¿Ruptura total? La Fraternidad San Pío X desafía a Roma y confirma que consagrará obispos el 1 de julio

La tensión entre la Santa Sede y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) parece haber alcanzado un punto de no retorno. Tras el encuentro mantenido el pasado 12 de febrero entre el Superior General de la Fraternidad, don Davide Pagliarani, y el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, la respuesta de los conocidos como «lefebvristas» ha sido tajante: las consagraciones episcopales previstas para el próximo 1 de julio siguen adelante.

Aunque no lo han manifestado de forma taxativa, sus declaraciones sugieren que no tienen intención de dar marcha atrás. De hecho, antes de detallar los cinco puntos de discrepancia con la propuesta del Vaticano, afirma: «Dicho esto, aunque me alegro, por supuesto, de una nueva apertura al diálogo y de una respuesta positiva a la propuesta de 2019, no puedo aceptar, por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal ante Dios y las almas, la perspectiva y los fines en nombre de los cuales el Dicasterio propone reanudar el diálogo en este momento; ni, al mismo tiempo, el aplazamiento de la fecha del 1 de julio».

Es más, el Superior General ha confiado este asunto a las oraciones de los miembros de la Fraternidad y de todos los fieles. Pide que el rezo del rosario, así como los sacrificios de la Cuaresma que comienza, se ofrezcan de manera especial «por el Santo Padre, por el bien de la Santa Iglesia y para preparar dignamente las almas para la ceremonia del 1 de julio».

El Vaticano había propuesto a la Fraternidad «un recorrido de diálogo específicamente teológico» con el objetivo de «evidenciar los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica». Sin embargo, esta oferta de acercamiento estaba supeditada a una condición innegociable: la suspensión de las futuras consagraciones de obispos.

Un diálogo bajo «amenaza»

En una carta hecha pública este 19 de febrero, Pagliarani ha rechazado la propuesta de la Santa Sede. Aunque afirma alegrarse de una apertura al diálogo, asegura que no puede aceptar las finalidades del dicasterio por «honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal, ante Dios y las almas». Para la Fraternidad, la oferta de Roma llega tarde y mal, calificándola de «dilatoria y condicionada» al presentarse solo tras el anuncio de los nuevos obispos.

Pagliarani es especialmente crítico con la actitud del Vaticano, denunciando que «la mano tendida de la apertura al diálogo se acompaña lamentablemente de otra mano ya dispuesta a conminar sanciones». En el comunicado, la Fraternidad lamenta que se hable de «cisma» y «graves consecuencias», una presión que consideran incompatible con un deseo auténtico de intercambio fraterno.

La interpretación del Concilio Vaticano II

El fondo del conflicto sigue siendo la interpretación del Concilio Vaticano II. La Fraternidad sostiene que existe un «verdadero caso de conciencia» provocado por lo que consideran una «ruptura con la Tradición de la Iglesia». Según el Superior General, el desacuerdo es tan profundo que ven «impraticable» una regularización canónica en el estado actual de las cosas.

Desde la perspectiva de la Fraternidad, el Concilio no puede considerarse un conjunto de textos sujetos a libre interpretación, ya que la Santa Sede lo ha recibido, desarrollado y aplicado durante sesenta años bajo orientaciones muy precisas. Esta «lectura oficial» se manifiesta en documentos como Redemptor hominis, Ut unum sint, Evangelii gaudium o Amoris lætitia, además de en la reforma litúrgica entendida bajo los principios de Traditionis custodes. Según el comunicado, estos textos fijan un marco doctrinal y pastoral ya determinado en el que Roma pretende situar cualquier diálogo, lo que imposibilita un acuerdo real.

«No veo cómo un proceso de diálogo común podría llegar a determinar conjuntamente lo que constituiría 'lo mínimo necesario para la plena comunión con la Iglesia católica', ya que, como usted mismo ha recordado con franqueza, los textos del Concilio no pueden ser corregidos, ni puede ponerse en duda la legitimidad de la reforma litúrgica», asevera Pagliarani.

«Caso de conciencia» y supervivencia de la Tradición

Pagliarani sostiene que no es competencia de la Fraternidad ni de un proceso de diálogo bilateral definir cuáles son los «mínimos necesarios» para la comunión eclesial, ya que considera que estos criterios han sido fijados por el Magisterio a lo largo de los siglos. Según el Superior, lo que un católico debe creer obligatoriamente ha sido siempre enseñado con autoridad en fidelidad a la Tradición, por lo que no considera posible que tales requisitos sean ahora objeto de un discernimiento común o una reevaluación que los aleje de lo que la Iglesia ha sostenido históricamente.

Por otro lado, el comunicado apela directamente a la condición de «pastor» del cardenal Fernández, solicitando que se reconozca a la Fraternidad como una «realidad objetiva» que realiza un bien espiritual ya admitido por actos concretos de diversos pontífices. Además, el superior de la Fraternidad recalca que no están solicitando privilegios ni una regularización canónica —la cual tilda de «impracticable» debido a las discrepancias doctrinales actuales—, sino que pide simplemente poder continuar administrando los sacramentos.

Lejos de retroceder ante las advertencias de Roma, la FSSPX defiende la legitimidad de su decisión. Sostienen que el nombramiento de nuevos obispos no constituye un acto cismático y que es una «necesidad concreta a corto plazo para la supervivencia de la Tradición, al servicio de la santa Iglesia Católica». La Fraternidad ha confiado este desenlace a la oración de sus fieles durante la Cuaresma, preparándose para la ceremonia del 1 de julio, mientras aseguran que su única intención es que las almas sean «verdaderos hijos de la Iglesia Romana».