Cardenal Angelo Becciu
La Fiscalía vaticana acusa al cardenal Becciu de las irregularidades financieras en la Santa Sede
«El edificio de Londres fue su operación, partió de él», ha afirmado el fiscal, quien ha calificado al cardenal como «el gran instigador»
La Fiscalía del Vaticano ha acusado este miércoles al cardenal Angelo Becciu de orquestar varias de las irregularidades financieras que se juzgan en los tribunales de la Santa Sede, entre ellas la compra de un edificio de lujo en Londres con fondos del Vaticano. Esta operación resultó fraudulenta y ha terminado generando un agujero de millones de euros en las cuentas de la Santa Sede.
«El edificio de Londres fue su operación, partió de él», ha afirmado el fiscal Alessando Diddi durante una audiencia del proceso sobre las inversiones financieras dirigidas por la Secretaría de Estado. Se espera que el fiscal comunique la petición de pena en la próxima semana, según ha indicado la prensa local.
Diddi ha indicado que Becciu, que era entonces sustituto para los Asuntos Generales, fue «el verdadero instigador» de varias operaciones irregulares y además «ordenó cribar las cuentas de la Secretaría de Estado para protegerlas de controles». Así lo afirmó en declaraciones tras su intervención ante el tribunal.
El cardenal, que solo lo es de título porque perdió todos los derechos y prerrogativas del cardenalato, ha sido también acusado por el fiscal de no colaborar con la Justicia vaticana. «El cardenal Becciu pensó que para él lo mejor no era defenderse en el juicio, sino contra el juicio. Para él, la mejor defensa era atacar a quienes representaban a la autoridad judicial», dijo.
Entre 2011 y 2018, Angelo Becciu fue número dos de la Secretaría de Estado, hasta que el Papa Francisco le retiró los derechos cardenalicios por las acusaciones de fraude y malversión de fondos que se habían vertido en su contra y por ser el principal implicado en al trama de la compra y posterior venta fraudulenta de un edificio en la londinense Sloane Avenue. La operación causó un perjuicio a las cuentas de la Santa Sede estimado en 217 millones de euros.
Becciu no es el único que está siendo juzgado. Otras nueve personas están imputadas en el caso que desde julio de 2021 está tratando de esclarecer supuestas irregularidades en las cuentas de la Secretaría de Estado.
Entre los testimonios más destacados que se han escuchado en las distinta vistas está el del venezolano Edgar Peña Parra, quien ocupa el cargo que en su día ostentó Becciu (sustituto de asuntos generales de la Secretaría de Estado). Peña Parra afirmó el pasado mes de marzo cuando compareció ante el jurado que hubo «clientelismo» y «deficiencias» en la gestión de las finanzas. De acuerdo con el venezonalo, esta manera irregular y opaca de gestionar las finanzas era una constante por parte de Becciu y su responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.
El sustituto de Asuntos Generales, el número tres en la jerarquía del Vaticano, ha sido la persona de más alto rango que ha intervenido en el proceso, después de que se descartase la participación del Papa Francisco, a quien Becciu intentó involucrar diciendo que siempre estuvo al corriente de los hechos, y se aplazara la decisión sobre la presencia del actual secretario de Estado, Pietro Parolin.
Becciu contó que decidió adquirir el 100 % del inmueble londinense al poco tiempo de tomar posesión del cargo en 2018, después de que Perlasca le recomendara hacerlo para no perder toda la inversión. No obstante, Peña Parra paralizó el proceso y pidió más documentos al haber comprobado que días antes, el 22 de noviembre de 2018, Perlasca había suscrito un contrato marco y otro de compra de acciones con un agente inmobiliario (Molise Gianluigi Torzi) sin su autorización.
El venezolano descubrió que, en una operación opaca, Torzi se quedó con todas las acciones con derecho a voto mientras que el Vaticano no tenía poder de decisión. En ese callejón sin salida informó al Papa Francisco, quien, según su versión, decidió romper los negocios, recomprar el edificio y venderlo posteriormente por 214 millones de euros.
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