La incoherencia del Gobierno: quiere abolir la prostitución, pero da más de medio millón a las ONG que la apoyan

El pasado 18 de junio, el Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo, anunció que llevará en septiembre al Consejo de Ministros una ley para abolir la prostitución. «Estamos preparando ya una batería de medidas que incorporarán la abolición de la prostitución para legislar en ese camino hacia la erradicación de la prostitución y el machismo», aseguró la ministra en la presentación de la campaña por el 20 aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario.

La titular de Igualdad manifestó que al inicio del curso político que viene, presentará al Consejo de Ministros también una «batería de medidas para avanzar con paso firme hacia la abolición de la prostitución y hacia una mayor calidad democrática y feminista». «Tengo a los equipos trabajando a pleno rendimiento en esa dirección y me comprometo a que esos proyectos estén encima de la mesa del Consejo de Ministros al inicio del curso político», explicó.

Esta posición abolicionista de la prostitución, que el Ejecutivo de Sánchez ha defendido desde el principio de la legislatura, contrasta radicalmente con los miles de euros que han recibido las entidades que defienden la prostitución desde que Sánchez llegó a La Moncloa. En concreto, y según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), ha recibido un total de 531.550,05 euros emanados de las arcas públicas.

Creación de 'barrios rojos'

Según consta en el manifiesto publicado en la página web de la entidad, desde CATS quieren «que se reconozcan y se garanticen los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución», « que se reconozca la prostitución como una actividad económica legítima», y que se creen «espacios públicos, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas, donde se pueda ejercer libremente la prostitución, en buenas condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad».

Por otro lado, la asociación Genera de Defensa de los Derechos de las Mujeres, que también posee una posición antiabolicionista de la prostitución, ha recibido un total de 60.128,78 euros del Estado, mientras que de la Cataluña de Salvador Illa ha percibido 59.403,99 euros.

La asociación Genera adopta una posición cercana a la corriente regulacionista o proderechos en el debate sobre la prostitución, al igual que el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Desde esta perspectiva, considera que la prostitución no debería abordarse desde un enfoque punitivo o criminalizador, sino mediante políticas que regulen la actividad con el objetivo de garantizar los derechos y la protección de las personas que la ejercen.

Esta entidad trabaja con mujeres que ejercen la prostitución y parte del reconocimiento de su realidad social y laboral. Por ello, defiende la necesidad de marcos legales que permitan mejorar sus condiciones de vida, facilitar el acceso a servicios básicos y reducir su exposición a situaciones de vulnerabilidad, postura totalmente contraria a la defendida con el Gobierno central.

Intento de tapar la corrupción

Trabajadoras sexuales del Sindicato Otras denunciaron recientemente que el avance del Ministerio de Igualdad de presentar el próximo mes de septiembre al Consejo de Ministros una ley para abolir la prostitución es un «intento bastante patético de tapar la corrupción» del PSOE.

«Nos parece que es un intento bastante patético de tapar la corrupción del partido desviando un poco la atención hacia otra vez el tema de la prostitución, para utilizarnos a las trabajadoras sexuales como chivos expiatorios y para desviar obviamente el foco de la corrupción», aseguraron fuentes del sindicato.

El anuncio de la elaboración de esta nueva ley abolicionista se produjo después de que la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiese en un informe una conversación entre el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, repartiéndose prostitutas.