Piden al Gobierno la prórroga de las tarjetas monedero porque dejan fuera al 70 % de la población vulnerable

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este viernes con las comunidades autónomas en un Consejo Interterritorial Extraordinario, propuesto por las comunidades del PP, para abordar los problemas y el «caos» de las tarjetas monedero, un sistema que promete acabar «con las colas del hambre en nuestro país», pero que deja fuera al 70 % de la población vulnerable, ya que solo cubre a las familias con menores a su cargo.

Con este programa se ha puesto en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Sin embargo, aunque es una medida creada para dignificar a todas las familias que necesiten el acceso a alimentos y a productos de higiene, la condición se ha revertido. Francisco Greciano, director de los bancos de alimentos en España (Fesbal), ha advertido que las familias serán «más pobres con este sistema».

Por ello, durante la reunión de este viernes, las comunidades autónomas, incluida Madrid, han pedido al ministro Bustinduy que someta a votación la posibilidad de que el Gobierno central asuma también en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero, para «la entrega de alimentos a población vulnerable», hasta que solvente «los problemas que se van a encontrar las familias».

Asimismo, las comunidades autónomas han reclamado un protocolo común del Ministerio de Derechos Sociales para toda España que aclare «las dudas existentes» y aporte «seguridad jurídica al procedimiento de entrega de las tarjetas a las familias», ha afirmado Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, ha detallado la consejera, buscan que el titular de la cartera de Derechos Sociales determine «criterios homogéneos para toda España» sobre los ingresos que deben computar en la valoración de la renta para el acceso; la definición de las unidades familiares que pueden ser perceptoras; el procedimiento de derivación de las familias a Cruz Roja, entidad que asume el programa a nivel estatal este año. Así, también ha lanzado un punto esencial: «¿Qué sucede con las familias que residen en los siete de cada ocho municipios de España que no tienen un supermercado de cadenas adheridas?».

Al hilo, Ana Dávila, ha tachado de «experimento con personas vulnerables» la situación actual del programa de tarjetas monedero del Gobierno. Por ello, ha pedido que el Ministerio continúe asumiendo en 2025 el programa, solicitando «una prórroga a la UE», hasta que se corrijan «los agujeros que presenta y que fueron reconocidos por el propio ministro Bustinduy» en su comparecencia en el Senado el pasado 9 de mayo. Y que el Gobierno inicie además la «renegociación de las condiciones del programa con la UE» para garantizar la igualdad de todos los españoles posibles beneficiarios de este programa.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a las comunidades autónomas a que aceleren la implementación de las tarjetas monedero en sus respectivos territorios, para complementar los servicios de asistencia alimentaria que ya están operativos y que permiten, en su conjunto, alcanzar a todas las personas que necesitan estos servicios.

El problema de las tarjetas monedero

La variedad de supermercados sería lo más apropiado en esta situación, pero no es así. De momento, Derechos Sociales solo ha incluido siete cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol.

Para Ignacio Ayres, Director General de Servicios Sociales e Integración de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, una de las cuestiones que ha creado mayor preocupación se ha detectado en las listas de supermercados que ha proporcionado el Ministerio. Tras leer el informe, han visto que muchos de ellos están «implantados en gasolineras». Y es que, ha denunciado, no es lo mismo un kilogramo de arroz dado por un banco que alimentos que otro comprado en una gasolinera.

Asimismo, Eduardo Rubalcaba, Director General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, ha comentado a la misma cadena que es «muy preocupante» que el sistema deje fuera a tantas familias que necesitan «dicha ayuda». Y es que los beneficiarios de estas tarjetas solo son unidades familiares con menores de edad a su cargo, lo que hace que muchas personas se hayan quedado fuera del programa, el cual está dotado con 100 millones de euros.

En este sentido, esta ayuda económica (que será entre 130 y 200 euros para cada familia), provocará una sobrecarga en el Banco de Alimentos. Con este fin, y con la intención de ofrecer a las familias enseres básicos, el Banco de Alimentos prevé recoger esta primavera (24, 25 y 26 de mayo) más de un millón de alimentos.