El burkini podrá usarse en una playa francesa tras una resolución judicial

La justicia francesa ha anulado una orden municipal que prohibía el uso de burkinis en una playa de la Riviera, después de que la policía intentara sancionar a una joven por nadar con este traje de baño que cubre el cuerpo, comúnmente usado por mujeres musulmanas. El tribunal administrativo de Marsella consideró que la medida, impuesta por el ayuntamiento de Carry-le-Rouet, suponía una «violación grave e ilegal de las libertades fundamentales».

Este fallo vuelve a colocar en el centro del debate francés la relación entre el laicismo del Estado y la expresión pública de creencias religiosas. En la última década, una veintena de municipios han intentado prohibir los burkinis, alegando su carácter religioso. Aunque la mayoría de estas restricciones fueron revocadas, el caso de Carry-le-Rouet se distinguía por haber invocado razones de seguridad.

El alcalde René-Francis Carpentier, de centroderecha, justificó la prohibición en base al principio de Arquímedes, argumentando que las prendas que cubren todo el cuerpo no garantizan una flotabilidad suficiente y, por tanto, suponen un riesgo de ahogamiento. El decreto, en vigor desde junio de 2024, pasó desapercibido hasta que el 2 de julio una joven de 18 años fue interceptada por la policía mientras nadaba en la playa con un burkini.

Según relató su hermano, Islan, los agentes la obligaron a salir del agua y, ante la protesta de su familia, llamaron a refuerzos. Hasta cinco gendarmes acudieron y amenazaron con multar a la joven y a sus acompañantes si no abandonaban el lugar. El incidente causó división entre los presentes en la playa y dejó a la joven afectada emocionalmente.

Grupos de defensa de derechos civiles denunciaron que la referencia al principio de Arquímedes era un pretexto para aplicar una normativa discriminatoria. La Liga de Derechos Humanos presentó una demanda ante el tribunal, que finalmente anuló la orden municipal. El juez señaló que solo pueden prohibirse atuendos que representen una amenaza real al orden público, lo que no aplicaba en este caso, y cuestionó si podía esperarse que los bañistas calcularan principios físicos antes de meterse al agua.

Mientras activistas celebraron el fallo como una victoria contra la islamofobia, algunos funcionarios, como el alcalde de Sisco (Córcega), criticaron la sentencia, afirmando que se trataba de una medida preventiva para evitar conflictos. El debate sobre los símbolos religiosos en espacios públicos en Francia continúa abierto.