País Vasco y Extremadura ya anunciaron que estudiarían presentar recursos de inconstitucionalidad
Ley de bienestar animal
10.000 euros de multa por tener una mascota sin microchip: las comunidades piden una revisión de las sanciones
Galicia denuncia haber recibido muchas consultas y quejas sobre la aplicación de la norma e insta al Estado a revisar y modificar lo antes posible el régimen sancionador
Dos meses lleva en vigor la controvertida ley de bienestar animal y tanto las personas que tienen animales de compañía como las propias autoridades continúan albergando serias dudas en lo referido a la norma. Para empezar, continúa sin reglamento, un documento necesario para poner en marcha algunos de los puntos clave de la ley, como la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil o la necesidad de realizar un curso de tenencia.
Un reglamento que, según justificaba el Gobierno, tenían redactado pero no se pudo aprobar debido al adelanto electoral y a la posterior interinidad del Ejecutivo. Ahora, con la constitución del nuevo Consejo de Ministros, el nuevo titular de la cartera de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tendrá que hacer frente a los flecos de esta ley.
Algunas comunidades han alzado ya la voz en contra de esta norma. País Vasco anunció en junio que interpondría un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la norma estatal invade sus competencias y vulnera el principio de seguridad jurídica a la hora de aplicar la normativa correspondiente.
De igual manera, Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, también expresó su intención en ese mismo mes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional al entender que se estaban vulnerando competencias autonómicas. Dos regiones que por entonces estaban gobernadas por PNV y PSOE –ahora en Extremadura tiene el poder la popular María Guardiola– que mostraron su desacuerdo con la norma que ideó el equipo de la ya exministra Ione Belarra.
Ahora, dos meses después de su entrada en vigor, es Galicia la que, en este caso, insta al Gobierno central a que revise y modifique lo antes posible el régimen sancionador recogido en la nueva ley. La directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, ha trasladado a los técnicos del departamento de Derechos del Animales del Estado las preocupaciones de la comunidad con respecto a esta norma.
Estas tienen que ver principalmente con el régimen sancionador, ya que en algunos casos las cuantías establecidas son «desproporcionadas» y poco acordes con los importes establecidos en el resto del marco normativo sectorial vigente.
Y desde la Xunta ponen un ejemplo: la sanción por tener un animal de compañía sin microchip es una infracción grave, perseguida con 10.000 euros, mientras que por el mismo motivo a legislación sectorial gallega establece una multa de 500 euros. Do Campo insistió, por tanto, en la importancia de «armonizar» el régimen sancionador al resto de la normativa estatal y autonómica vigente, modulando los importes de los diferentes tipos de infracciones de forma que sean «acordes y proporcionales» a los propios hechos que se persiguen.
Preocupación por la raza can de palleiro
Desde la administración gallega han querido también mostrar su inquietud sobre las posibles implicaciones de la ley en el futuro de la raza de perro autóctona can de palleiro. Creen que los nuevos deberes relativos a la inscripción en el registro de criadores y de animales reproductores podrían tener un impacto negativo en la evolución de los ejemplares de estos perros, una raza considerada en peligro de extinción y que ha experimentado en los últimos meses una tendencia descendente en cuanto a número de camadas y de nacimientos. Una situación que, desde las asociaciones relacionadas con esta raza, temen que se agrave por las incertidumbres de la nueva ley.
Los técnicos del gobierno central, por su parte, han escuchado las preocupaciones de la Xunta y han mostrado su disposición a fijar «excepciones» a determinados deberes en el caso de las razas autóctonas. De hecho, indicaron que ya se están manteniendo contactos a nivel nacional con este sector, al tiempo que se comprometieron a convocar nuevas reuniones de trabajo para aclarar y resolver las dudas expuestas desde el ejecutivo gallego.
Galicia, junto a otras comunidades, han mostrado reticencias ante la aplicación de esta norma y urgen en la necesidad de modificar el texto con el fin de corregir los errores, defectos y contradicciones detectados en el mismo, algo que ven imprescindible para poder llevar a la práctica muchos de sus preceptos y novedades.
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