Carolina Darias, Salvador Illa y Fernando Simón, durante una reunión del grupo COVID-19 en septiembre de 2020
Coronavirus
El Gobierno sigue sin entregar el informe de fallos frente a la covid que anunció hace ya dos años
Hace casi un año que se constituyó el comité que coordinará la evaluación y no se saba nada del mismo
El 6 de agosto de 2020, un grupo de conocidos expertos en salud publicaron un duro artículo en The Lancet criticando la situación de la sanidad española tras cinco meses desde que se declarase la pandemia del coronavirus en nuestro país.
«España ha sido duramente golpeada por la COVID-19, con más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas y alrededor de 44.000 muertes en exceso, al 4 de agosto de 2020. Más de 50.000 trabajadores de la salud se han infectado y casi 20.000 muertes ocurrieron en hogares de ancianos (…) España tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño en el mundo y ocupa el puesto 15 en el índice Global Health Security. Entonces, ¿cómo es posible que España se encuentre ahora en esta posición?», se preguntaban los autores, entre los que se encuentran Margarita del Val, Miquel Porta, Rafael Bengoa o Clara Menéndez.
Estos expertos señalaban, entre otros motivos, la falta de preparación, la reacción tardía de las autoridades, la poca confianza en el asesoramiento científico o a la falta de preparación en los hogares de ancianos. Por ello exigían «una evaluación integral de los sistemas de salud y atención social» para preparar al país para nuevas oleadas o futuras pandemias.
«Pedimos una evaluación independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales, centrándose en las actividades del Gobierno Central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Esta evaluación debe incluir tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico y capacidad operativa», añadían.
Ciudadanos recogió el guante y pidió explicaciones a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, quien aseguró en septiembre de 2020 que el Gobierno haría «una valoración de la gestión» realizada durante la COVID-19. «Hay que ver cuándo lo hacemos, cómo la hacemos y quién la hace, pero el Gobierno va a hacer una valoración en el momento oportuno».
En octubre de 2020, el Consejo Interterritorial acordó finalmente la realización de dicha evaluación y se constituyó un grupo de trabajo, pero no fue hasta casi un año después –a finales de septiembre de 2021– cuando Carolina Darias, ya nombrada ministra, anunció el nombre de los expertos que se encargarían de coordinar el informe.
Se trataba de Rosa Urbanos, economista especializada en el área de salud y género, y presidenta de la Sociedad de Salud Pública (Sespas); Fernando Rodríguez-Artalejo, catedrático de Salud Pública; Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud; y Xurxo Hervadas, experto en epidemiología que formó parte de la Consellería de Sanidad.
Más allá de la polémica tras el nombramiento, que muchos expertos consideraron que faltaban actores clave durante la pandemia, el Interterritorial se dio un plazo de cuatro meses desde la formación del equipo para presentar la evaluación. Es decir, a finales de enero de 2022, este comité ya debería haber presentado algún informe.
Medio año después, seguimos esperando. Según el Ministerio, el proceso se encuentra todavía en fase de planificación y ni siquiera se conocen los encargados de realizar las evaluaciones. Resulta especialmente irónico que sigamos sin conocer las conclusiones de esa evaluación, que pretendía sentar las bases de actuación para futuras pandemias, después de sufrir una avalancha de casos por viruela del mono.
Errores de bulto
No se trata ya de cuestionar las palabras de Fernando Simón, días antes de que el Gobierno decretara el confinamiento, cuando aseguró que España no tendría «más allá de algún caso diagnosticado» o de Pedro Sánchez cuando, en julio de 2020, afirmó que habíamos «derrotado al virus y controlado la pandemia». El problema es que han pasado ya dos años y el Gobierno se niega a una aprobar una ley de pandemias escudándose en las competencias sanitarias de cada comunidad.
