La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un pleno en el Senado
Ana Redondo sugiere al PP «votar en conciencia» ante el plan del Gobierno para blindar el aborto
El Ejecutivo pretende ahora elevar estos infanticidios a rango constitucional, lo que muchos expertos consideran un paso más hacia la deshumanización del concebido y una erosión de los valores fundacionales de la Constitución de 1978
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido dejar «libertad de voto» a los parlamentarios en la propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución, apelando a la «conciencia» individual de cada diputado. Sin embargo, su planteamiento ha reabierto el debate ético y jurídico sobre el valor de la vida y los límites del poder político para redefinir derechos fundamentales.
Durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Redondo ha insistido en la necesidad de «avanzar hacia la libertad y el reconocimiento de las mujeres», aunque sin mencionar la protección del derecho a la vida del no nacido, principio que la Constitución ya ampara en su artículo 15.
La ministra ha afirmado que «a lo mejor en este tema hay que dejar libertad de voto», pero al mismo tiempo ha defendido que el Estado garantice que el aborto sea un «derecho efectivo en todo el territorio». Este planteamiento ha sido interpretado por algunos juristas como una contradicción entre la apelación a la conciencia individual y la imposición de una visión ideológica desde el poder.
Redondo también ha criticado al Partido Popular, al que acusa de tener «varias almas», y ha calificado de «medievales» las posiciones más conservadoras que ponen el foco en la protección del nasciturus. Frente a ello, ha asegurado que «no se puede dar marcha atrás» en lo que el Gobierno considera un «avance en libertad», comparando la situación española con la de otros países europeos.
No obstante, ha recordado que el propio Tribunal Constitucional ya reconoció que el derecho a la vida es «un bien jurídico protegido por la Carta Magna» y que el aborto solo puede admitirse como «una excepción, no como un derecho absoluto». Pese a ello, el Ejecutivo pretende ahora elevar estos infanticidios a rango constitucional, lo que muchos expertos consideran un paso más hacia la deshumanización del concebido y una erosión de los valores fundacionales de la Constitución de 1978.
Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez ha afirmado que los derechos de las mujeres atraviesan «un momento delicado», denunciando lo que denomina una «ola reaccionaria» contra los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, críticos con la reforma recuerdan que presentar el aborto como un «derecho humano» ignora a la otra parte afectada: el niño por nacer, cuya vida quedaría sin amparo constitucional.
