Las diferencias entre la eutanasia de Francia y España: el modelo Sánchez, aún más permisivo que el de Macron

Este martes, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura la proposición de ley para legalizar y regular por primera vez la eutanasia. El resultado de la votación fue de 305 votos a favor y 199 en contra. Tras conocer este primer paso, está previsto que el texto pase al Senado en otoño y vuelve a la Asamblea –para su debate en segunda lectura– a comienzos de 2026.

De confirmarse en los próximos meses esta derrota a favor de la cultura de la muerte, Francia accedería a un reducido grupo de países que en los últimos años han aprobado sus respectivos textos. Junto a Bélgica, Países Bajos o Alemania –entre otros– destaca España.

Nuestro país fue una de las primeras naciones en el continente europeo en legalizar la eutanasia mediante la Ley Orgánica 3/2021, que entró en vigor en junio de 2021. Esta normativa permite a los pacientes solicitar la ayuda médica para morir.

En resumidas cuentas, la ley se basa en el respeto a la autonomía personal, siempre y cuando el solicitante sea mayor de edad, tenga plenas facultades para tomar decisiones, y exprese su voluntad de forma reiterada, libre y consciente. El procedimiento incluye distintos aspectos, como la evaluación por parte de un médico responsable y un segundo facultativo, además de la aprobación de una Comisión de Garantía y Evaluación autonómica.

De igual manera, el texto también contempla la posibilidad de solicitar la eutanasia mediante instrucciones previas, para los casos en que el paciente haya perdido la capacidad de expresarse por sí mismo. Asimismo, la ley permite tanto la administración directa del fármaco por un profesional sanitario como la autoadministración por parte del paciente.

Francia, más seria y restrictiva

En el caso francés, aunque su propósito general es similar al de la ley española, establece condiciones algo más restrictivas. Por ejemplo, el paciente debe estar afectado por una enfermedad grave e incurable que comprometa su vida a corto o medio plazo. También hay que destacar que esta persona debe seguir siendo plenamente consciente hasta el momento en que se le administre la ayuda médica.

Esto significa que personas con enfermedades neurodegenerativas avanzadas, como el Alzheimer, quedarían fuera de esta posibilidad si han perdido su discernimiento, incluso si dejaron instrucciones previas al respecto.

En cuanto al procedimiento, la ley francesa considera que cada caso debe ir acompañado de una evaluación médica colegiada, seguida de un plazo de reflexión de al menos dos días. En el caso de que la solicitud acabara aprobándose, la ayuda médica debe proporcionarse en un plazo máximo de tres meses. Al contrario que en España, la ley francesa prioriza que sea el propio paciente quien se autoadministre la sustancia letal, permitiendo la intervención de un profesional sanitario o un tercero únicamente en el caso de que no pudiera hacerlo el propio paciente.

Mientras que España lo hace con un enfoque más amplio en cuanto a las condiciones del paciente y las formas de administración, Francia opta, al menos por ahora, por un modelo más limitado y con mayores requisitos de lucidez y temporalidad. En definitiva, la propuesta francesa es más restrictiva que la actual ley española en cuanto al acceso, los requisitos médicos y la modalidad permitida.