Tampoco ha cambiado la política de transparencia del Ministerio. Ya a finales de 2020, el Consejo de Transparencia afeó a Sanidad que «dificultara la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública». Fueron necesarios casi dos años desde el inicio de la pandemia –hasta diciembre de 2021– para que se aprobaran las actas del Comité Interterritorial.
Ni siquiera conocemos los datos exactos de contagios y muertes. En su estrategia por «gripalizar» la enfermedad, Sanidad cambió sus informes para notificar solo la incidencia de mayores de 60. Tampoco conocemos con seguridad el número de decesos ante las discrepancias entre el INE, las cifras aportadas por las CC.AA. y el Instituto Carlos III.
Dos años y medio después del inicio de la pandemia, desconocemos cuáles han sido las «lecciones aprendidas» por nuestro Gobierno respecto al coronavirus.
Una gestión fallida y llena de lagunas
A diferencia de España, varios países ya elaboraron informes independientes para juzgar la actuación de sus servicios de salud durante la pandemia. En Reino Unido fueron dos comisiones parlamentarias las encargadas de advertir de los «grandes errores» cometidos por el Gobierno británico.
En Francia, por su parte, una comisión de investigación de la Asamblea Nacional llegó a la conclusión de que el país estaba «mal armada y mal preparada» para hacer frente a la pandemia con un sistema sanitario desbordado y unos retrasos en la reacción que facilitó la propagación del virus.
Y eso que, casi seguro, nuestros vecinos europeos no vivieron el esperpento patrio. En nuestro país, fueron muchos y muy grandes los errores, patinazos y contradicciones del Ejecutivo socialista. A continuación, destacamos unos cuantos:
Y eso que, casi seguro, nuestros vecinos europeos no vivieron el esperpento patrio. En nuestro país, fueron muchos y muy grandes los errores, patinazos y contradicciones del Ejecutivo socialista. A continuación, destacamos unos cuantos:
- En primer lugar, se desconoce la cifra exacta de muertes. Sanidad ha notificado hasta el momento más de cien mil fallecidos, pero los números reales siguen siendo una incógnita. Solo en 2020, año de inicio de la pandemia, el INE (Instituto Nacional de Estadística) registró casi treinta mil defunciones más que el Ministerio. Mientras, hay sospechas de que las cifras de 2021 y 2022 podrían estar hinchadas.
- El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tanto algunos aspectos del primer estado de alarma, como el segundo en su totalidad. El tribunal tumbó la 'cogobernanza' del presidente del Gobierno con las comunidades, así como la escasez de sus comparecencias bimensuales en sede parlamentaria durante la pandemia.
- Un comité de sabios que no existía: el entonces Ministerio dirigido por Salvador Illa se vio obligado a reconocer que no hubo un comité de expertos para la desescalada, tal y como había prometido, al margen del ya conocido equipo de Fernando Simón, cara visible entonces de la lucha institucional contra la covid. «No hubo un comité de desescalada», asumieron desde Moncloa.
- Los fallidos vaticinios de Fernando Simón: las predicciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno fueron la comidilla en aquellos días. «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» de COVID-19 será recordado durante mucho tiempo.
- Si el doctor Simón no daba una, Pedro Sánchez se inventaba la realidad. Así, Transparencia confirmó que el presidente mintió sobre un supuesto informe de la prestigiosa Universidad John Hopkins, de la que se valió para elaborar datos ficticios que avalasen la buena marcha epidemiológica de nuestro país. En concreto, era falso que dicha institución situase a España en el quinto puesto del mundo de la realización de test totales.
- El Gobierno convocó el 8-M cuando Lombardía ya estaba confinada: 'El machismo mata más que el coronavirus', fue el eslogan bajo el que Sánchez y sus ministras se apresuraron a celebrar el 8 de marzo de 2020. Lo hicieron en un momento en el que, por ejemplo, la italiana región de Lombardía ya estaba confinada por las autoridades ante la transmisión y la movilidad de la que ya hacía gala el virus de Wuhan.
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