–En su informe advierten de que este enfoque, además, distorsiona los derechos constitucionales de los católicos. ¿En qué sentido?
–Cuando el Congreso acuerda encargar al Defensor del Pueblo que investigue los casos de pederastia, pero únicamente los producidos en el ámbito de la Iglesia católica, está vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española. Ahí se establece que nadie puede ser discriminado por su raza, su sexo… ni su religión. Se hace con la Iglesia y no pasa absolutamente nada. Pero hay más.
Ha habido miembros de la Iglesia que han cometido este delito, y esto nos ha de sentar mal, y hemos de resolverlo. Por otro lado, esto no significa asumir pasivamente que centren el foco en nosotros
–¿Otra vulneración de derechos?
–Sí. Ninguna instancia del poder institucional puede adoptar decisiones que no sean razonadas. Esto significa que, cuando se adopta un acuerdo, se ha de motivar el por qué, pero este del que hablamos se adoptó sin entrar a explicar en ningún momento por qué solo se considera a la Iglesia católica. Además, también se retuerce la misión del Defensor del Pueblo, que es defender a los ciudadanos frente a las administraciones. Su acción no debe ser hacia la sociedad civil.
–¿Los católicos tenemos que hacer algo de autocrítica?
–Por un lado, está claro que ha habido miembros de la Iglesia que han cometido este delito, y esto nos ha de sentar mal, y hemos de resolverlo. Por otro lado, esto no significa asumir pasivamente que centren el foco en nosotros. Cada día se oye la matraca que nos atribuye la responsabilidad principal en un delito en el que somos marginales, y aquí ha habido una pasividad de los católicos.
–¿La pederastia en la Iglesia no es un tema grave?
–Sí, claro que es grave, pero ¡no hemos de hacer la bola más grande! La denuncia evangélica es ponerte encima de la silla y decir que el problema está en el conjunto de la sociedad, y no exclusivamente en la Iglesia. Entre otras cosas porque esto permite –como te decía antes– la ocultación del resto de casos. Esto no es actuar con justicia, y un católico no puede ser injusto de ninguna manera.
La Iglesia tiene que reconocer las responsabilidades que tenga, pero también tomar conciencia de la discriminación que supone la decisión del Congreso
–Desde e-Cristians han enviado su informe a las instituciones, ¿qué respuesta han obtenido?
–Se lo hemos dado a conocer a los diputados, a los partidos políticos, a la ministra de Justicia, al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo, y hemos recibido respuesta de todos menos de este último. Desde la presidencia del Gobierno nos contestaron con una extensa carta que demuestra el grado de confusión que impera, porque nos razonaban la investigación a la Iglesia con unos precedentes internacionales que están equivocados. No hay ningún país occidental en el que las instituciones políticas hayan investigado en exclusiva a la Iglesia.
–¿Cómo abordar, entonces, una solución a la problemática de los abusos a menores?
–Lo primero que tiene que hacer el Estado es lo mismo que están haciendo en Alemania: crear una comisión que estudie la pederastia. Pero todos los delitos y todas las víctimas: tan claro y sencillo como esto. Y, a partir de aquí, definir políticas públicas, leyes y medidas. También es necesario dejar sin efecto el acuerdo parlamentario, y los católicos tenemos que abandonar la pasividad. La Iglesia tiene que reconocer las responsabilidades que tenga, pero también tomar conciencia de la discriminación que supone la decisión del Congreso.
Comentarios
